El 22 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida también como Ley de Startups y que tiene como objetivo principal establecer un marco normativo óptimo para empresas de base tecnológica y del trabajo a distancia con medios digitales. En esta línea, esta nueva ley regula importantes incentivos fiscales tanto para las denominadas empresas emergentes, como para sus trabajadores e inversores de las mismas. 

En materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”) se recogen tanto medidas de índole general (mejora del régimen de impatriados y de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación o la nueva regulación prevista para los gestores de fondos de capital-riesgo) como a favor de empresas emergentes (mejora en la fiscalidad de la entrega de acciones a sus trabajadores). En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes – “IRNR”- (con establecimiento permanente) se reduce el tipo impositivo en los 4 primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva y se permite el aplazamiento de la deuda tributaria en los 2 primeros ejercicios también desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva. También en la Ley se recogen modificaciones en la duración del programa de apoyo de dos acontecimientos calificados como de excepcional interés público. Por último, se traspone la obligación de divulgación de la información relativa al Impuesto sobre Sociedades.

Esta regulación se aplicará, fundamentalmente, a las empresas emergentes, entendiéndose como tales las personas jurídicas, incluidas las de base tecnológica, que reúnan los siguientes requisitos:

• Ser una empresa de nueva creación o bien que no haya transcurrido más de cinco años desde su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, aunque para algunas empresas este plazo se amplía a siete años (biotecnología, energía e industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España).

• La empresa no puede ser el resultado de una fusión, escisión, transformación, concentración o segregación de empresas que no tengan la consideración de empresas emergentes. 

• No pueden haber distribuido dividendos (o retorno, en el caso de cooperativas). 

• No cotizar en un mercado regulado. 

• Tener su sede social o establecimiento permanente en España. 

• Tener el 60% de la plantilla con contrato laboral en España.

• Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador con un modelo de negocio escalable. 

• En el caso de que pertenezcan a un grupo de empresas, bien el grupo o cada una de las empresas tienen que cumplir con los requisitos. 

Los emprendedores que quieran acogerse a todos los beneficios que establecen las normas relacionadas para las empresas emergentes, deberán solicitar una acreditación formal a la ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.M.E, S.A.). Para obtener la calificación, la ENISA evaluará todas las características y el carácter de emprendimiento innovador y escalable del modelo de negocio. Una vez que cuenten con esa acreditación, será eficaz frente a todas las Administraciones y entes que deban reconocerlas. 

Las empresas que adquieran la consideración de empresas emergente dejarán de tener esa consideración, y por lo tanto se le dejarán de aplicar los beneficios previstos en la ley, en el caso de que incumplan algunos de los requisitos mencionados o en los siguientes casos:

• Al término de los 5 o 7 años, según los casos, de la creación de la empresa.
• Cuando se extienda la empresa antes de dicho plazo.
• En caso de adquisición de la empresa por otra que no tenga la consideración de empresa emergente.
• Cuando el volumen de negocio anual de la empresa supere los 10 millones de euros.
• Cuando la empresa lleva a cabo alguna actividad que genere un daño significativo al medio ambiente.
• Cuando los socios de la empresa de, al menos, el 5% del capital social o los administradores hayan sido condenados por sentencia firme de algún delito que se detallan. 

Aunque la ley entra en vigor a partir del 23 de diciembre de 2022, la mayoría de los beneficios fiscales se aplicarán a partir del próximo 1 de enero de 2023.

A continuación, pasamos a detallar las novedades más importantes de esta nueva Ley:

1. Ventajas en el régimen mercantil de empresas emergentes que adopten la forma de sociedad limitada (“SL”)

En primer lugar, la ley flexibiliza el régimen general de autocartera previsto en la Ley de Sociedades de Capital con el objetico de facilitar la ejecución de los plazos de opciones sobre participaciones. Así, los estatutos de las SL de las empresas emergentes podrán establecer que su sistema de retribución de administradores, empleados u otros colaboradores consista en la entrega de participaciones. Además, se autoriza la compra de autocartera hasta el 20% del capital social para ejecutar ese plan de retribución. 

Los plazos de inscripción en el Registro Mercantil de estas empresas y sus actos societarios tendrán in plazo de 5 días hábiles, frente a la regla general de 15 días (establecida en el art. 18.4 del Código de Comercio). 

Por último, las empresas emergentes no incurrirán en causa de disolución por pérdidas que dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (previsto en el art. 363.1 LSC) hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución, y siempre y cuando no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

2. Beneficios fiscales en el IS y en el IRNR con establecimiento permanente

A partir del 1 de enero de 2023 (para las empresas cuyo ejercicio coincide con el año natural) los contribuyentes del IS y del IRNR que obtengan rentas de empresas emergentes con establecimiento permanente en el territorio español se les reduce el tipo impositivo del actual del 25% al 15% durante el primer periodo impositivo en que la base imposible sea positiva y en tres los siguientes siempre que mantenga la condición de empresa emergente. 

Además, se extiende el aplazamiento de pago de las deudas tributarias, sin obligación de aportación de garantías ni intereses de demora, durante los 2 primeros años de actividad, siempre que estén al corriente de sus obligaciones tributarias y presenten la autoliquidación en plazo. El aplazamiento se concederá por un periodo de doce meses (en el primer ejercicio) y por seis meses (en el segundo).

Por último, no tendrán que realizar pagos fraccionados en los dos primeros ejercicios en lo que su base imponible sea positiva, siempre que en esos ejercicios mantengan las condiciones de empresa emergente.

3. Beneficios fiscales en el IRPF

• Rendimientos del trabajo en especie (entrega de acciones o participaciones de una empresa emergente) exentos

A partir del 1 de enero de 2023 y con la finalidad de atraer talento y dotar de una política retributiva adecuada a la situación y necesidades de estas empresas emergentes, se mejora la fiscalidad de las retribuciones basadas en la entrega de acciones o participaciones a los empleados de estas empresas (conocidas como stock options), elevando el importe de la exención de 12.000 a 50.000 euros anuales, cumpliendo determinados requisitos. Esta exención será aplicable igualmente cuando dicha entrega sea consecuencia del ejercicio de opciones de compra previamente concedidas. 

Adicionalmente, para la cuantía del rendimiento del trabajo que exceda de la cuantía anteriormente referenciada, se establece una regla especial de imputación temporal, que permite diferir su imputación hasta el periodo impositivo en el que se produzcan determinadas circunstancias que establece la ley y, en todo caso, en el plazo de diez años a contar desde la entrega de las acciones o participaciones. 

Por último, se regula una regla especial de valoración de las acciones o participaciones, esta se efectuará de acuerdo al valor dado en la última ampliación de capital (suscrita por un tercero independiente) realizada en el año anterior a la entrega. Si no se ha realizado la ampliación, se valorarán por su valor de mercado en el momento de la entrega al trabajador.

• Nueva regulación de los gestores de fondos de capital-riesgo. Calificación y tratamiento fiscal de los carried interest

Con efectos desde el 1 de enero de 2023, se regula la calificación fiscal de la retribución adicional obtenida por la gestión exitosa de entidades de capital-riesgo (conocida como carried interest), al tiempo que se establece un tratamiento fiscal específico para estas retribuciones. 

A partir de esta nueva regulación, esta remuneración tendrá la consideración de rendimiento del trabajo, y deberá integrarse en un 50% de su importe en el IRPF, sin reducción o exención alguna, siempre que se cumplan los siguientes requisitos (i) que los derechos económicos estén condicionados a que los restantes inversores obtengan una rentabilidad mínima definida en el reglamento o estatuto de la entidad, (ii) que las participaciones, acciones o derechos se deben mantener por un periodo mínimo de 5 años, salvo transmisión mortis causa o se autoliquidan anticipadamente o quedan sin efecto por cambio de una entidad gestora. 

Este tratamiento fiscal no será aplicable cuando los derechos económicos procedan, directa o indirectamente, de una entidad residencia en un tercer estado calificado como jurisdicción no cooperativa o con el que no exista una normativa de asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria. 

• Deducciones por inversión en empresa de nueva o reciente creación

A partir del 1 de enero de 2023, se incrementa el porcentaje de deducción en el IRPF del 30% al 50% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, y se aumenta la base máxima de 60.000 a 100.000 euros. Igualmente, con carácter general, se eleva de 3 a 5 años el plazo para suscribir las acciones o participaciones, contados desde la constitución de la empresa y hasta 7 años en determinadas categorías de empresas emergentes. 

Asimismo, los socios fundadores podrán aplicarse esta deducción con independencia de su porcentaje de participación en el capital social, siempre y cuando la empresa de nueva o reciente creación sean calificadas como empresas emergentes. 

• Mejora del régimen fiscal para los trabajadores desplazados (régimen de impatriados)

Con efectos desde el 1 de enero de 2023, y con el objetivo de atraer a nuestro país talento extranjero, se aprueban diferentes medidas de cara a facilitar el acceso al régimen fiscal de trabajadores desplazados (impatriados)

En primer lugar, con el objetivo de facilitar el acceso a este régimen, se reduce el número de periodos impositivos anterior al desplazamiento durante los cuales el contribuyente no debe haber sido residente fiscal en España, que pasa de 10 a 5 años. 

Además, se extiende el ámbito objetivo de aplicación a los siguientes sujetos: (i) trabajadores por cuenta ajena que, sea o no ordenado por sus empleadores, se desplacen a territorio español para trabajador a distancia mediante medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación (ej, visado con teletrabajo Ley 14/2013); (ii) personas que realicen en España una actividad económica emprendedora (según Ley 14/2013); y (iii) profesionales altamente cualificados que presten servicios en empresas emergentes o que lleven  a cabo actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación y que reciban una remuneración que represente más del 40% de la totalidad de sus rendimientos. 

Asimismo, también podrá aplicarse a quienes se desplacen como consecuencia de la adquisición de las condiciones de administrador de una entidad. Hasta ahora se exigía que el administrador no participara en la entidad o, si lo hacía, que no fuera vinculada. Con esa nueva Ley se elimina esta limitación, salvo que sea una entidad patrimonial, en cuyo caso el administrador no podrá tener participación en la entidad que determine su consideración como entidad vinculada. 

Finalmente, la norma también regula la posibilidad de que puedan acogerse a este régimen el cónyuge y los hijos menores de 25 años (o cualquiera que sea su edad en el caso de discapacidad), aunque con algunos requisitos específicos que contempla la norma (desplazamiento antes de haber finalizado el período impositivo en el que resulte de aplicación el régimen, obteniendo la residencia fiscal, que no hubiera sido residente cinco años previos y que no hubiera obtenido rentas a través de establecimiento permanente, y que la suma de las bases liquidables del resto de contribuyentes de la unidad familiar desplazados sea inferior a la base liquidable del contribuyente que origina la aplicación del régimen). 

4. Beneficios fiscales en el IRNR

Ahora también se recoge expresamente que están exentos del IRNR los rendimientos del trabajo en especie (art. 42.3 LIRPF) que estén exentos en el IRPF.

5. Otras modificaciones de relevancia

• Especial referencia al visado para nómadas digitales

A través de esta ley se crea una nueva categoría de visado y de autorización de residencia para los trabajadores de carácter internacional (conocidos como nómadas digitales).

Conforme a la nueva regulación, se encontrarán en situación de residencia por teletrabajo internacional los nacionales de un tercer estado, autorizados a permanecer en España para ejercer, bien una actividad laboral, en la que solo podrá trabajar para empresas radicadas fuera del territorio nacional, o bien profesional, en cuyo caso podrá trabajar para una empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje del trabajo no sea superior al 20% del total de su actividad profesional. 

Además, también podrán solicitar este visado los profesionales cualificados que sean graduados o postgraduados de universidades de reconocido prestigio, formación profesional y escuelas de negocio o bien que cuenten con una experiencia profesional mínima de 3 años. 

Para el otorgamiento de la autorización, los trabajadores deberán cumplir una serie de requisitos específicos:

• Existencia de actividad real y continuada durante al menos 1 año de la empresa o grupo.
• Acreditación de que la actividad puede realizase en remoto.
• En el caso de relación laboral, acreditación de la relación durante al menos los 3 meses anteriores a la solicitud.
• En el caso de relación profesional, se debe acreditar la existencia de relación mercantil con una o varias empresas no localizadas en España durante, al menos, los 3 meses anteriores. 

Este visado permitirá residir en España durante un máximo de 1 año mientras teletrabajan para sí mismos o para empleadores en cualquier lugar del mundo. Asimismo, las personas que se hallen de forma regular en España o que hayan accedido a este visado para teletrabajo internacional, podrán solicitar una autorización de residencia por un periodo máximo de 3 años, renovable por periodos de 2, pudiendo obtener la residencia permanente en el plazo de 5 años. 

Además de todo lo anterior, se amplía de 2 a 3 años las autorizaciones de residencia para inversores y para investigación, y se fija en 3 años la vigencia de la residencia para emprendedores y para traslados intraempresariales. 

Para efectuar el alta en la Seguridad Social de los teletrabajadores internacionales, inversores y emprendedores será suficiente el pasaporte durante los primeros 6 meses de residencia o estancia, cuando el extranjero no esté en posesión del NIE, sin perjuicio de su solicitud posterior. 

• Fomento y promoción del trabajo autónomo. Bonificación de cuotas

A partir del 1 de enero de 2023, se establece una nueva bonificación de cuotas en favor de los trabajadores autónomos de empresas emergentes que posean el control efectivo de la misma, directa o indirectamente, y que de forma simultánea trabajen por cuenta ajena para otros empleados (pluriactividad). Estos trabajadores podrán acogerse a una bonificación del 100% de la cuota correspondiente a la base mínima durante los 3 primeros años. 

Esta bonificación se extinguirá, en todo caso, cuando cese la situación de pluriactividad, no pudiendo reiniciarse posteriormente en el caso en que se produzca una nueva situación de pluriactividad o bien por el transcurso de los tres primeros años, contados desde la fecha del alta como consecuencia del inicio de la actividad autónoma por la dedicación a la empresa emergente.

El acceso a esta bonificación requerirá la presentación previa de una declaración responsable por parte del trabajador autónomo. 

El pasado viernes 16 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Orden ICT/1238/2022, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el impulso de la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral, a través de la cual se establecen las bases reguladoras de una línea de ayudas que tienen como finalidad la puesta en marcha de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral que supongan un impulso a la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales.

Se trata de una medida de fomento puntual que servirá como proyecto piloto de reducción de jornada en empresas de todo el territorio nacional, dirigida a la innovación en materia de organización empresarial que permitan mejorar la productividad de las pymes y permitir abordar, entre otras, medidas destinadas a la reducción de la jornada sin que se produzca merma en el salario de los trabajadores.

Estas ayudas se dirigen a las pequeñas y medianas empresas constituidas en España y que tengan su domicilio fiscal y su principal centro operativo de trabajo en España y mantenerlos, al menos, durante toda la duración del proyecto. En cualquier caso, las empresas solicitantes no podrán tener consideración de sector público.

Al ser un proyecto experimental y piloto, no todas las pymes nacionales podrán optar a esta línea de ayudas, sino solo a pymes que desarrolle actividad industrial, en concreto: 

a) Actividades de producción a escala industrial, encuadradas en la sección C- Divisiones 10 a 32 en CNAE (industria de alimentación, industria textil, industria de la madera y del corcho, industria química, metalurgia, etc.).

b) Actividades de valorización a escala industrial encuadradas en la sección 38.3 del CNAE (valorización de residuos), aunque con algunas particularidades.

c) Actividades complementarias a la producción industrial, entendiéndose como tal a las que se lleven a cabo mayoritariamente como servicios de apoyo a empresas manufacturadas (incluidas en el CNAE 10 a 32) en sus procesos de producción industrial. En ningún caso tendrán la consideración de actividades completarías las que tenga como destino el consumidor final o las actividades de intermediación. 

Se considerarán como tal las siguientes actividades:

a. Actividades de envasado y empaquetado a escala industrial encuadradas en la CNAE 82.92, con excepción de las actividades de embalaje de paquetes y la envoltura de regalos.

b. Actividades de depósito y almacenamiento a escala industrial incluidas en la CNAE 52.10, a excepción de los servicios de digitalización y almacenamiento de archivos y documentos.

c. Actividades de reparación a escala industrial de maquinaria y equipo encuadradas en la división 33 de la sección C de CNAE, aunque cuando presten servicios a determinadas actividades industriales. 

d) Las actividades de servicios a la industria, incluyéndose como tales:

a. Diseño industrial: actividades encuadradas en el CNAE 71.12 (servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico).

b. Ensayos y análisis técnicos encuadrados en el CNAE 71.20 (ensayos y análisis técnicos), con excepción de algunas actividades.

Las empresas que desarrollen algunas de estas actividades deberán presentar un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral (que se detalla en el Anexo II de la orden) con, al menos, el siguiente contenido:

• Compromiso de reducción de la jornada laboral en un mínimo del 10% de la jornada a tiempo completo en cómputo semanal. Este compromiso tendrá una duración mínima de dos años, computable desde la concesión de la ayuda y solamente afectará a los trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo. 

• La reducción de jornada no podrá afectar a las retribuciones salariales que correspondan al 100% de la jornada laboral. 

• Se debe garantizar que el número de mujeres participantes responda al porcentaje de distribución de genero existente en la plantilla con contrato indefinido a tiempo completo, permitiéndose una desviación del 10%. El porcentaje de mujeres participantes podrá ser superior, pero no inferior.

• La propuesta de la empresa debe afectar como mínimo a un determinado porcentaje de la plantilla:
  • En empresas o centro de trabajo de hasta 20 trabajadores: el menos el 30%.
  • En empresas o centro de trabajo de 21 a 249 trabajadores: al menos del 25%.

• Propuesta de medidas organizativas o formativas para optimizar el tiempo de trabajo que redunden en la mejora de la productividad de la empresa. 

• Indicadores que midan la mejora de la evolución de la productividad del trabajo en la empresa o centro de trabajo, que tendrán que ser evaluados periódicamente. 

En todo caso, con carácter previo a la presentación de la solicitud, todos los proyectos pilotos deberán ser objeto de acuerdo con la representación legal de los trabajadores. 

Las ayudas que se concedan a las empresas tendrán como objetivo cubrir determinados gastos en los que pudiera incurrir la empresa por la reducción de la jornada, que deberán detallarse individualmente en la memoria del proyecto:

a) Costes salariales: gastos soportados por la empresa a consecuencia de la reducción de la jornada durante el primer año, que incluyen la parte proporcional de los costes brutos de empleo (sueldo y cotizaciones sociales) del personal de la empresa participante. 

Para estos costes la subvención asignada podrá ser, en el primer año, del 90% en empresas de hasta 10 trabajadores; el 80% en empresas de 11 a 52 trabajadores; y del 75% en empresas de 53 a 249 trabajadores. Todo ello con el límite máximo de 150.000 euros para este concepto. 

b) Gastos de contratación de servicios de formación para la optimización del tiempo de trabajo de los trabajadores afectados a la implementación del proyecto. El importe subvencionable puede ser hasta el 100% del coste debidamente justificado.

c) Gastos de contratación de servicios externo de asesoramiento para el diseño o rediseño de procesos afectados por el proyecto y vinculadas a la producción de bienes y servicios de la empresa, o costes de personas implicado en esas mismas funciones. Las ayudas podrán sufragar hasta el 80% del gasto justificado. 

d) El gasto derivado del informe realizados por un auditor, cuyo importe máximo no podrán exceder del 1% de la totalidad del presupuesto subvencionable. Estos gastos podrán subvencionar hasta el 100% del gasto justificado. 

Todo proyecto que se presente debe contar, el menos, con los gastos encuadrados en los apartados a) y c).

Estos gastos, que tendrán la consideración de subvencionables, deberán realizarse en el plazo de doce meses, a contar desde el día siguiente a la resolución de concesión, excepto el gasto derivado del informe de la auditoria, que podrá realizarse dentro del plazo legal concedido para presentar la documentación justificativa. 

La financiación total a conceder será como máximo el 90% sobre el presupuesto financiable y se podrá recibir como máximo 200.000 euros durante los tres últimos ejercicios fiscales. 

El órgano competente para la convocatoria y concesión de estas ayudas será la Fundación Escuela de Organización Industrial, y el procedimiento para la concesión de estas ayudas se enmarca en un procedimiento de concurrencia competitiva, por lo que solo las empresas cuyo proyecto alcance mayor puntuación resultarán beneficiadas, siempre y cuando no se superen las disponibilidades presupuestarias. 

Finalmente, indicar que por ahora no se ha establecido un plazo para la presentación de solicitudes, ya que este plazo se establecerá en la correspondiente convocatoria de ayudas.

El pasado 9 de abril se publicó en el BOE la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuyos objetivos principales son la reducción de los efectos negativos de la generación y gestión de residuos en el medio ambiente y en la salud humana, así como la prevención de residuos y el fomento del uso y comercialización de envases de plástico reciclado. Así, una de las medidas para lograr estos objetivos es la creación de un nuevo impuesto: el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables, cuya entrada en vigor se producirá el próximo 1 de enero de 2023.

Este nuevo Impuesto, de naturaleza indirecta, grava la utilización de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables, tanto si se presentan vacíos, como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías, y ello lo hace con un gravamen de 45 céntimos por kilogramo de plástico no reciclado.

La definición de envase recogida en la norma ya plantea ciertas dudas, pues es muy amplia. Así, se incluye en el ámbito objetivo del Impuesto los siguientes envases y productos:

(i) Los envases no reutilizables que contengan plástico, excluyéndose aquellos que formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil y todos sus elementos estén destinados a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente (los llamados "envases integrados").

(ii) Los productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases a los que se hace referencia en el punto anterior (p. ej. preformas y láminas de termoplástico).

(iii) Los productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la presentación de envases no reutilizables. 

En caso de que los productos o envases estén compuestos por más de un material, estando entre estos el plástico no reciclado, solo se gravará por la cantidad de plástico que contengan. 

Con respecto al hecho imponible y el devengo, dado que el tributo grava la utilización de los envases plásticos en España, el legislador ha establecido tres hechos imponibles, cada uno con un devengo independiente:

• La fabricación de los productos que forman parte del ámbito objetivo. En este caso, el Impuesto se devengará con la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente en España, si bien se adelantará el devengo en caso de pago anticipado (en cuyo caso el devengo se producirá en el momento de cobro total o parcial del precio).

• La importación de los productos que forman parte del ámbito objetivo. El devengo se producirá con el devengo de los derechos a la importación, esto es, con la admisión del DUA de importación.

• La adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del ámbito objetivo. De modo similar al IVA, la norma también califica como operación asimilada a la adquisición intracomunitaria el envío por un operador de bienes propios desde otro Estado miembro, produciéndose el devengo el día 15 del mes siguiente al que se inicie la expedición o transporte de los productos con destino al adquirente, salvo que antes se expida factura, en cuyo caso el devengo se producirá en la fecha de expedición de la misma.

Asimismo, el legislador ha previsto expresamente varios supuestos de no sujeción y exención del Impuesto:

• En cuanto a los supuestos de no sujeción, se concretan los siguientes: (a) la fabricación de productos que, antes del devengo, hayan dejado de ser adecuados o hayan sido destruidos; (b) la fabricación de productos destinados a ser enviados directamente por el fabricante o terceros fuera de España; (c) fabricación, importación o adquisición  de pinturas, tintas, lacas y adhesivos concebidos para ser incorporados a los productos afectados por el Impuesto; (d) y, por último, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que contenga plástico que, pudiendo desempeñar las funciones de contención, protección y manipulación de mercancías, no están diseñados para ser entregados conjuntamente con dichas mercancías.

• En lo que respecta a los supuestos de exención, se contemplan esencialmente los siguientes: (a) la importación o adquisición intracomunitaria de envases si el peso total del plástico no reciclado no excede de 5 kilogramos en un mes; (b) la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases destinados a contener, proteger, manipular, distribuir o presentar medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos sanitarios; (c) la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de rollos de plástico de las pacas o balas para ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero, (d) la adquisición intracomunitaria de envases que, antes de la finalización del plazo de presentación de la autoliquidación, se destine al envío por el adquirente o un tercero con destino al extranjero; (e) la adquisición intracomunitaria de envases que, antes del final del plazo de presentación de la autoliquidación, hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan suido destruidos; o (f) la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases semielaborados no destinados a obtener envases gravados por este Impuesto y aquellos destinados para el cierre, comercialización o presentado de nevases no reutilizables cuando no se vayan a utilizar en dichos usos; 

Adviértase que la efectividad de esta exención quedará condicionada a que se acredite el destino efectivo dado a dichos productos. En concreto, los contribuyentes que realicen la primera entrega o puesta a disposición de los mismos a favor de los adquirentes, deberán recabar de estos una declaración previa en la que manifiesten el destino de dichos productos. Dicha declaración se deberá conservar durante los plazos de prescripción del Impuesto.

La base imponible del Impuesto estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado que contengan los productos objeto del Impuesto, expresada en kilogramos, a la que se le aplicará, como antes adelantamos, un tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo. De esta operación resultará la cuota íntegra del Impuesto que, salvo que se puedan aplicar algunas de las deducciones previstas en la norma, será la cantidad a ingresar en la Agencia Tributaria.  

A efectos de acreditación de la cantidad de plástico reciclado (que no se grava y, por lo tanto, no tributa) será necesario la certificación de una entidad acreditada al amparo de la norma UNE-EN 15343:2008 o las normas que la sustituya. En el caso de plástico reciclado químicamente, se acreditará mediante certificado emitido por la correspondiente entidad acreditada o habilitada a tales efectos. Las entidades certificadoras deben estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por el organismo nacional de acreditación de cualquier otro Estado miembro de la UE, designado conforme al Reglamento 765/2008, en el caso de productos fuera de la UE cualquier otro acreditador con quien la ENAC tenga acuerdo de reconocimiento internacional. 

No obstante a lo anterior, a efectos de acreditación de las cantidades de plástico reciclados, la disposición transitoria décima de la Ley establece que durante los primeros doce meses siguientes a la aplicación del Impuesto (es decir, durante todo el ejercicio de 2023), los contribuyentes podrán acreditar la cantidad de plástico reciclado mediante una declaración firmada por el fabricante.

En cuanto a la gestión del Impuesto, destacamos los puntos más importantes introducidos por la Ley:

• Registro: los contribuyentes deberán inscribirse en un Registro territorial, trámite tras el que les será atribuido un numero CIP (Código de identificación del plástico). Quedan eximidos los importadores, así como los adquirentes intracomunitarios que solo realicen adquisiciones exentas por no superar el umbral de 5 kg. de plástico en un mes.

• Representante: los contribuyentes no establecidos deberán nombrar un representante ante la AEAT, que también deberá inscribirse en el Registro territorial del impuesto.

• Liquidación: los contribuyentes que lo sean en condición de fabricantes o adquirentes intracomunitarios deberán presentar autoliquidación mensual o trimestral (modelo 592), dependiendo de cuál sea su periodo de liquidación en IVA. Las importaciones se liquidarán mediante la propia declaración aduanera, en la que, para facilitar la subsiguiente liquidación por la Aduana, deberá hacerse constar el peso del plástico no reciclado del producto sujeto que haya sido importado (o si resulta de aplicación una exención).

• Solicitudes de devolución: los importadores y adquirentes con derecho a obtener la devolución del impuesto (por ejemplo, por expedición de los productos fuera de España, o productos que hayan sido destruidos con anterioridad a su primera entrega o que se devuelvan para su destrucción o reincorporación al proceso de fabricación ), podrán hacerlo mediante presentación del modelo A22, al que deberán acompañar los justificantes previstos en la norma (puede ver el Mod sol dev plast de la AEAT en este enlace).

• Obligaciones contables: Los fabricantes deberán llevar una contabilidad de los productos afectados por el Impuesto y, en su caso, de las materias primas necesarias para su obtención. Por su parte, los adquirentes intracomunitarios (salvo los que solo hagan operaciones exentas por no superar el umbral de 5 kg. al mes), deberán llevar un libro de existencias. En ambos casos, la contabilidad deberá ajustarse a los modelos que figuran en el Anexo V del Proyecto de Orden Ministerial y presentarse por vía electrónica en el mes siguiente al periodo de liquidación de referencia (puede ver el PT Info Tec operad en este enlace).

• Facturación: uno de los aspectos más exigentes y controvertidos de la redacción inicial del Proyecto de Ley era la obligación de que todas las facturas (tiques excluidos) expedidas en relación con productos sujetos al Impuesto, consignasen los kilogramos de plástico no reciclado, la cuota devengada o, en su caso, si había resultado de aplicación alguna exención. Afortunadamente, la redacción finalmente aprobada racionaliza este régimen, de modo que la obligación de proporcionar al cliente la información relevante sobre el Impuesto (cuota devengada, exención aplicable en su caso, y kg de plástico no reciclado) será distinta dependiendo de si se trata de: 

• Primera venta tras la fabricación: el fabricante deberá repercutir jurídicamente el Impuesto a su cliente, consignando la información relevante del Impuesto en la factura de venta del producto; 

• En cualquier otra venta de productos sujetos, la carga administrativa se simplifica doblemente: (i) solo será obligatorio facilitar la información relativa al Impuesto cuando el cliente lo solicite; y (ii) dicha información no tendrá que serle ofrecida necesariamente en la factura, sino que podrá incluirse en un certificado separado.

Además de todo lo anterior, la ley establece una serie de infracciones y sanciones vinculadas a la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. Por ejemplo, en el caso de la falsa o incorrecta certificación por la entidad debidamente acreditada de la cantidad de plástico reciclado, se establece, al menos, una multa pecuniaria del 50% del importe de las cuotas del Impuesto que se hubiesen podido dejar de ingresar o del 150% del beneficio fiscal indebidamente disfrutado para el supuesto del disfrute indebido de las exenciones establecidas en el Impuesto.

A modo de conclusión, este nuevo Impuesto va a determinar dos reseñables adaptaciones a las empresas implicadas. La primera derivada de los aspectos logísticos, pues habrá que hacer un especial esfuerzo de adaptación de los sistemas para identificar los productos afectados y sus procedencias y destinos, llevar un control de los kilogramos de plástico no reutilizable que, en su caso, fabriquen en España, adquieran intracomunitariamente o importen, o inscribirse en el registro territorial del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. La segunda, derivada de la autoliquidación y pago del Impuesto, que en todo caso supondrá un incremento del precio de los productos que contengan plástico de un solo uso no reciclable y que, finalmente, acabará soportando el consumidor final. Se trata en definitiva de un impuesto controvertido, existiendo a día de hoy varias organizaciones profesionales que están poniendo en cuestión el mismo por su complejidad técnica.

El pasado 29 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas.

Esta Ley, conocida como "Ley crea y crece", pretende facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los problemas que se enfrentan en su vida societaria. Así, alguna de las medidas más novedosas que incorpora son:

1. Obligatoriedad de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales. Esta medida será obligatoria para los empresarios y profesionales que facturen más de ocho millones de euros al año de aprobarse el desarrollo reglamentario que regule está medida, y para el resto de empresarios y profesionales a los dos años de dicha aprobación reglamentaria.
2. Se podrán constituir sociedades con capital social de un euro, en lugar de los tres mil euros necesarios actualmente. Estas sociedades constituidas con este simbólico capital social tendrán que cumplir una serie de medidas para salvaguardar los intereses de los acreedores.
3. Se introducen reformas para facilitar la constitución de forma ágil y telemática de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
4. Se introducen medidas para la lucha contra la morosidad, como los incentivos para la reducción de los periodos medios de pago, tanto a través de su valoración para el acceso a subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.
5. Se introducen un conjunto de reformas para dotar a las plataformas de crowdfunding de un nuevo régimen jurídico, así como medidas para impulsar la inversión colectiva y el capital riesgo.
6. Se amplia el catálogo de actividades económicas exentas de licencia.

Como se puede comprobar, una serie de medidas de lo más heterogéneo que afectan e inciden en muchas Leyes distintas y que tendremos que ver cómo encuentran su acomodo en el marco jurídico actual.

El pasado 26 de septiembre de 2022 se produjo la entrada en vigor de los elementos principales de la Reforma de la Ley Concursal llevada a cabo a través de la aprobación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, publicada en el BOE de 6 de septiembre 2022.

La mayor parte de las novedades incorporadas con la reforma traen causa en la trasposición de la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 que se sustenta en tres ejes esenciales: (i) la reestructuración preventiva de las empresas viables, (ii) la posibilidad de una exoneración del pasivo de deudores de buena fe y (iii) el desarrollo de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y reestructuración de deuda.

La Reforma busca así, en términos generales, agilizar los procedimientos concursales e implantar instrumentos preconcursales con planes de reestructuración, encaminados a facilitar a las empresas salir de la situación de insolvencia, o evitar caer en ella.

A continuación, exponemos los elementos principales de esta Reforma Concursal:

I. Reforma del pre concurso: Planes de reestructuración (Art 614)

La reforma introduce el nuevo concepto de los planes de restructuración (acuerdo de refinanciación y acuerdo extrajudicial de pagos) en sustitución de los mecanismos pre-concursales anteriores. De esta forma, por medio de los planes de reestructuración se permite al deudor y los acreedores llegar a un acuerdo dirigido a la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios.

El plan de reestructuración deberá ser solicitado a instancias del deudor al Juzgado de lo Mercantil correspondiente cuando concurra el presupuesto objetivo de hallarse en situación de insolvencia probable, inminente o actual. La propuesta del plan deberá ser comunicada a todos los acreedores cuyos créditos pudieran quedar afectados. La propuesta deberá ser sometida a votación, quedando el plan aprobado si cuenta con el voto favorable de más de 2/3 del importe del pasivo correspondiente a esa clase. Una vez aprobado el plan deberá ser formalizado en instrumento público y ser sometido a homologación judicial para su control.

Así mismo, la reforma incorpora la nueva figura del experto en reestructuración, un profesional que actúa como mediador en la negociación entre las partes, ayuda a deudores con poca experiencia o conocimientos en materia de reestructuración, y eventualmente facilita las decisiones judiciales en los casos en los que surja alguna controversia entre las partes.

Finalizado el plazo de tres meses sin alcanzar un plan de reestructuración, se conserva la obligación de solicitar concurso consecutivo. No obstante, se incorpora como novedad la posibilidad de prorrogar los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores otros tres meses siempre que cuenten con el voto favorable de más del 51% de los acreedores que constituyan el pasivo insatisfecho

II. Mecanismos de alerta temprana: situación de insolvencia probable

Junto a la figura de los planes de reestructuración, con el objetivo de evitar que las empresas se vean obligadas a la solicitud de concurso, la reforma incorpora mecanismos de alerta temprana que facilitan al deudor la tarea de detectar de forma temprana situaciones de insolvencia probable o inminente. De esta forma, la reforma dota a los usuarios de una web gestionada por el Ministerio de Industria, comercio y Turismo, que permitirá a las pequeñas y medianas empresas acceder a un autodiagnóstico destinado a evaluar su situación de solvencia.

III. Novedades en el procedimiento concursal: procedimiento de insolvencia único.

a. Se elimina la posibilidad de presentar propuesta anticipada de convenio junto con la solicitud de concurso, que permitía hasta ahora presentar con la solicitud de declaración de concurso un acuerdo con los acreedores que, de cumplir con las formalidades exigidas sometidas a examen por el Juez del concurso, pondría fin al concurso sin necesidad de otros trámites. 

b. Se modifica el orden de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa activa. Se dará prioridad a los créditos contra la masa que sean imprescindibles para la liquidación de la masa activa, esto es: (i) los salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación mientras continúen prestando sus servicios, (ii) la retribución de la administración concursal durante la fase de liquidación; y (iii) las cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en concepto de rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y derechos de la masa activa. Si la masa activa fuera insuficiente para atender estos créditos, el pago de los que hubieran vencido se realizará a prorrata.

c. Se introducen nuevas reglas para la regulación de los concursos sin masa (conocidos como concurso express). Se sustituye el régimen de apertura y cierre del concurso en el mismo acto por un procedimiento que dota de mayor seguridad a los acreedores. Se permite a acreedores que representen al menos el 5% del pasivo solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe sobre si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles, si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores o si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable. 

d. Se permite por primera vez la posibilidad de modificar el convenio en caso de que se encuentre en causa de incumplimiento sin que medie dolo, culpa o negligencia del deudor, y cuando se acredite que es necesario para asegurar la viabilidad de la empresa.

IV. Procedimiento especial para microempresas (Art 685)

La reforma incluye un procedimiento específico para microempresas y autónomos que se encuentren en estado de insolvencia probable, inminente o actual. A los efectos de esta norma, se entenderán microempresas aquéllas que empleen a menos de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros 

Este procedimiento está especialmente adaptado a las necesidades de las microempresas, caracterizándose, por tanto, por una simplificación procesal máxima y la reducción de los costes fijos propios del sistema, mediante la implementación, entre otras, de las siguientes medidas:

• Eliminación de todos los trámites que no sean necesarios. 
• Reducción de las participaciones de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función imprescindible, o cuyo coste sea voluntariamente asumido por las partes.
• Reducción de los trámites verbales y fomento de la tramitación escrita.
• Eliminación de los efectos suspensivos de los incidentes y los recursos.
• Irrecurribilidad genérica de las decisiones judiciales. 
• Uso de formularios normalizados oficiales accesibles en línea y sin costes para la comunicación en el seno del procedimiento.

V. Derecho a una segunda oportunidad: exoneración del pasivo insatisfecho (art 486)

La reforma introduce numerosos cambios en relación al actual beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho que pasa a configurarse como un auténtico un derecho de la persona natural, sea o no empresario (con expresa exclusión de las personas jurídicas). Las modificaciones esenciales en el régimen de exoneración del pasivo insatisfecho son las siguientes: 

• Se modifica así el sistema de exoneración acogiéndose un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerarles.

• Se articulan dos modalidades de exoneración: la exoneración con liquidación de la masa activa y la exoneración con plan de pagos, por lo que deja de ser requisito imprescindible la liquidación previa de los bienes del deudor. En cuanto al plan de pagos se prevé una duración máxima de tres años, ampliable a cinco cuando en algunos casos en los que los acreedores hagan concesiones o esfuerzos más gravosos a favor del deudor o cuando su riesgo de recobro sea mayor

• Se amplía la exoneración a todas las deudas concursales y contra la masa, sin limitación a determinados tipos de créditos. 

• Se incluye un catálogo de conductas identificativas de buena fe. 

• Se amplia el plazo mínimo entre dos solicitudes de exoneración al plazo de diez años.

• Se permite la revocación de la exoneración en caso de acreditarse la ocultación del deudor de bienes, derechos o ingresos.

VI. Otras novedades de la reforma

a. Pre Pack Concursal

La reforma permite al deudor la incorporación a la solicitud de concurso de oferta de adquisición de una o varias unidades productivas. De esta forma, se habilita al deudor, junto con la solicitud de concurso, a presentar una propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias unidades productivas. 

b. Herramientas electrónicas asociadas a los procedimientos de insolvencia

La reforma hace referencia a toda una serie de herramientas electrónicas que se pondrán a disposición del deudor para poder facilitar la tramitación del concurso y pre concurso entre las que destacan:

• Plataforma electrónica de liquidación de bienes: La plataforma consistirá en un portal público electrónico para la venta de los activos de las empresas en liquidación, que incluirá un catálogo integrado por los bienes que vayan siendo añadidos a través de comunicación por los deudores o por los administradores concursales tras la apertura de un procedimiento especial de liquidación.
• Programa de cálculo automático del plan de pagos: Este plan será accesible en línea y sin coste para el usuario
• Formularios oficiales del procedimiento oficial de micro-empresas, accesibles en línea y sin coste para el usuario
• Portal de liquidaciones en el Registro Público Concursal: en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas