En pasado 26 de marzo, fue convalidado en el Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y que entró en vigor el 21/03/2026. 

Principales medidas tributarias

Esta normativa introduce importantes modificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con un enfoque principal en la promoción de la eficiencia energética y la movilidad sostenible.

1. Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El Artículo 36 del Real Decreto-ley prorroga y amplía diversas deducciones fiscales para los contribuyentes.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas

Se extienden los plazos y se mantienen los incentivos para la rehabilitación energética de inmuebles:

• Deducción del 20%: Para obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración en al menos un 7%.
  • Plazo de realización: Hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Base máxima de deducción: 5.000 euros anuales.
• Deducción del 40%: Para obras que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o mejoren la calificación energética de la vivienda a clase "A" o "B".
  • Plazo de realización: Hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Base máxima de deducción: 7.500 euros anuales.
• Deducción del 60%: Para obras de rehabilitación energética en edificios de uso predominante residencial.
  • Plazo de realización: Hasta el 31 de diciembre de 2027.
  • Base máxima acumulada: 15.000 euros.

Deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

Se prorroga la deducción del 15% del valor de adquisición en los siguientes casos:

• Adquisición de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible nuevos:
  • Plazo de adquisición: Hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Base máxima de deducción: 20.000 euros.
• Instalación de puntos de recarga:
  • Plazo de instalación: Hasta el 31 de diciembre de 2026.
  • Base máxima de deducción: 4.000 euros.

Nueva deducción por instalación de sistemas de autoconsumo renovable

Se introduce una nueva deducción aplicable exclusivamente en el ejercicio fiscal 2026:

• Deducción del 10%: Por la instalación de sistemas de autoconsumo con energías renovables en inmuebles propiedad del contribuyente.
• Deducción del 20%: Para instalaciones colectivas en edificios.
• Base máxima de deducción: 5.000 euros para ambos supuestos.
• Incompatibilidad: Esta deducción es incompatible con la de mejora de eficiencia energética si se aplica sobre la misma instalación.

2. Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades (IS)

El Artículo 37 del Real Decreto-ley amplía los incentivos fiscales para empresas que inviertan en la transición energética.

Libertad de amortización para inversiones en energías renovables

• Concepto: Aplicable a inversiones en instalaciones de autoconsumo que utilicen energía de fuentes renovables.
• Plazo: Para instalaciones que entren en funcionamiento entre 2023 y 2026.
• Límite: La inversión máxima que puede beneficiarse de este régimen es de 500.000 euros.
• Requisito: Se exige el mantenimiento de la plantilla media total de la entidad durante los 24 meses siguientes a la entrada en funcionamiento de la instalación.

Libertad de amortización para vehículos eficientes e infraestructuras de recarga

• Se extiende la libertad de amortización para las inversiones en vehículos eficientes (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV) y nuevas infraestructuras de recarga que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2024, 2025 y 2026.

3. Modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El Artículo 42 del Real Decreto-ley establece una reducción temporal del tipo impositivo para mitigar el impacto de los precios de la energía.

Reducción temporal del tipo impositivo

• Tipo aplicable: Se reduce el tipo de IVA al 10%.
• Vigencia: Hasta el 30 de junio de 2026.
• Productos afectados:
  • Energía eléctrica (para contratos con potencia contratada inferior a 10 kW).
  • Gas natural.
  • Briquetas y "pellets".
  • Carburantes.
• Cláusula de revisión: La norma incluye una cláusula que podría anular la reducción si el IPC no supera un 15% en abril de 2026 con respecto al año anterior.

Medidas mercantiles

Se restablece nuevamente la moratoria contable en relación con la causa de disolución por pérdidas regulada en el artículo 363.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). En virtud de esta medida, a los exclusivos efectos de determinar si concurre dicha causa legal de disolución, no se computarán las pérdidas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026. No obstante, si excluidas dichas pérdidas de 2020 y 2021, el resultado de los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 arroja pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, los administradores deberán convocar -o cualquier socio podrá solicitar- la celebración de junta general en el plazo de dos meses desde el cierre del ejercicio (artículo 365 del TRLSC), a fin de acordar la disolución de la sociedad, salvo que se proceda al aumento o reducción del capital en la medida suficiente para restablecer el equilibrio patrimonial.

Además, se contemplan plazos extraordinarios para la formulación de las cuentas anuales (individuales y consolidadas) del ejercicio 2025. En este sentido, los administradores que ya hubieran formulado las cuentas del ejercicio 2025 a la fecha de entrada en vigor de la norma podrán reformularlas en el plazo máximo de un mes desde dicha entrada en vigor, aplicando los criterios de la moratoria contable.

En caso de reformulación, la junta general para la aprobación de las cuentas del ejercicio 2025 se deberá celebrar dentro de los tres meses siguientes a la nueva formulación.

Medidas laborales

1. Limitación de despidos en empresa con ayudas

En el ámbito estrictamente laboral, el artículo 62 establece que las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el real decreto-ley no podrán despedir por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la situación regulada en la norma, hasta el 30 de junio de 2026.  La consecuencia prevista para el incumplimiento es doble, conllevando el reintegro de la ayuda recibida a la vez que recalifica el despido como nulo.

En el mismo sentido se aplica esta garantía a los contratos fijos-discontinuos, ya que estas causas tampoco podrán justificar ni el fin del periodo de actividad ni la falta de llamamiento hasta esa misma fecha.

2. Movilidad Sostenible 

Se adelanta la obligación de planes de movilidad sostenible al trabajo La norma también modifica el artículo 26 de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, para adelantar en doce meses la obligación de negociar y elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo

Otras medidas

1. Ayudas al gasóleo profesional.

Se aprueba una bonificación de 0,20 euros por litro de gasóleo para los transportistas con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por gasóleo profesional. Esta ayuda sustituye temporalmente la devolución habitual. La medida estará vigente desde la entrada en vigor del decreto hasta el 30 de junio de 2026 y se aplicará para los consumos realizados mediante tarjetas de gasóleo profesional.

2. Ayudas directas por vehículo para no beneficiarios del gasóleo profesional. 

Se establece ayudas directas según tipo de vehículo a quienes no se beneficien del gasóleo profesional que van dese los 200 a los 1.800 euros.

3. Medidas financieras

El decreto incluye una línea de reavales del Estado, a través del ICO, de hasta 2.000 millones de euros para avales vinculados a tarjetas de combustible. Asimismo, se destinan 400 millones de euros al programa de impulso de vehículos electrificados.

Recientemente se ha publicado la orden que establece las bases reguladoras del programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial (RSE) en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2026.

Objeto de la convocatoria

El objetivo es convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas e incentivos para PYMES y personas trabajadoras autónomas con personal a cargo, destinados a: 

• Implantar la igualdad laboral (TR357C).
• Adoptar medidas de corresponsabilidad y conciliación (TR357D).
• Implantar sistemas de gestión de responsabilidad social empresarial (TR357B).

Las acciones subvencionables deben realizarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de octubre de 2026, fecha final del plazo de justificación.

Beneficiarios y requisitos generales de los solicitantes

Podrán ser beneficiarias las PYMES o personas trabajadoras autónomas que cumplan los siguientes requisitos generales:

• Tener suscritos contratos con personas trabajadoras por cuenta ajena.
• Tener domicilio social y centro de trabajo en Galicia.
• Estar válidamente constituidas al presentar la solicitud.
• Las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar ayudas para la Línea I, las sublíneas 1 y 2 de la Línea II, y la Línea III.
• Tener tasa de estabilidad de, al menos, el 50% (contratos indefinidos a tiempo completo sobre el total) desde el 1 de enero de 2025 y en la fecha de justificación.

Líneas de ayuda

El programa se estructura en tres líneas principales: 

• Línea I: Elaboración e implantación de planes de igualdad
• Línea II: Conciliación, que se divide en: 
  • Sublínea 1: incentivos para el fomento del teletrabajo.
  • Sublínea 2: incentivos para el fomento de la flexibilidad horaria.
  • Sublínea 3: subvenciones para la adquisición de elementos tecnológicos que posibiliten el teletrabajo.
• Línea III: Certificaciones de RSE

Línea I: Elaboración e implantación de planes de igualdad

Requisitos específicos: empresas con un mínimo de 10 y un máximo de 49 personas trabajadoras, que implanten un plan de igualdad.

Conceptos subvencionables: 

1. Costes de elaboración de una diagnosis de la empresa.
2. Costes de elaboración de un plan de igualdad.
3. Costes de implantación de medidas del plan en su primer año (no se puede solicitar junto a los dos conceptos anteriores en la misma convocatoria).
4. Contratación (mínimo un año, jornada completa, grupo 1 o 2) de una persona experta en igualdad.

Cuantías: 

• Diagnosis: hasta 80% del coste, con un máximo de 3000 euros (hasta 20 trabajadores) o 5000 euros (más de 20).
• Elaboración del plan: hasta el 80% del coste, con un máximo de 1500 euros (hasta 20 trabajadores) o 3000 euros (más de 20).
• Implantación: hasta el 80% del coste, con un máximo de 1000 euros (hasta 20 trabajadores) o 2000 euros (más de 20).
• Contratación: 12000 euros.

Documentación requerida:

• Genérica: vida laboral, presupuesto detallado emitido por entidad experta, escritura de constitución y acreditación de la formación/experiencia de la entidad experta.
• Específica (según concepto): acta de constitución de la Comisión negociadora, copia del contrato de la persona experta o compromiso de contratación.

Línea II: Conciliación

Sublínea 1: incentivos para el fomento del teletrabajo

Requisitos específicos: No pertenecer a sectores TIC. Formalizar acuerdos de teletrabajo por un mínimo de 2 años (con personal existente o nuevas contrataciones).

Cuantía: 2000 euros por persona trabajadora con acuerdo de teletrabajo, con un límite máximo de 8000 euros por empresa. Se incrementa en 1000 euros si la tasa de ocupación femenina es igual o superior a la masculina.

Documentación requerida: memoria explicativa de las actuaciones a realizar.

Sublínea 2: incentivos para el fomento de la flexibilidad horaria

Requisitos específicos: empresas con un mínimo de 5 personas trabajadoras. Establecer medidas de flexibilidad horaria mediante convenio o acuerdo en la representación de los trabajadores por un mínimo de 2 años.

Cuantía: 8000 euros por empresa. Se incrementan en 1000 euros si la tasa de ocupación femenina es igual o superior a la masculina.

Documentación requerida: memoria explicativa de las actuaciones, expuesta en forma de tabla comparativa (situación anterior vs. mejoras propuestas).

Sublínea 3: subvenciones para adquisición de elementos tecnológicos

Requisitos específicos: No pertenecer a sectores TIC. Tener formalizados acuerdos de teletrabajo en vigor en la fecha de la solicitud.

Actividades subvencionables: adquisición de hardware como ordenadores, medios de acceso a internet y periféricos (webcam, impresora, etc.). No se subvenciona software ni impuestos como el IVA.

Cuantía: hasta el 80% de la inversión, con un tope de 1500 euros por persona y un máximo de 20000 por empresa. Se incrementa un 10% si la tasa de ocupación femenina es igual o superior a la masculina.

Documentación requerida: vida laboral, copia de escritura de constitución en caso de persona jurídica, acuerdo de teletrabajo en vigor y presupuesto desglosado de la inversión (sin IVA).

Línea III: Certificaciones de RSE

Requisitos específicos: empresas con un mínimo de 5 personas trabajadoras.

Concepto subvencionable: obtención de una certificación, informe de verificación o validación en materia de RSE (ej: EFR, GRI, SGE 21, ISO 14000, ISO 45001, etc.).

Cuantía: 80% del coste total de la certificación, con un máximo de 2000 euros por empresa. Los costes de consultoría no podrán exceder el 30% de la subvención. 

Documentación requerida: presupuesto detallado de los costes, escritura de constitución y vida laboral.

Forma y plazo de presentación

• Forma: las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través de formularios normalizados disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.
• Plazo: el plazo será de un mes, contando desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, es decir, hasta el 19 de marzo de 2026.

Criterios de valoración

La Comisión de Valoración examinará las solicitudes conforme a los siguientes criterios, entre otros: 

• Tamaño de la empresa: hasta 5 puntos para las más pequeñas.
• Tasa de estabilidad del personal: hasta 2 puntos.
• Ubicación en municipio rural: 2 puntos.
• Administradora mujer o mayoría de mujeres en consejos rectores: 3 puntos.
• Integración de personas con discapacidad: 1 punto.
• Uso efectivo de la lengua gallega: 3 puntos.
• Medidas específicas de flexibilidad horaria (Sublínea II.2): hasta 6 puntos según la medida.

Prohibiciones e incompatibilidades

• No podrán ser beneficiarias las entidades públicas.
• No podrán obtener la ayuda las empresas incursas en las prohibiciones del artículo 10 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia.
• Solo podrá presentar solicitud una única empresa por grupo de empresas.
• No se otorgarán ayudas a empresas que ya fueran beneficiarias por las mismas líneas en convocatorias anteriores (salvo excepciones).
• Las solicitudes para las sublíneas 1 (teletrabajo) y 2 (flexibilidad) de la Línea II son incompatibles entre sí en la misma convocatoria.
• Las ayudas son compatibles con otras, pero el importe total nunca podrá superar el coste de la actividad.

Obligaciones de los beneficiarios

Además de las obligaciones generales del artículo 11 de la Ley 9/2007, destacan las siguientes: 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda.
• Comunicar al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones o la obtención de otras subvenciones.
• Conservar los documentos justificativos durante un mínimo de 3 años.
• Someterse a las actuaciones de control, comprobación e inspección.
• Informar sobre la ayuda recibida mediante un cartel de tamaño A3 en un lugar visible, con los logotipos de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Empleo y Economía Social.

Se ha publicado la nueva convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación en Galicia para el año 2026. A continuación, se resumen los puntos clave de este programa de incentivos.

Objeto de la convocatoria

El programa Galicia Suma Talento: Emprégate (código TR342C) tiene como objetivo principal incentivar la contratación de personas desempleadas en empresas de Galicia, prestando especial atención a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas y personas empleadoras, cualquiera que sea su forma jurídica (incluyendo autónomos, sociedades civiles y comunidades de bienes), que tengan centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia y contraten a trabajadores por cuenta ajena.

Exclusión: No podrán ser beneficiarias las administraciones públicas, las sociedades públicas ni las entidades vinculadas a ellas.

Acciones subvencionables

Las ayudas se destinan a contrataciones y modificaciones contractuales realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. Las acciones que pueden recibir incentivo son:

• Contratación indefinida inicial de personas desempleadas.
• Incremento de jornada de contratos indefinidos a tiempo parcial para que pasen a ser a tiempo completo.
• Incremento de la duración anual de los contratos fijos-discontinuos hasta un mínimo de 9 meses.
• Adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad.
• Transformación en indefinidos de contratos formativos del programa de primera experiencia profesional (TR353C).

Colectivos a los que se dirige la ayuda

La convocatoria se dirige a la contratación de personas desempleadas, priorizando a los siguientes colectivos:

• Personas jóvenes: Menores de 30 años.
• Mujeres en situación de especial vulnerabilidad: Incluye a víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos, y mujeres con hijos menores de 3 años que sean desempleadas de larga duración o hayan estado inactivas en los últimos 3 años.
• Mujeres en ocupaciones con subrepresentación femenina: Aquellas contratadas en profesiones donde la presencia de mujeres es significativamente menor, según el listado del Anexo II de la convocatoria.
• Personas desempleadas de larga duración: Aquellas inscritas como demandantes de empleo durante al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.
• Personas de 52 años o más.
• Personas emigrantes retornadas o personas extranjeras.
• Personas con discapacidad o en riesgo o situación de exclusión social: Con un grado de discapacidad igual o superior al 33% o perceptoras de rentas de inclusión social o ingreso mínimo vital.
• Personas que han finalizado formación para el empleo recientemente: Desempleados que en los 2 años previos hayan completado acciones formativas (AFD), talleres de empleo o programas integrados de empleo.
• Personas con experiencia profesional previa a través de programas públicos: Desempleados que en los 2 años previos hayan tenido un contrato formativo del programa de primera experiencia profesional (TR353C).

Cuantías de la subvención

Las cuantías varían según la acción subvencionable:

• Contratación indefinida inicial:
  • La ayuda base oscila entre 6.000 € y 10.000 €, dependiendo del colectivo al que pertenezca la persona contratada (jóvenes, desempleados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, etc.).
  • Estas cuantías pueden incrementarse en un 15% o 25% si se dan ciertas condiciones (ej. centro de trabajo en un ayuntamiento rural, la persona contratada es mayor de 45 años, etc.), siendo estos incrementos acumulables.
• Incremento de jornada a tiempo completo: Incentivo de 2.000 € (o 3.000 € si la persona trabajadora tiene discapacidad).
• Incremento de duración de contratos fijos-discontinuos: Incentivo de 4.000 €.
• Adaptación de puestos de trabajo: Ayuda de 1.000 €.
• Transformación de contratos formativos en indefinidos: Incentivo de 5.000 €.

Incompatibilidades

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda pública para el fomento del empleo por la contratación de la misma persona trabajadora. No obstante, sí son compatibles con los incentivos en forma de bonificaciones a la Seguridad Social.

Solicitud y documentación

• Plazo: El plazo de presentación se inicia el 17 de febrero de 2026 y finaliza el 30 de septiembre de 2026.
• Procedimiento: La concesión se realiza por orden de presentación de solicitudes hasta agotar el crédito (concurrencia no competitiva).
• Presentación: Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), utilizando el formulario normalizado (Anexo I).

Obligaciones de las entidades o personas beneficiarias

La principal obligación es mantener el puesto de trabajo de la persona cuyo contrato ha sido subvencionado durante un período mínimo de 36 meses desde la fecha de la contratación o modificación.

Otras obligaciones importantes son:

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• Dar publicidad a la financiación pública de la ayuda mediante la colocación de un cartel informativo en un lugar visible del centro de trabajo.
• Comunicar al órgano concedente la obtención de cualquier otra subvención para la misma finalidad.
• Someterse a las actuaciones de comprobación y control por parte de la Administración.

La Xunta de Galicia ha publicado una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a personas trabajadoras autónomas para el periodo 2025-2026. Estas medidas buscan fomentar el autoempleo, apoyar la consolidación de negocios y facilitar el reemprendimiento tras un cese de actividad.

A continuación, detallamos las principales líneas de ayuda y sus requisitos más relevantes.

1. Promoción del empleo autónomo (TR341D)

Programa dirigido a personas desempleadas que inicien una actividad por cuenta propia en Galicia y establezcan su domicilio fiscal y social en la comunidad.

Línea 1

Requisitos principales:

• Estar inscrita como demandante de empleo.
• Alta en el RETA entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
• Permanencia mínima de 24 meses en el RETA.

Cuantía:

• 2.000 € con carácter general.
• 4.000 € para menores de 30 años, personas en desempleo de larga duración, con discapacidad, mayores de 52 años y otros colectivos específicos.
• Posible incremento adicional del 15 % según perfil.

Línea 2

Requisitos principales:

• Inscripción como demandante de empleo.
• Alta en el RETA entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
• En caso de sociedades, inicio de actividad desde el 30 de septiembre de 2025.
• Permanencia en RETA de 12 o 24 meses según el caso.

Cuantía:

• 960 €, equivalente a la cuota reducida.
• Hasta 1.920 € en sectores agrícola, ganadero o silvícola.

Objetivo: facilitar el inicio de actividad como persona autónoma y reducir los costes iniciales.

2. Bono Autónomo (TR341Q)

Dirigido a personas autónomas con más de 42 meses de antigüedad ininterrumpida en la actividad.

Requisitos principales (persona física)

• Antigüedad superior a 42 meses.
• Rendimiento neto en IRPF inferior a 50.000 €.
• Facturación mínima anual de 12.000 €.
• No haber sido beneficiaria en las últimas cinco convocatorias.
• Compromiso de permanencia de 24 meses.

Requisitos para autónomos societarios

• Antigüedad superior a 42 meses.
• Facturación mínima de 12.000 €.
• Base imponible en el Impuesto de Sociedades inferior a 50.000 €.

Tipo de ayuda

• Subvención del 60 % de la inversión realizada.
• Máximo 7.000 € por beneficiario.

Gastos subvencionables

• Maquinaria y utillaje.
• Equipamiento informático y tecnológico.
• Software, páginas web y aplicaciones.
• Actuaciones en eficiencia energética.
• Reforma del local.
• Diseño de marca y presencia digital.

No serán subvencionables teléfonos móviles, smartphones ni vehículos que no tengan la consideración de maquinaria.

Periodo de gastos subvencionables: desde el 1 de octubre de 2025 hasta la fecha de presentación de la solicitud.

Objetivo: mejorar la competitividad, modernización y digitalización de los negocios.

3. Bono Nueva Oportunidad (TR790A)

Programa destinado a personas autónomas que cesaron su actividad y vuelven a emprender.

Requisitos principales

• Inscripción como demandante de empleo.
• Nueva alta en el RETA entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
• Haber cesado previamente como autónomo en los últimos cinco años.
• Haber estado de alta al menos 3 meses en la etapa anterior.

Cuantía

• 7.500 € de ayuda única.
• 500 € adicionales si la persona beneficiaria es mujer.

Objetivo: apoyar el reemprendimiento y reducir el riesgo financiero en una segunda oportunidad empresarial.

Le informamos de que el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del 27 de enero de 2026, ha acordado la derogación del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, al no haber sido convalidado en el plazo constitucional.

Como consecuencia directa, todas las medidas de carácter fiscal, laboral y de Seguridad Social que contenía la norma han perdido su vigencia con efectos desde dicha fecha. A continuación, se resumen las principales implicaciones.

Medidas fiscales derogadas

Las prórrogas y modificaciones tributarias previstas para el ejercicio 2026 han quedado sin efecto. Las más destacadas son:

• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  • Deducciones por vehículos eléctricos: Cesa la prórroga para 2026 de las deducciones por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible y sus puntos de recarga.
  • Deducciones por eficiencia energética: Queda sin efecto la extensión de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
  • Rentas inmobiliarias: Se deroga la aplicación del porcentaje de imputación del 1,1 % para inmuebles en municipios con valores catastrales revisados.

• Impuesto sobre Sociedades (IS)
  • Libertad de amortización: Deja de estar vigente la prórroga que permitía la libertad de amortización para inversiones en determinados vehículos ecológicos y sus infraestructuras de recarga.

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
  • Regímenes especiales: Queda derogada la prórroga de los límites que determinan la exclusión del régimen simplificado del IVA.
  • También pierden vigencia las normas transitorias sobre los plazos para renuncias o revocaciones a dichos regímenes, incluyendo también la derogación de la renuncia extraordinaria al SII y al REDEME.

• Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
  • Dejan de estar vigentes las actualizaciones de los importes máximos de los coeficientes a aplicar para determinar el incremento del valor del terreno en el momento del devengo, según el periodo de generación del incremento del valor.

• “Moratoria societaria”
  • Se deroga el régimen excepcional de disolución por pérdidas graves aprobado en su día con ocasión del COVID-19. Conforme a dicho régimen, no se computaban las pérdidas correspondientes a 2020 y 2021 para determinar si la sociedad incurría en causa de disolución por pérdidas graves del art. 363.1.e LSC (es decir, cuando las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social).
  • Con la no convalidación del RDL 16/2025, los administradores de las sociedades de capital que tuvieran pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 deberán analizar los efectos del fin de la "moratoria societaria" y, en su caso, tomar las medidas oportunas para evitar incurrir en la responsabilidad por deudas prevista en el art. 367 LSC.

Medidas laborales y de seguridad social derogadas

La derogación afecta a importantes disposiciones en el ámbito sociolaboral, en concreto:

• Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
  • La prórroga automática del SMI de 2025 para el año 2026 ha quedado sin efecto. Para evitar un vacío normativo, el Ministerio de Trabajo ha procedido a una "prórroga técnica".

• Pensiones
  • El esquema de revalorización y cuantías queda pendiente de la normativa que se dicte para fijar de forma estable la actualización de pensiones y prestaciones durante 2026. 

• Cotizaciones a la Seguridad Social
  • Pierden vigencia los cambios previstos para 2026 en materia de bases y tipos de cotización, incluyendo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y otros tipos específicos, así como medidas específicas para personas trabajadoras por cuenta propia y en situación de pluriactividad.

• Medidas de protección social
  • Quedan derogadas las medidas de protección para situaciones de vulnerabilidad, como la suspensión de desahucios, las compensaciones a favor del arrendador o propietario o las vinculadas a la pobreza energética, y otras disposiciones laborales vinculadas al disfrute de ayudas públicas.

• Tarifa de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
  • Se introducía una nueva tarifa de cotización por contingencias profesionales, ligada a la actividad económica, ocupación o situación.

La derogación de esta norma implica el retorno al marco normativo anterior a su entrada en vigor. Es fundamental que revise cualquier planificación fiscal, laboral o de Seguridad Social para 2026 que se hubiera basado en las medidas ahora sin efecto.