Con fecha 2 de enero de 2023, entró en vigor el Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, y en el mismo se establecía la nueva obligación de comunicar a la Seguridad Social cualquier variación que afecte a su situación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de cara al nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Esta obligación, que entró en vigor el 1 de enero, daba de plazo a estos trabajadores autónomos hasta el 31 de octubre.

En concreto, los autónomos societarios deberán comunicar determinada información, y, en concreto, qué firmas administran, el porcentaje de participación en ellas, si ejercen funciones de dirección/gerencia de forma remunerada y si es su principal fuente de ingresos. También piden informar de las personas vinculadas a la empresa; en estos casos, también hay que aportar nombre, apellidos y DNI de los convivientes. Por su parte, los trabajadores TRADE (económicamente dependientes) que trabajen mayoritariamente para un solo cliente deben comunicar el CIF de éste; Los autónomos obligados a estar colegiados deben indicar el colegio al que pertenecen; Los sanitarios que cotizan en el RETA deben aportar el CIF de su pagador; Y los autónomos con otros autónomos colaboradores a su cargo, deben comunicar el nombre, los apellidos y el NIF de estos autónomos colaboradores.

Las consecuencias de trasladar mal la información son relevantes, sobre todo en el ámbito de los autónomos societarios al tener vinculación con la posible aplicación de beneficios en la empresa familiar (como la exención total o parcial en el Impuesto de Patrimonio del valor de la misma o una reducción de hasta el 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del valor total o parcial de la compañía). Por todo ello, es sumamente importante ser conscientes de la situación concreta del autónomo en la empresa e informar correctamente a la TGSS, en la medida en que ésta se comunice con Hacienda.

Además, si el autónomo societario forma parte de dos o más empresas colectivas -como comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades colectivas, comanditarias, cooperativas, anónimas, limitadas o profesionales- deberá comunicar a la Seguridad Social tantas actividades distintas como personas jurídicas o comunidades de bienes de las que forme parte, que determinen su alta en RETA, a través del Servicio “Comunicar nueva actividad” disponible en el Portal de la Seguridad Social.

Como decíamos, este plazo de comunicación de información por parte de autónomos termina en un principio el próximo 31 de octubre. No obstante, la TGSS se plantea ampliarlo hasta el 31 de marzo de 2024 a través de una disposición transitoria de un nuevo proyecto de Real Decreto para la modificación de los reglamentos. Ahora bien, esta nueva fecha está todavía en trámite de audiencia e información pública en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que todavía no está aprobada.

De no cumplir con esta obligación, los autónomos podrían enfrentarse a una sanción por parte de la Tesorería. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social explica que, por “no facilitar o comunicar fuera de plazo los datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente”, las cuantías de las multas oscilan entre los 70 euros y los 750 euros.

En fecha reciente, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ha publicado en su página web la “Nota sobre cuestiones relativas a los vehículos de uso mixto cedidos a empleados” (adjunta), en la que muestra un criterio interpretativo al respecto de la cesión de uso de este tipo de vehículos por empresas a empleados en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), basándose para ello en la última doctrina del TEAC y jurisprudencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al respecto.

Sobre la base de la Nota emitida, debemos partir de las siguientes consideraciones:

• La consideración de vehículo mixto es aquél que se podría utilizar para fines profesionales (durante la jornada laboral del trabajador para atender a clientes, realizar desplazamientos) y también para fines particulares (fuera del horario laboral).

• Es la sociedad empleadora la obligada a demostrar que el vehículo adquirido no se usa para fines particulares del empleado y que, además, éste es necesario para que el trabajador pueda cumplir con sus funciones laborales. Las reglas para demostrar la necesidad del vehículo para el desempeño de la actividad laboral son las mismas tanto para el IRPF, como para el IVA.

• Por la parte de uso personal al que se destina el vehículo de empresa, y si esta cesión se considera mayor retribución para el trabajador, se deberá prever una retribución en especie imputándose como tal en la nómina del trabajador, tributando en IRPF y cotizando a la Seguridad Social. 

• En el ámbito del IVA, ese destino al uso particular podrá estar sujeto al IVA si implica un pago o contraprestación por el trabajador como prestación de servicios onerosa, que es lo que sucede cuando consta el vehículo en la retribución en especie del trabajador. En la medida en que existe sujeción al IVA por afectar el vehículo a la actividad, el empresario o profesional podrá deducir el Impuesto soportado.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, la principal novedad de la Nota emitida es que la AEAT considera que debe utilizarse el criterio de la disponibilidad para fines particulares en sus más estrictos términos, tanto en el caso del IVA como en el IRPF, para demostrar en qué medida el vehículo se destina a fines ajenos a su actividad específica. Este criterio ha sido concretado por la AEAT, sobre la base de lo dispuesto por la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, como la totalidad del tiempo anual que no corresponde a la jornada laboral de los trabajadores. Así, para este cálculo, se tiene en cuenta para la AEAT las horas laborables previstas en el convenio colectivo aplicable a la empresa y el tiempo de disponibilidad para los trabajadores, concretado en fines de semana, festivos, vacaciones y el horario fuera de la jornada de trabajo, en días laborables.

De esta forma, según lo previsto por la AEAT en la Nota de referencia, si se tomasen como referencia 40 horas de trabajo que se reconocen en un convenio colectivo sin mayores especificades (de modo que las horas de trabajo rondan las 1.800 anuales), habría que imputar al trabajador, como uso personal del vehículo, sobre el 80% del coste del vehículo. De este modo, el porcentaje deducible que se obtendría como afectación del vehículo a la actividad sería de entre un 20% y un 25%, lo que reduce considerablemente la presunción y práctica común hasta ahora utilizada de limitar la disponibilidad para uso personal solo a los fines de semana.

En todo caso, habrá de tenerse presente, a estos efectos, lo previsto en los convenios colectivos, las excepciones de determinadas categorías de trabajadores, la existencia de personal sin centro de trabajo o con desplazamientos constantes, las características y peculiaridades de la actividad desarrollada por la empresa, la jornada laboral de cada puesto, así como cualesquiera otras circunstancias que puedan alterar lo anteriormente mencionado. En todo caso, para la AEAT, estas posibles características peculiares deberán ser objeto de demostración y apreciación caso por caso.

En definitiva, las consecuencias que en la práctica pudieran derivarse de las consideraciones vertidas en la Nota emitida por la AEAT serían las siguientes:

• La sociedad empleadora es la obligada a demostrar la afectación del vehículo a la actividad económica, y, en su caso, el porcentaje de afectación en su caso practicado.
• Por la parte afectada al uso personal, y si esta cesión se considera mayor retribución para el trabajador, la empresa empleadora deberá hacerlo constar como retribución en especie del empleado en su nómina, lo que supondrá un incremento del coste de seguridad social para la empresa, y un incremento de la retribución para el trabajador, sujeta en su IRPF.
• Como consecuencia de lo anterior, esa cesión para uso personal al trabajador estará sujeta al IVA. El importe del IVA devengado supondrá un mayor coste que podrá ser asumido o bien por la empresa o por el trabajador en función de los acuerdos alcanzados entre ambos.

A la vista de todo lo expuesto, recomendamos a cada entidad que haga una revisión concreta del tipo de operativa seguida en el ámbito regulador interno de la cesión de vehículos a empleados, a la vista de los parámetros de actuación marcados en este ámbito por la AEAT.

El pasado 17 de julio de 2023 se publicó en el BOE la Orden HFP/792/2023, de 12 de julio, por la que se revisa la cuantía de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en la que se incrementa el importe máximo exento de las asignaciones para gastos de locomoción.

La normativa del IRPF prevé que se exceptuarán de gravamen aquellas cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de locomoción en los que incurran sus trabajadores, siempre y cuando se justifique la realidad del desplazamiento y el trabajador se desplace fuera de su centro de trabajo.

Hasta este momento el importe máximo exento estaba fijado en 0,19 euros por kilómetro recorrido, si bien a partir del 17 de julio de 2023 (fecha en la que entra en vigor la Orden), se incrementa este importe hasta los 0,26 euros por kilómetro.

El pasado 29 de junio de 2023 fue publicado en el BOE un Real Decreto-Ley, norma de emergencia, de nombre extenso y que se justifica su urgencia bajo el ánimo de dar cumplimiento a una normativa Europa. Se trata del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, RDley 5/2023), que entró en vigor, salvo en determinadas excepciones, al día siguiente de su publicación (30 de junio), y que tiene por objeto la adopción y prórroga de determinadas medidas, esencialmente energéticas, tributarias, y laborales, con especial vinculación a la conciliación.

Entre las medidas adoptadas por el RDley 5/2023, destacan especialmente las siguientes:

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y PROCESO LABORAL

1. Nuevos permisos retribuidos

Teniendo como objetivo dar respuesta a la situación de doble atención a las responsabilidades familiares y a las de trabajo a través del establecimiento de unas relaciones laborales más igualitarias, se introducen los siguientes permisos retribuidos en el Estatuto de los Trabajadores (ET).

a. Registro de pareja de hecho (art. 37.3.a) ET): hasta la reforma, el ET recogía un permiso retribuido de 15 días naturales solo en caso de matrimonio. Ahora, a efectos de la posibilidad de disfrutar de los derechos de conciliación reconocidos en la legislación vigente, se incluyen otras formas de convivencia distintas del matrimonio, como las parejas de hecho, a quienes se les reconoce expresamente el derecho de disfrute de 15 días naturales de permiso retribuido.

b. Accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella: se amplía de los 2 días a los 5 días (art. 37.3.b) ET).

c. Respecto del permiso de 2 días (4 días con desplazamiento) por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, se añade expresamente que podrá disfrutarlo también el cónyuge o pareja de hecho (art. 37.3.b) bis ET).

d. Horas de ausencia equivalentes a 4 días al año (art. 37.9 ET): por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata.

2. Otros permisos

a. Una hora de ausencia por lactancia (art. 37.4 ET): Se establece como novedad que en el supuesto de que en una empresa dos personas trabajadoras soliciten el permiso de lactancia por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar el ejercicio simultaneo siempre que existan razones fundadas y objetivas de funcionamiento. Con la reforma, en caso de denegación, se exige el ofrecimiento de un plan alternativo por parte de la empresa. 

b. Reducción de jornada (art. 37.6 ET) y excedencia (art. 46.3 ET) por cuidado de familiar extendido a las parejas de hecho: Se extiende la excedencia por cuidado de hijos o familiares a la pareja de hecho y a los familiares consanguíneos de esta, y se amplía la reducción de jornada por cuidados, incluyéndose al cónyuge o pareja de hecho.

Los permisos de los artículos 37.4, 37.6 y 46.3: que se estuviesen disfrutando, lo harán de acuerdo con la normativa que le fuese de aplicación al comienzo. El disfrute de esos derechos no limitará el del permiso parental (detallado a continuación), que podrá disfrutarse en su integridad cuando finalice el de aquellos.

3. Nuevo “permiso” parental no retribuido (suspensión del contrato de trabajo)

Se introduce un nuevo artículo 48.bis en el ET que incluye un nuevo supuesto de suspensión del contrato de trabajo. Advertir que en este caso no estamos ante un permiso retribuido, sino ante una causa de suspensión del contrato, que implica que el trabajador no tiene derecho a retribución durante ese periodo, si bien sí tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo. 

Así, los trabajadores tendrán derecho solicitar un permiso parental de un máximo 8 semanas continuas o discontinuas, a tiempo completo o parcial (mínimo del 50%), para el cuidado de hijo (o menor acogido por tiempo superior a un año), que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. 

No puede transferirse su ejercicio al otro progenitor. Además, el trabajador deberá especificar la fecha de inicio y fin o los periodos de disfrute con una antelación de 10 días, salvo fuerza mayor o que el convenio colectivo establezca algo distinto. Por último, se añade en la DA decimonovena del ET que, en los supuestos de ejercicio del permiso parental a tiempo parcial, la indemnización se calculará sobre un salario que no tenga en cuenta la reducción de jornada, si no hubiera transcurrido el plazo máximo de duración.

Advertir que, aunque la entrada en vigor está prevista para el 30 de junio de 2023, esta nueva causa de suspensión del contrato está pendiente de desarrollo reglamentario. 

4. Ampliación de la adaptación de la duración y distribución de la jornada de trabajo

Se amplía el derecho a solicitar adaptaciones y distribución de la jornada en los supuestos de necesidad de cuidados respecto de las siguientes personas (art. 34.8 ET): 

• Hijos mayores de 12 años, 
• El cónyuge o la pareja de hecho, 
• Familiares por consanguineidad hasta el segundo grado u otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio del trabajador. 

En su respuesta la empresa deberá alegar las razones objetivas que sustenten la decisión ya sea, como hasta ahora, cuando se niegue a la adaptación o bien cuando plantee una alternativa distinta. 

Además, la norma reduce el plazo de negociación de la adaptación de jornada entre el trabajador y empresa, que pasa de 30 a 15 días. Se incluye una modificación en el sentido de que si en ese plazo la empresa no contesta se presumirá la concesión de la adaptación solicitada. 

También se modifica el régimen de regreso a la situación anterior a la adaptación de jornada, estableciendo que la persona trabajadora tiene derecho a regresar a la situación anterior no solo cuando se agote el periodo acordado o previstas, sino también cuando decaigan las causas que motivaron la solicitud. En el resto de casos, de concurrir un cambio de circunstancias que así lo justifique, de concurrir un cambio de circunstancias que así lo justifique, la empresa solo podrá denegar el regreso cuando existan razones objetivas motivadas para ello. 

Por último, estas modificaciones se aplicarán también a las personas que estén disfrutando actualmente de adaptaciones de jornada. 

5. Nuevas causas de nulidad del despido

Se incluyen nuevas causas de nulidad del despido, ya sea en despido objetivo o disciplinario (salvo que se prueba la procedencia del despido): 

(i) Cuando la persona trabajadora esté disfrutando del permiso no retribuido de 8 semanas previsto en el art. 48.bis del ET comentado en el punto 3. anterior. 

(ii) Cuando la persona trabajadora que haya solicitado o esté disfrutando el permiso de 5 días por cuidado de familiares en caso de enfermedad grave, hospitalización o intervención. Advertir a este respecto que el legislador no ha incluido como causa de nulidad el estar disfrutando o haber solicitado el permiso de 2 días por fallecimiento de familiar, pero todo parece indicar que se hará una modificación para incluir este motivo como causa de nulidad.

(iii) En el periodo de disfrute o cuando haya solicitado una adaptación de jornada por razones de conciliación (incluido el teletrabajo). 

6. Modificación de las causas de discriminación

Se modifica el art. 4.2.c) del ET y se incluye en el concepto de discriminación el trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral, lo que será constitutivo de discriminación por razón de sexo. 

7. Familias monoparentales

En el caso de familias monoparentales, el progenitor único podrá disfrutar de las ampliaciones completas de suspensión en caso de discapacidad del menor nacido, adoptado o en situación de guarda con fines de adopción o acogimiento.

MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO Y AYUDAS A DETERMINADOS SECTORES

1. Impuesto sobre el Valor Añadido

Se prorrogan las medidas de reducción o supresión de los tipos impositivos a determinados alimentos, en concreto:

a. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 el tipo del 5% en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias. El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,625 por ciento. 

No obstante, se prevé que a partir del 1 de noviembre de 2023 el tipo impositivo aplicable será el 10 por ciento en el supuesto de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de septiembre, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento. En este caso, el tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 1,4 por ciento.

b. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la supresión del impuesto (tipo del 0%) en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los siguientes productos de primera necesidad:

- El pan común, la masa de pan común congelada y el pan común congelado

- Las harinas panificables.

- La leche producida por cualquier especie animal.

- Los quesos.

- Los huevos.

- Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales.

El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0 por ciento.

No obstante, el tipo impositivo aplicable será el 4% a partir del día 1 de noviembre de 2023, en el supuesto de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5 por ciento. En este caso, el tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,5 por ciento

2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Se introduce una deducción por adquisición de vehículo eléctrico nuevo que afectará a las adquisiciones de vehículos no afectos a actividades económicas realizadas entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y las entregas a cuenta efectuadas entre estas fechas que representen al menos el 25% del valor de adquisición del vehículo, debiéndose practicar la deducción en el periodo impositivo en el que se abone tal cantidad, y debiendo abonarse el resto y adquirirse el vehículo antes de que finalice el segundo período impositivo inmediato posterior a aquel en el que se produjo el pago de tal cantidad.

El precio del vehículo adquirido no podrá superar los importes determinados para cada tipo de vehículo en el Anexo III del Real Decreto 266/2021 de 13 de abril.

El importe de la deducción ascenderá al 15% del valor de adquisición del vehículo, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas o fueran a serlo a través de un programa de ayudas públicas. En todo caso, la base máxima de la deducción es la cuantía de 20.000 euros. La deducción se practicará en el ejercicio en el que el vehículo haya sido matriculado.

Igualmente se introduce una deducción para la instalación de sistema de recarga de baterías no afectas a una actividad económica en inmuebles propiedad del contribuyente entre el 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2024. 

El importe de la deducción será igualmente del 15% de las cantidades satisfechas y la base máxima de la deducción será de 4.000 euros y estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen la instalación, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas. En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

Se considerarán como cantidades satisfechas las necesarias para llevarla a cabo (inversión en equipos y materiales, gastos de instalación de los mismos y las obras necesarias para su desarrollo).

La deducción se practicará en el periodo impositivo en el que finalice la instalación, que no podrá ser posterior a 2024. Cuando la instalación finalice en un período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron cantidades por tal instalación, la deducción se practicará en este último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde el 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de dicho período impositivo. Para la aplicación de la deducción deberá contarse con las autorizaciones y permisos establecidos en la legislación vigente.

3. Impuesto sobre Sociedades

Se incorpora en la norma del Impuesto sobre Sociedades un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga nuevas. Se trata de una amortización acelerada para la instalación de sistemas de recargas de baterías para vehículos eléctricos afectas a actividades económicas, y que entren en funcionamiento en los ejercicios que se inicien en los años 2023, 2024 y 2025.

El importe de la amortización será el que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas, 

Para la amortización anticipada se requiere:

• Aportación de la documentación técnica preceptiva, según las características de la instalación, en forma de Proyecto o Memoria.
• Obtención del certificado de instalación eléctrica diligenciado por la Comunidad Autónoma competente.

4. Medidas de apoyo al sector de transportes

Se prorrogan la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera hasta el próximo 31 de diciembre de 2023.

La medida se articula en dos fases; una primera que contempla la prórroga del descuento de 10 céntimos por litro de combustible consumido hasta el 30 de septiembre de 2023, y la segunda fase que articula una bonificación de 5 céntimos de euro entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023. Para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 13 céntimos hasta septiembre y de 7 céntimos de euros durante el último trimestre del año, dadas las especiales circunstancias a las que se enfrenta el precio del gas en esta etapa.

La forma en la que se calculará esta bonificación dependerá de si los transportistas tienen o no derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre hidrocarburos. 

En el caso de empresas beneficiarias, la ayuda se calculará en función de los litros consumidos y pegados con las tarjetas de gasóleo profesional. Esta se abonará al finalizar cada mes de aplicación de la medida, junto con la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos. 

Por otro lado, en las empresas no beneficiarias (ej, taxis, ambulancias, vtc, autobuses, etc), la norma establece un sistema de ayudas directas, que deberán solicitarse a través de la Sede Electrónica de la AEAT entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre. Una vez aprobada, se abonará en un único pago. La ayuda se calculará estimando el consumo por tipo de vehículo en un periodo de seis meses (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023).

5. Medidas de apoyo al sector agrario

Entre otras medidas, cabe resaltar: 

(i) La previsión de la posibilidad de que las cooperativas agroalimentarias, así como otros operadores económicos encuadrados en ciertos CNAE puedan ser potenciales beneficiarios de un conjunto de medidas de apoyo al acceso a la financiación. 

(ii) El establecimiento de una ayuda directa, para cubrir los costes adicionales que se produzcan en las explotaciones agrarias como consecuencia del incremento de los costes del gasóleo agrario.

El pasado 21 de abril de 2023 publicamos una alerta analizando el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones que, entre otras medidas, introdujo la obligación de inclusión en el Régimen General de la Seguridad social a los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas. Esta norma fijó la entrada en vigor de esta previsión para el próximo 1 de octubre de 2023.

El pasado 29 de junio de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea que modifica la entrada en vigor de esta previsión y la demora hasta el próximo 1 de enero de 2024.