El pasado 26 de septiembre de 2022 se produjo la entrada en vigor de los elementos principales de la Reforma de la Ley Concursal llevada a cabo a través de la aprobación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, publicada en el BOE de 6 de septiembre 2022.

La mayor parte de las novedades incorporadas con la reforma traen causa en la trasposición de la Directiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 que se sustenta en tres ejes esenciales: (i) la reestructuración preventiva de las empresas viables, (ii) la posibilidad de una exoneración del pasivo de deudores de buena fe y (iii) el desarrollo de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y reestructuración de deuda.

La Reforma busca así, en términos generales, agilizar los procedimientos concursales e implantar instrumentos preconcursales con planes de reestructuración, encaminados a facilitar a las empresas salir de la situación de insolvencia, o evitar caer en ella.

A continuación, exponemos los elementos principales de esta Reforma Concursal:

I. Reforma del pre concurso: Planes de reestructuración (Art 614)

La reforma introduce el nuevo concepto de los planes de restructuración (acuerdo de refinanciación y acuerdo extrajudicial de pagos) en sustitución de los mecanismos pre-concursales anteriores. De esta forma, por medio de los planes de reestructuración se permite al deudor y los acreedores llegar a un acuerdo dirigido a la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, o de sus fondos propios.

El plan de reestructuración deberá ser solicitado a instancias del deudor al Juzgado de lo Mercantil correspondiente cuando concurra el presupuesto objetivo de hallarse en situación de insolvencia probable, inminente o actual. La propuesta del plan deberá ser comunicada a todos los acreedores cuyos créditos pudieran quedar afectados. La propuesta deberá ser sometida a votación, quedando el plan aprobado si cuenta con el voto favorable de más de 2/3 del importe del pasivo correspondiente a esa clase. Una vez aprobado el plan deberá ser formalizado en instrumento público y ser sometido a homologación judicial para su control.

Así mismo, la reforma incorpora la nueva figura del experto en reestructuración, un profesional que actúa como mediador en la negociación entre las partes, ayuda a deudores con poca experiencia o conocimientos en materia de reestructuración, y eventualmente facilita las decisiones judiciales en los casos en los que surja alguna controversia entre las partes.

Finalizado el plazo de tres meses sin alcanzar un plan de reestructuración, se conserva la obligación de solicitar concurso consecutivo. No obstante, se incorpora como novedad la posibilidad de prorrogar los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores otros tres meses siempre que cuenten con el voto favorable de más del 51% de los acreedores que constituyan el pasivo insatisfecho

II. Mecanismos de alerta temprana: situación de insolvencia probable

Junto a la figura de los planes de reestructuración, con el objetivo de evitar que las empresas se vean obligadas a la solicitud de concurso, la reforma incorpora mecanismos de alerta temprana que facilitan al deudor la tarea de detectar de forma temprana situaciones de insolvencia probable o inminente. De esta forma, la reforma dota a los usuarios de una web gestionada por el Ministerio de Industria, comercio y Turismo, que permitirá a las pequeñas y medianas empresas acceder a un autodiagnóstico destinado a evaluar su situación de solvencia.

III. Novedades en el procedimiento concursal: procedimiento de insolvencia único.

a. Se elimina la posibilidad de presentar propuesta anticipada de convenio junto con la solicitud de concurso, que permitía hasta ahora presentar con la solicitud de declaración de concurso un acuerdo con los acreedores que, de cumplir con las formalidades exigidas sometidas a examen por el Juez del concurso, pondría fin al concurso sin necesidad de otros trámites. 

b. Se modifica el orden de pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa activa. Se dará prioridad a los créditos contra la masa que sean imprescindibles para la liquidación de la masa activa, esto es: (i) los salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación mientras continúen prestando sus servicios, (ii) la retribución de la administración concursal durante la fase de liquidación; y (iii) las cantidades adeudadas a partir de la apertura de la fase de liquidación en concepto de rentas de los inmuebles arrendados para la conservación de bienes y derechos de la masa activa. Si la masa activa fuera insuficiente para atender estos créditos, el pago de los que hubieran vencido se realizará a prorrata.

c. Se introducen nuevas reglas para la regulación de los concursos sin masa (conocidos como concurso express). Se sustituye el régimen de apertura y cierre del concurso en el mismo acto por un procedimiento que dota de mayor seguridad a los acreedores. Se permite a acreedores que representen al menos el 5% del pasivo solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe sobre si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles, si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores o si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable. 

d. Se permite por primera vez la posibilidad de modificar el convenio en caso de que se encuentre en causa de incumplimiento sin que medie dolo, culpa o negligencia del deudor, y cuando se acredite que es necesario para asegurar la viabilidad de la empresa.

IV. Procedimiento especial para microempresas (Art 685)

La reforma incluye un procedimiento específico para microempresas y autónomos que se encuentren en estado de insolvencia probable, inminente o actual. A los efectos de esta norma, se entenderán microempresas aquéllas que empleen a menos de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros 

Este procedimiento está especialmente adaptado a las necesidades de las microempresas, caracterizándose, por tanto, por una simplificación procesal máxima y la reducción de los costes fijos propios del sistema, mediante la implementación, entre otras, de las siguientes medidas:

• Eliminación de todos los trámites que no sean necesarios. 
• Reducción de las participaciones de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función imprescindible, o cuyo coste sea voluntariamente asumido por las partes.
• Reducción de los trámites verbales y fomento de la tramitación escrita.
• Eliminación de los efectos suspensivos de los incidentes y los recursos.
• Irrecurribilidad genérica de las decisiones judiciales. 
• Uso de formularios normalizados oficiales accesibles en línea y sin costes para la comunicación en el seno del procedimiento.

V. Derecho a una segunda oportunidad: exoneración del pasivo insatisfecho (art 486)

La reforma introduce numerosos cambios en relación al actual beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho que pasa a configurarse como un auténtico un derecho de la persona natural, sea o no empresario (con expresa exclusión de las personas jurídicas). Las modificaciones esenciales en el régimen de exoneración del pasivo insatisfecho son las siguientes: 

• Se modifica así el sistema de exoneración acogiéndose un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerarles.

• Se articulan dos modalidades de exoneración: la exoneración con liquidación de la masa activa y la exoneración con plan de pagos, por lo que deja de ser requisito imprescindible la liquidación previa de los bienes del deudor. En cuanto al plan de pagos se prevé una duración máxima de tres años, ampliable a cinco cuando en algunos casos en los que los acreedores hagan concesiones o esfuerzos más gravosos a favor del deudor o cuando su riesgo de recobro sea mayor

• Se amplía la exoneración a todas las deudas concursales y contra la masa, sin limitación a determinados tipos de créditos. 

• Se incluye un catálogo de conductas identificativas de buena fe. 

• Se amplia el plazo mínimo entre dos solicitudes de exoneración al plazo de diez años.

• Se permite la revocación de la exoneración en caso de acreditarse la ocultación del deudor de bienes, derechos o ingresos.

VI. Otras novedades de la reforma

a. Pre Pack Concursal

La reforma permite al deudor la incorporación a la solicitud de concurso de oferta de adquisición de una o varias unidades productivas. De esta forma, se habilita al deudor, junto con la solicitud de concurso, a presentar una propuesta escrita vinculante de acreedor o de tercero para la adquisición de una o varias unidades productivas. 

b. Herramientas electrónicas asociadas a los procedimientos de insolvencia

La reforma hace referencia a toda una serie de herramientas electrónicas que se pondrán a disposición del deudor para poder facilitar la tramitación del concurso y pre concurso entre las que destacan:

• Plataforma electrónica de liquidación de bienes: La plataforma consistirá en un portal público electrónico para la venta de los activos de las empresas en liquidación, que incluirá un catálogo integrado por los bienes que vayan siendo añadidos a través de comunicación por los deudores o por los administradores concursales tras la apertura de un procedimiento especial de liquidación.
• Programa de cálculo automático del plan de pagos: Este plan será accesible en línea y sin coste para el usuario
• Formularios oficiales del procedimiento oficial de micro-empresas, accesibles en línea y sin coste para el usuario
• Portal de liquidaciones en el Registro Público Concursal: en el que figurará una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas

El pasado día 30 de diciembre se publicó el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Su entrada en vigor fue el 31 de diciembre de 2021, salvo las excepciones que se detallarán a continuación, para los que se prevé una vacatio legis – tres meses.

Es una reforma de importante calado, pues modifica figuras importantes dentro de la legislación laboral con el objetivo fundamental de potenciar la contratación indefinida y darle mayor peso a la negociación colectiva. 

Las principales novedades son:

I. SIMPLIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

Desaparece el contrato de obra o servicio determinado y se establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido (nuevo art 15 ET), que sólo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales: el estructural (antiguo eventual) y el formativo.

Contratos temporales o de duración determinada

Contrato estructural

Los nuevos contratos temporales estructurales podrán formalizarse por dos causas: por circunstancias de la producción y por sustitución de trabajador (antes interinidad). 

a) Contrato estructural por circunstancias de la producción. Este contrato obedecerá a incrementos ocasionales imprevisibles de la producción o demanda, cuando ello cree un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que realmente se requiera con el aumento de la actividad. Entre esos desajustes se incluyen las vacaciones anuales. Duración: 6 meses, ampliables a 12 por convenio. 

Esta contratación podrá emplearse también para cubrir situaciones ocasionales, previsibles o regulares de corta duración: campañas de navidad, campañas del campo, etc. 

No obstante, se limita su duración a un máximo de 90 días al año no consecutivos por trabajador. La previsión anual de estas contrataciones deberá ser conocida por la representación de los trabajadores en el último trimestre del año anterior.

b) Contrato por sustitución de persona trabajadora. Se formalizará para sustituir a trabajadores con reserva del puesto de trabajo (IT, maternidades, paternidades, excedencias, etc) o para cubrir la jornada reducida por causa legal o convencional (antigua interinidad por sustitución). Se establece un plazo máximo de 15 días en que sustituto y sustituido puedan solapar su prestación de servicios para garantizar el desempeño adecuado del puesto. 

Se mantiene esta modalidad para la cobertura de vacantes durante un proceso de selección, la duración de esta modalidad temporal no podrá exceder de 3 meses.

Vinculado con estas modalidades de contrato, se reduce la duración del encadenamiento de contratos para considerar a una persona fija a 18 meses en un período de 24 meses, sea para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas.

Asimismo, se penaliza la cotización social de los contratos de duración determinada inferiores a 30 días, tendrán una cotización adicional a cargo del empresario de 26 euros. 

Contrato formativo

Se regula en el art. 11 ET y se distinguen dos modalidades:

a) Contrato de formación dual o en alternancia trabajo–formación: al objeto de compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos, de modo que se podrá formalizar con quienes carezcan de la cualificación profesional reconocida; titulaciones o certificaciones profesionales exigidas para concertar un contrato formativo y obtención de práctica profesional.

No se establece límite de edad para formalizar esta relación, salvo en el caso de que se suscriba en el marco de certificados de profesionalidad del nivel 1 y 2, y programas del denominado Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo, en cuyo caso se establece un límite hasta los 30 años.

Su duración será de un mínimo de 3 meses y de un máximo de 2 años y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato, con arreglo a un programa formativo de esa persona. El tiempo de trabajo en la empresa no podrá superar el 65% de la jornada prevista en el convenio o legal, durante el primer año, y el 85% durante el segundo año.

La retribución de este colectivo de trabajadores será la regulada en el convenio de aplicación, si bien nunca podrá ser inferior al 60%, durante el primer año, ni al 75%, durante el segundo, de la cuantía recogida en la norma colectiva para la categoría del trabajador y funciones que desarrolle.

No cabe período de prueba, ni se podrán hacer horas extras -salvo de fuerza mayor- ni complementarias, ni trabajo nocturno ni a turnos.

b) Contrato para la obtención de práctica profesional. Se formaliza para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios obtenidos por el trabajador.

El trabajador deberá encontrarse en posesión de título universitario o título de grado medio o superior, especialista, máster profesional y titulaciones análogas específicamente desarrolladas en el ET a estos efectos.

Se deberá suscribir dentro de los 3 años siguientes a la finalización de los estudios 5 años para discapacitados (actualmente son 5 y 7 años, respectivamente). Su duración será de un mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses. Si cabrá período de prueba de duración no superior a 1 mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. No podrán hacer horas extras, salvo las de fuerza mayor.

En cuanto a la retribución, será la recogida en el convenio de aplicación. En ningún caso será inferior a la retribución mínima establecida para el contrato formativo en alternancia (60%/75%) ni al SMI en proporción al tiempo efectivo de trabajo.

Vinculado con estas modalidades, las empresas que celebren contratos formativos con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una bonificación de cuotas durante la vigencia del contrato.

¿Cuándo serán aplicables los nuevos contratos temporales?

La nueva regulación de las modalidades contractuales temporales entra en vigor el 30 de marzo de 2022, a los 3 meses de la publicación de la reforma.

Además, se mantienen transitoriamente los contratos de obra y servicio, eventual, interinidad o formación, vigentes en el momento de publicarse la norma hasta la finalización de su duración en atención a la anterior regulación. 

En línea con lo indicado, se establece un régimen transitorio para aquellos contratos de obra y servicio y eventuales por circunstancias de la producción celebrados desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2022. Los mismos se regirán por la normativa vigente en el momento de su concertación sin que puedan superar los 6 meses.

Se aprueba también una moratoria de 3 meses, hasta el 30 de marzo, para la entrada en vigor de los contratos de sustitución y de carácter formativo.

El contrato fijo discontinuo:

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

Se pretende generalizar este contrato para reducir los contratos temporales, cuando existan trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada. 

Se posibilita la suscripción de esta modalidad para contratas o subcontratas, mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. En este último caso, el período de suspensión o de inactividad entre contratas o subcontratas, salvo previsión convencional específica, será de 3 meses.

También se autoriza a las ETT a hacer contratos fijos discontinuos con sus empleados con el fin de ceder a estos a empresas usuarias.

Para cubrir las vacantes que se estimen necesarias en las empresas, éstas deberán trasladar a la representación de los trabajadores al inicio de cada ejercicio un calendario con las previsiones de llamamientos durante todo el año. Se desarrolla una nueva regulación a los llamamientos para reanudar este tipo de actividades para darles una mayor seguridad y refuerzo.

Se reconocerá toda la antigüedad del periodo de la relación laboral y no sólo de los periodos efectivamente trabajados. No obstante, esa regla general deja abierta una excepción genérica, y que será polémica pues cabrán interpretaciones diversas, en supuestos en que las condiciones exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza.

Especialidad del contrato indefinido de obra, denominado formalmente «indefinido adscrito a obra»

La empresa, finalizada la obra, ofrecerá propuesta de recolocación al trabajador. Si éste rechaza la oferta o es imposible la recolocación, se extinguirá el contrato con una indemnización equivalente al 7% calculada sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas salariales del convenio colectivo.

II. MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA/CONVENIOS COLECTIVOS

a) Recuperación de la ultraactividad plena de los convenios colectivos ya que se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos.

b) Prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de empresa. El convenio sectorial recupera su prevalencia en materia salarial y de jornada de trabajo, no se podrán establecer condiciones salariales o de jornada inferiores a la norma del sector. 

Esta prioridad aplicativa del convenio sectorial se aplicará a aquellos convenios colectivos de empresa publicados antes de la entrada en vigor de este RDL, una vez que estos pierdan su vigencia expresa y como máximo, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este RDL, hasta el 30 de diciembre de 2022.

c) Aplicación del convenio del sector de la actividad en contratas y subcontratas.

III. MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA

Potenciación de los ERTE

Se incorporan a la legislación ordinaria los ERTE por limitación o impedimento utilizados en el COVID, y por otro lado se facilita la tramitación y flexibilidad del ERTE ETOP. También lo referente a los beneficios en cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo, y de protección de los trabajadores en materia de desempleo (se aplicará la protección general).

Se establecen específicas exoneraciones a la cotización a la SS sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta para estos ERTE, siempre que las empresas desarrollen acciones formativas con el personal afectado. Concretamente, tales exenciones serán las que siguen:

• 90% en los ERTE por fuerza mayor y en aquellos por limitación o impedimento.
• 20% en los ERTE ETOP.

En caso de incumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo hay que devolver exclusivamente las exoneraciones del trabajador despedido.

Creación del «Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo»

Se crea una especie o modalidad de ERTE cuyo objetivo es permitir a las empresas la solicitud de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos en vez de tener que acudir a medidas más drásticas cuanto tengan problemas productivos o económicos.

Se establecerán dos modalidades diferenciadas: 

a. Cíclica: proporcionará a las empresas un marco estable ante una caída transitoria o cíclica de su demanda por causas macroeconómicas, para evitar despidos inmediatos. Las empresas podrán suspender a parte de sus trabajadores durante un plazo máximo de un año. Durante ese periodo de suspensión, se incentivará la formación de los trabajadores y se establecen exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social decrecientes en el tiempo (durante los primeros cuatro meses tendrán una exoneración del 60%, entre el quinto y el octavo del 30% y del 20% a partir del noveno).

b. Sectorial: cuando en un determinado sector se aprecien cambios que generen necesidades de recualificación profesional, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podrán solicitar la convocatoria de la Comisión Tripartita del Mecanismo RED y las empresas podrán pedir su adhesión, previa consulta a los representades de los trabajadores. Irá, en este caso, acompañado de un plan de recualificación. En ese caso, para evitar el ajuste de empleo tradicional, la empresa puede activar este mecanismo durante un año con posibilidad de dos prórrogas de 6 meses cada una -total 24 meses-. Por otra parte, las empresas que contraten trabajadores incluidas en la modalidad sectorial tendrán derecho a bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social de un 50% en el plazo de seis meses.

Durante estos períodos los trabajadores percibirán de desempleo el 70% de la base reguladora durante toda su duración.

Para cualquier duda, como siempre, estamos a su disposición.