El pasado 1 de mayo de 2025 entró en vigor la Ley 2/2025, de 29 de abril, mediante la cual se modifican varios preceptos del Estatuto de los Trabajadores (ET) y de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) en materia de incapacidad permanente (IP).

Esta reforma respondió a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró contraria al Derecho de la UE la normativa española que permitía la extinción automática del contrato de trabajo cuando el trabajador era declarado en situación de IP total, absoluta o gran incapacidad (antes gran invalidez).

Así, con esta reforma, se suprime la extinción automática del contrato de trabajo por IP y la condiciona a la voluntad del trabajador y a la posibilidad de adaptación del puesto o reubicación por parte de la empresa. También introduce la suspensión de la prestación por IP cuando el trabajador desempeña un puesto de trabajo incompatible con aquella y establece que las controversias surgidas en las extinciones en estos casos se ventilarán en un procedimiento judicial urgente.

I) Supresión de la extinción automática de la relación laboral por la declaración de la situación de IP del trabajador

Por un lado, se modifica el art. 49.1.e) ET en el sentido de eliminar la extinción automática del contrato por la declaración de cualquier tipo de IP. Desde el 1 de mayo de 2025, la extinción automática del contrato de trabajo queda limitada a la causa de extinción por fallecimiento del trabajador.

Por otra parte, se incluye una nueva letra n) en el art. 49.1 del ET para determinar que solo podrá extinguirse la relación laboral por causa de declaración de una IP total, absoluta o gran invalidez en los siguientes supuestos:

• No se pueden realizar ajustes razonables por implicar una carga excesiva para la empresa.
• No existe un puesto vacante y adecuado al nuevo perfil y situación funcional del trabajador.
• El trabajador rechaza expresamente la propuesta de adaptación o de recolocación formulada razonablemente por la empresa. 

Según establece la norma para determinar si la carga es excesiva se deberá poner en relación el coste de las medidas de adaptación con la situación particular de cada empresa (su tamaño, recursos económicos, situación económica y su volumen de negocios total).

En cualquier caso, la carga no se considerará excesiva cuando ésta sea paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas.

En las empresas con menos de 25 trabajadores se entenderá que la carga es excesiva cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta ayudas o subvenciones, supere alguna de estas cuantías: (1) la indemnización que correspondiera por despido improcedente o (2) seis meses de salario de la persona trabajadora.

Entre las obligaciones de la persona trabajadora encontramos que la misma dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución de IP para manifestar por escrito su voluntad de mantener la relación laboral.

Por su parte, una vez expresada por la persona trabajadora la voluntad de continuar con la relación laboral, la empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo, o bien, justificar motivadamente la extinción del contrato. El proceso requiere la intervención de los servicios de prevención, que evaluarán las condiciones de salud, las adaptaciones necesarias y los puestos alternativos posibles, con participación de la representación legal de los trabajadores. 

Durante el tiempo en el que se llevan a cabo estas actuaciones de adaptación y ajustes o reubicación de la persona trabajadora, se mantendrá la suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto de trabajo. 

II) Suspensión de la prestación por IP en caso de mantenimiento del puesto de trabajo

Si tras la declaración de IP la persona trabajadora mantiene la relación laboral y continúa trabajando por haberse adaptado su puesto de trabajo o por haber sido reubicado en otros, la pensión de IP quedará suspendida durante el tiempo que desempeñe dicho trabajo en virtud del artículo 198 LGSS.

III) Procedimiento judicial contra la extinción contractual por declaración de IP

Los procedimientos judiciales derivados de la extinción del contrato de trabajo por declaración de IP tendrán carácter urgente y se le dará tramitación preferente.

El 9 de abril de 2025 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. La norma, en vigor desde esa misma fecha, tiene como objetivo mitigar el impacto del incremento de aranceles aplicado por Estados Unidos y proteger al tejido empresarial español, especialmente con empresas con exposición al mercado norteamericano.

Desde el punto de vista mercantil, destacan dos medidas excepcionales: la suspensión de la causa de disolución por pérdidas derivadas de la COVID-19, así como la habilitación de un plazo extraordinario para reformular las cuentas anuales de 2024. En materia de financiación, se prioriza el fomento de la inversión y la provisión de liquidez a las empresas afectadas.

A continuación, detallamos los aspectos más relevantes:

• Línea de avales: se crea una línea de avales por valor de 5.000 millones de euros para cubrir la financiación otorgada por entidades financieras a las empresas exportadoras e importadoras afectadas por los cambios arancelarios (exposición directa o indirecta al mercado estadounidense).
  
  
• Incremento del FIEM: se incrementa el importe máximo de las operaciones autorizadas con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de 500 millones a 700 millones de euros. Este fondo apoya las exportaciones e inversiones en el exterior de las empresas españolas.
  
  
• Cobertura de riesgos: se refuerza la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización, gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), elevando el límite máximo de 9.000 a 15.000 millones de euros, movilizando 2.000 millones de forma inmediata para cobertura de riesgos.
  
  
• Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI): se establece un mecanismo para compensar las pérdidas del sistema CARI, permitiendo su financiación a través de deuda pública. Este sistema protege a las empresas ante cambios en los tipos de interés vinculados a la actividad comercial internacional, facilitando el acceso a la financiación de las entidades de crédito.

Otras medidas complementarias relevantes: 

• Línea ICO de financiación intermediada: 1.000 millones para liquidez e inversiones, con posibilidad de financiación en moneda local.
• Prórroga del Plan MOVES III: 400 millones para movilidad sostenible en 2025.
• Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva: 200 millones, con financiación favorable para modernización e instalación de nuevas plantas.
• Recanalización de financiación del Plan de Recuperación: hasta 5.000 millones, a través de diversas líneas de apoyo empresarial.

Medidas mercantiles de estabilidad empresarial:

• Suspensión de la causa de disolución por pérdidas COVID-19: se permite que las empresas no tomen en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2025, para evitar la disolución de empresas viables afectadas por la crisis del COVID-19.
• Plazo extraordinario para reformular las cuentas anuales del ejercicio 2024. los administradores que ya las hayan formulado podrán reformularlas en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, considerando la suspensión de la causa de disolución por pérdidas. La junta general se celebrará dentro de los tres meses siguientes a la nueva formulación. Si ya hubiera sido convocada, podrá modificarse o revocarse con al menos 72 horas de antelación.

A la vista de lo expuesto, las actuaciones recomendables para las empresas son: a) evaluar su exposición al mercado estadounidense; b) analizar la aplicabilidad de las diferentes medidas a su caso particular; c) preparar en su caso la documentación necesaria para solicitar las ayudas; y d) considerar la reformulación de cuentas si fuera necesario.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional o asistencia.

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Esta alerta tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal específico.

Ayer, 3 de abril de 2025, entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que incorpora importantes novedades en el ámbito procesal civil y mercantil.

Entre los principales cambios, destaca la obligatoriedad de acudir a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de presentar demanda en la mayoría de los procesos declarativos referidos al ámbito civil y mercantil. 

A continuación, les indicamos resumidamente y de forma genérica los aspectos principales referidos a esta nueva regulación:

¿Qué son los MASC y qué se pretende con su implantación?

Será necesario intentar una solución negociada antes de acudir a los tribunales en asuntos civiles y mercantiles en los tres meses anteriores a la presentación de una demanda. Esta nueva exigencia pretende reducir la litigiosidad y promover una cultura del acuerdo como paso previo al acceso a los tribunales.

¿Qué medios se consideran MASC?

La Ley define los MASC como actividades negociadoras no judiciales a las que las partes acuden de buena fe con la intención de resolver un conflicto. Estas pueden realizarse directamente entre las partes o con la intervención de un tercero neutral.

A continuación, detallamos brevemente los principales medios reconocidos:

• La mediación: Un tercero neutral (el mediador) facilita la comunicación entre las partes para que ellas mismas lleguen a un acuerdo. Está regulada en la Ley 5/2012 y puede aplicarse tanto en asuntos civiles como mercantiles. Tiene un carácter voluntario, confidencial y flexible.
• La conciliación: Una persona neutral (juez/a de paz, notario/a, registrador/a o letrado/a de la Administración de Justicia) actúa como facilitador para alcanzar un acuerdo. Está regulada en diversas normas y puede ser pública o privada.
• La negociación directa entre las partes o entre sus abogados: Las partes negocian directamente entre sí o a través de sus abogados, sin intervención de terceros. La Ley reconoce expresamente esta vía como válida para cumplir el requisito de procedibilidad, siempre que haya constancia documental del intento.
• La oferta vinculante confidencial: Una parte realiza una propuesta formal de resolución, que, si es aceptada, obliga a ambas. Requiere la asistencia letrada (salvo si la cuantía no supera los 2.000 €), y debe cumplir ciertos requisitos formales.
• La opinión experta neutral: Un experto neutral emite una valoración técnica o jurídica sobre el conflicto, con el fin de orientar a las partes hacia una solución. No es vinculante, pero puede facilitar el acuerdo.
• Los procesos de Derecho Colaborativo: Método estructurado en el que las partes y sus abogados se comprometen contractualmente a resolver el conflicto sin acudir a juicio, trabajando conjuntamente con transparencia y cooperación. Se inspira en modelos internacionales y cada vez tiene mayor desarrollo en España.

¿Qué implica el requisito de procedibilidad y cómo se acredita?

Es obligatorio intentar un MASC antes de interponer la mayoría de las demandas civiles y mercantiles. Así, será inadmitida toda demanda judicial en materia civil o mercantil, entre las correspondientes, si no se acredita haber intentado previamente un medio adecuado de solución de controversias. Eventualmente, puede suponer la imposición de costas si se considera abuso del sistema judicial, o incluso multa. 

Se deberá acreditar documentalmente dicho intento al presentar la demanda, bien acompañando a la demanda un documento que justifique haber intentado la vía negociadora (se admiten documentos firmados o comunicaciones que prueben la iniciativa y el intento de negociación), o bien una declaración responsable de imposibilidad (por ejemplo, desconocimiento del domicilio de la contraparte). En caso de haber intervenido una tercera persona neutral (como mediador/a o conciliador/a), deberá emitir una certificación específica.

Por último, se exige que exista identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, aunque las pretensiones judiciales puedan variar.

¿En qué procesos aplica?

Como antes adelantábamos, esta exigencia de intento de conciliación previa a la vía judicial opera en la mayoría de los procesos declarativos referidos al ámbito civil y mercantil.

No es exigible en ciertos procesos, como los relativos a derechos fundamentales, filiación o procedimientos de jurisdicción voluntaria sin conflicto, así como tampoco será necesario acreditar MASC para demandas ejecutivas, medidas cautelares, o diligencias preliminares.

Plazos vinculados a los MASC

El intento de MASC interrumpe la prescripción o suspende la caducidad de las acciones.

Si no hay acuerdo, las partes tienen un plazo de un año desde la finalización del proceso negociador (o desde la falta de respuesta) para presentar la demanda.

Si se han adoptado medidas cautelares, hay que demandar en 20 días desde la terminación del intento negociador.

Estamos a su disposición para resolver cualquier duda sobre esta nueva obligación legal y su aplicación práctica con nuestro equipo jurídico.

El pasado 9 de diciembre les remitimos una alerta informativa en la que les detallábamos las principales obligaciones derivadas del nuevo Reglamento Veri*factu, así como su impacto en los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresas y profesionales.

Ya entonces les anticipábamos la alta probabilidad de una ampliación del plazo inicialmente previsto para su entrada en vigor, dada la complejidad técnica y operativa que supone la adaptación generalizada a esta nueva normativa.

Como era previsible, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento Veri*factu al respecto del calendario de implantación, dando así un mayor margen de maniobra a los contribuyentes para adecuar sus sistemas.

En concreto:

• Las empresas (contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades) deberán cumplir con las nuevas obligaciones del Reglamento a partir del 1 de enero de 2026, en lugar del 1 de julio de 2025, como estaba previsto.
• Para el resto de obligados tributarios (como autónomos o entidades en régimen de atribución de rentas), el plazo límite para su aplicación se establece en el 1 de julio de 2026.
• Por su parte, los productores y comercializadores de software disponen de un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la Orden HAC/1177/2024 (esto es, hasta el 29 de julio de 2025) para adaptar sus soluciones a los nuevos requisitos técnicos. Este mismo plazo será también de aplicación en relación con los sistemas informáticos incluidos en los contratos de mantenimiento de carácter plurianual contratados con anterioridad, en lugar de la inicialmente prevista de 1 de julio de 2025.

También se ha modificado el artículo 4 del Reglamento para excluir de su ámbito de aplicación a los profesionales que utilicen el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII IVA) cuando expidan facturas correspondientes a operaciones documentadas mediante facturas expedidas materialmente por el destinatario de la operación.

Seguiremos informando de cualquier novedad relevante relacionada con esta normativa.

El pasado 17 de marzo se publicó en el BOE la Resolución de 27 de febrero de 2025, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, donde la Administración fija las líneas de actuación que va a llevar a cabo durante este año para prevenir y controlar el fraude fiscal y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Las directrices generales del Plan de Control Tributario 2025 contienen una referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del fraude que se consideran más relevantes, y constituyen un mecanismo de refuerzo y consolidación de las actuaciones desarrolladas en años anteriores, incorporando además otras nuevas adaptadas al contexto económico y social actual.

Entre las directrices publicadas, cabe destacar las siguientes:

1. Intensificación del control del fraude, especialmente sobre personas físicas

La AEAT intensificará sus actuaciones de investigación y análisis patrimonial sobre personas físicas que presenten signos externos de riqueza que no se correspondan con las rentas y patrimonio declarados. Se prestará especial atención a la utilización de sociedades instrumentales para desviar gastos personales, situar activos de uso personal o simular arrendamientos y préstamos ficticios.

Por otra parte, se centrarán los esfuerzos de control de actividades económicas en los contribuyentes que no admitan pagos con medios bancarios o realicen un uso intensivo de efectivo; utilicen fundamentalmente medios de pago radicados en el extranjero que eviten las obligaciones de suministro de información a la AEAT; y declaren una evolución anómala del importe de sus existencias respecto de su actividad declarada; presenten rentabilidades incompatibles con la naturaleza de su actividad o con los datos disponibles al respecto, o declaren pérdidas de modo continuo; o puedan utilizar herramientas informáticas (software de doble uso) susceptibles de ser utilizadas para ocultar ventas.

2. Mejora de la asistencia al contribuyente

Se implementarán importantes avances en la atención al contribuyente, incluyendo:

• Intensificar y estandarizar la formación necesaria para el personal de atención en los servicios de información, y poner en marcha un protocolo de calidad.
• Citas telefónicas disponibles el mismo día.
• Mejorar la herramienta del “Chat” y estudiar la posibilidad de un sistema de ayuda por la IA.
• Nueva modalidad "Renta DIRECTA" para declaraciones del IRPF cuyos datos fiscales no requieran modificaciones.
• Simplificación del lenguaje administrativo en más de 4,1 millones de documentos.
• Respecto a los sistemas informáticos de facturación, la AEAT va a completar los trabajos realizados para dejar operativos los sistemas que soportan la arquitectura del sistema VERI*FACTU.
• Nuevas opciones de pago, incluyendo Bizum y ampliación del uso de tarjetas.

3. Actuaciones de fomento del cumplimiento y prevención del fraude fiscal

Las principales líneas de actuación en este ámbito son las siguientes:

• Censos: Se prevé trabajar en la conversión del Informador censal, en un Asistente virtual de censos y en la puesta en marcha de Censos Web, un servicio que facilitará al contribuyente el alta de actividades y el cumplimiento asistido del resto de obligaciones censales.
• IRPF: Se aumentan los supuestos en que se pone a disposición del contribuyente del IRPF la posibilidad de autocorregir posibles errores u omisiones mediante declaración complementaria previamente calculada por la propia AEAT; se realiza el adelanto al mes de abril de las comunicaciones a potenciales no declarantes del IRPF que sí están obligados a presentar la declaración; además, en 2025 va a entrar en vigor la posibilidad de presentar autoliquidaciones rectificativas del IRPF e IS del ejercicio 2024, del mismo modo que ya sucede con el IVA.
• Prevención en materia de Aduanas e Impuestos Especiales. En 2025 entrará en funcionamiento la ventanilla única aduanera de la UE que permitirá recibir los certificados, licencias o autorizaciones emitidos por otras autoridades y que resultan necesarios para el levante de las mercancías.
• Simplificación del lenguaje en documentos administrativos. Se va a ampliar la simplificación y mejor explicabilidad a los documentos emitidos en las actuaciones de comprobación del IVA e IS, a los emitidos en el marco del procedimiento sancionador del IRPF, así como en algunos documentos del área de recaudación.

4. Actuaciones en materia recaudatoria

Se potenciarán las acciones de embargo de créditos derivados del cobro mediante terminales de punto de venta (TPV), así como la realización de actuaciones de obtención de información sobre la utilización de dichos terminales. Se anticipará el control y seguimiento preventivo de riesgos de cobro asociados a delitos fiscales y de contrabando. Se da impulso a las actuaciones recaudatorias en los procedimientos concursales y preconcursales. Se fomenta la presencia de funcionarios de recaudación mediante visitas y personaciones para realizar actuaciones ejecutivas y de obtención de información.

Otras medidas de gestión en el ámbito del control recaudatorio son la cooperación con otras Administraciones públicas, poner especial atención a vaciamientos patrimoniales para aparentar insolvencias, utilización de “sociedades refugio”, existencia de vínculos en el exterior o construcción de entramados de sociedades bajo un control único. También el control de la aplicación correcta del régimen de cobranza de determinados avales otorgados por el ICO, fomento de las subastas electrónicas y mejora en la investigación recaudatoria de flujos financieros.

5. Colaboración entre las distintas administraciones tributarias del Estado y Comunidades Autónomas

Se impulsarán, entre otros, los siguientes intercambios de información:

• Intercambios de información sobre los datos censales más relevantes de los obligados tributarios a través del Censo Único Compartido;
• Suministro por las Comunidades Autónomas a la AEAT de la información de las familias numerosas y de los grados de discapacidad;
• Suministro por parte de las Comunidades Autónomas a la AEAT de información sobre fianzas derivadas del arrendamiento de inmuebles y sobre los certificados de eficiencia energética registrados en el 2024 y las resoluciones definitivas de ayudas que hayan concedido por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas;
• Remisión de información por parte de las Comunidades Autónomas sobre la constitución de rentas vitalicias, operaciones de disolución de sociedades y de reducción del capital social con atribución de bienes o derechos de la sociedad a sus socios, préstamos entre particulares y pagos presupuestarios antes de su realización, a efectos de proceder al embargo del correspondiente derecho de crédito en caso de que el arrendador mantenga deudas pendientes de pago con la AEAT;
• Cesión de la información financiera DAC2 que reciba la AEAT en relación con los contribuyentes con domicilio fiscal en cada una de las Comunidades Autónomas.
• Asimismo, la AEAT remitirá a Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas la información detectada que permita la regularización de donaciones no declaradas; e intercambiarán información sobre hechos, operaciones, valores, bienes o rentas con trascendencia tributaria que resulten relevantes para la gestión tributaria de cualquier Administración.