El pasado 1 de marzo de 2023 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que recoge tres nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes:

• Incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes.
• Incapacidad temporal por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo.
• Incapacidad temporal por gestación avanzada desde el primer día de la semana 39 de embarazo.

La entrada en vigor de estas nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal se prevé para el próximo 1 de junio de 2023.

Incapacidad temporal por menstruación incapacitante

Se reconoce una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes a aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociadas a patologías tales como endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos o dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo.

El pago del subsidio correrá a cargo de la Seguridad Social desde el día de la baja en el trabajo. 

Para causar derecho a esta prestación no se requiere la acreditación de un periodo mínimo de cotización. 

Incapacidad temporal por interrupción del embarazo

Se establece una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes en los casos de interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo mientras que la trabajadora reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo. 

En el supuesto de que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, esta tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. 

El pago del subsidio será a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente de la baja, por lo que el empleador deberá abonar el salario íntegro que corresponda en el día de la baja. 

Para causar derecho a esta prestación no se precisa la acreditación de un periodo mínimo de cotización.

Incapacidad especial a partir de la semana 39 del embarazo

Se regula una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes en caso de gestación desde el primer día de la semana 39 de embarazo. 

Para causar derecho a esta prestación se establecen unas reglas especiales en cuanto a la acreditación del periodo mínimo de cotización: 

a. Para trabajadoras menores de 21 años no se exige un periodo mínimo de cotización.

b. Cuando la trabajadora tenga los 21 años cumplidos, pero sea menor de 26 en el momento de inicio del descanso, se exigirá acreditar 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores, considerándose este requisito cumplido si, alternativamente, se acreditan 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. 

c. En el caso de tener cumplidos los 26 años, el periodo mínimo de cotización exigido será de 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se considera cumplido este requisito si, alternativamente, se acreditan 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. 

Al igual que la IT por interrupción del embarazo, el pago del subsidio correrá a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, por lo que el primer día correrá cargo del empleador. 

El subsidio se abonará desde que se inicie la baja laboral hasta la fecha del parto, salvo que con carácter previo la trabajadora hubiera iniciado una situación de riesgo del embarazo, supuesto en el cual permanecerá percibiendo la prestación correspondiente a dicha situación en tanto ésta deba mantenerse.  

Finalmente, y en conexión con lo anterior, conviene recordar que el próximo 1 de abril entran en vigor los cambios sobre el sistema de gestión y control de los procesos de incapacidad temporal aprobado por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre. En particular, destaca la modificación en la comunicación de los partes médicos de baja, confirmación y alta. De esta forma, a partir del 1 de abril, los facultativos del Servicio Público de salud o de la mutua deberán remitir al INSS todos los datos del parte médico. Después, el INSS (y no el trabajador) comunicará, por vía telemática, el parte médico a las empresas que, a su vez, deberán transmitir al INSS, a través del sistema RED, los datos que se determinen por orden ministerial. Esta transmisión no será obligatoria en los casos en los que la empresa no tenga obligación de incorporarse al sistema RED.

Para obtener información más detallada sobre esta reforma, puede consultar en este enlace la alerta publicada el pasado 13 de enero de 2023.

El pasado 21 de febrero de 2023 se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se traspone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, y que entrará en vigor el próximo 13 de marzo de 2023 pasados los veinte días de su publicación.

Dentro del ámbito del compliance o cumplimiento normativo, la normativa obliga a determinados sujetos (entre ellos, empresas de más de cincuenta trabajadores) a contar con un sistema interno de información (canal de denuncias interno), así como con un sistema de gestión y protección de los informantes, evitando represalias contra ellos. La finalidad de esta norma es la de proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma. 

Así, con el fin de proteger a los “informantes”, la Ley obliga a la creación de un canal de denuncias interno, denominado Sistema Interno de Información (SII), a determinadas entidades del sector público y a las personas físicas o jurídicas privadas que cumplan con los siguientes requisitos:

• Tener contratados a 50 o más trabajadores.
• Desarrollar una actividad económica que entre en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores con que cuenten.
• Recibir o gestionar fondos públicos, en caso de tratarse de partidos políticos, sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros.

Con relación al sector público: la ley extiende en toda su amplitud la obligación de contar con un Sistema interno de información. En consecuencia, han de configurar tal sistema las administraciones públicas, ya sean territoriales o institucionales, las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público, así como las corporaciones de Derecho Público, entre otros.

El establecimiento de estos sistemas deberá efectuarse en un plazo no superior a 3 meses desde la entrada en vigor de la norma, esto es, antes del próximo 13 de junio de 2023, excepto en las empresas con menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes, en cuyo caso el plazo se extenderá hasta el siguiente 1 de diciembre de 2023.

El SII será el medio del que dispondrán los informantes para proceder a la denuncia de las infracciones por medios de caneles internos de información que permitirán realizar comunicaciones por escrito, verbalmente o de ambas formas, quedando protegidos por las medidas de apoyo y protección frente a posibles represalias.

Las obligadas deberán nombrar un “responsable del sistema” que se encargará de la gestión del mismo con independencia y autonomía respecto al resto de órganos de la entidad.

Así mismo, la norma incluye un régimen sancionador por incumplimiento de sus disposiciones que determina sanciones de entre 1001 euros por infracciones leves hasta 1.000.000 de euros por infracciones muy graves, así como infracciones no económicas como prohibición de contratar con el sector público.

Por otro lado, la norma crea la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AAI) que podrá también recibir denuncias e informaciones, que es una autoridad administrativa independiente, con un cierto parecido, por ejemplo, a la figura de Presidente/a de la Agencia Española de Protección de Datos, constituyendo un ente de derecho público de ámbito estatal, y sometido al régimen jurídico de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Así mismo, la AAI estará encargada de gestionar un Canal Externo de Comunicaciones al que podrá acceder toda persona física directamente o previa comunicación a través del correspondiente canal interno. 

El 11 de enero de 2023, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 1/2023, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas; norma en la que se aprueban algunas medidas en dos ámbitos distintos. En primer lugar, introduce medidas en materia de incentivos a la contratación laboral y, en segundo lugar, en el ámbito de la Seguridad Social aplicable a los trabajadores, por cuenta propia o ajena, del sector artístico.

I. MEDIDAS EN RELATIVAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL

En este Real Decreto-ley se recogen medidas dirigidas al fomento de la contratación estable, tratando de reducir la temporalidad del empleo, así como medidas para la contratación de determinados colectivos, mediante bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, todo ello con entrada en vigor a partir del próximo 1 de septiembre de 2023:

• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas con capacidad intelectual límite -> Bonificación en cuota de 128 euros/mes con una duración de cuatro años.
• Bonificaciones por la contratación indefinida de personas trabajadoras readmitidas tras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta, siempre y cuando la readmisión no responda a un derecho del trabajador a reincorporarse al puesto de trabajo -> Bonificación en cuota de 138 euros/mes con una duración de dos años.
• Bonificaciones por la contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos, tanto con fines de explotación sexual como laboral -> Bonificación en cuota de 128 euros/mes con una duración de cuatro años.
• Bonificaciones en los contratos de duración cuando se contrate a una persona discapacitada desempleada para sustituir a otra persona con discapacidad en situación de incapacidad temporal -> Bonificación en cuota de 366 euros/mes, con una duración que dependerá de la duración de la sustitución.
• Bonificaciones en la cotización en los supuestos de contratación a menores de 30 años desempleados, para sustituir a una persona en situación de riesgo de embarazo, riesgo de lactancia, nacimiento o cuidado de menos o el ejercicio corresponsable del cuidado del menor -> Bonificación en cuota de 366 euros/mes, con una duración que dependerá de la duración de la sustitución.
• Bonificación en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional -> Bonificación en cuota de 138 euros/mes con una duración que dependerá de la duración del cambio de puesto.
• Bonificación por la contratación indefinida de personas en situación de exclusión social -> Bonificación en cuota de 128 euros/mes con una duración de cuatro años.
• Bonificación por la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración -> Bonificación en cuota de 110 euros/mes con una duración de tres años. En caso de que se contrata a mujeres o mayores de 45 años, la cuantía se incrementa a los 128 euros/mes por un periodo igual, tres años.
• Bonificación por la contratación indefinida de personas víctimas del terrorismo -> Bonificación en cuota de 128 euros/mes con una duración de cuatro años.
• Bonificación por la contratación indefinida por la contratación de menores de 30 años con baja cualificación beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil -> Bonificación en cuota de 275 euros/mes, y su duración se extenderá hasta los 3 años, aplicable el primer año de vigencia del contrato y supeditada a fondos.
• Bonificación por la realización del contrato de formación en alternancia -> Bonificación en cuota de 91 euros/mes, que se podrá aplicar durante toda la duración del contrato, incluidas las prórrogas, e, igualmente, bonificación de 28 euros/mes por los conceptos de recaudación conjunta, durante la duración del contrato, incluidas las prórrogas. Adviértase que estas bonificaciones no serán de aplicación en los contratos de formación en alternancia cuando se suscriban en el marco de programas públicos mixtos de empleo-formación.
• Bonificación a la formación en alternancia -> Se bonifican los costes de la formación recibida, que se calcularán multiplicando el módulo económico establecido por el número de horas, equivalente al 35% de la jornada durante el primer contrato, y el 15% de la jornada del segundo. Cuando el contrato de formación en alternancia se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la cuantía máxima de las bonificaciones que podrá aplicarse la empresa para la financiación de los costes de formación será la que resulte de multiplicar el correspondiente módulo económico por un número de horas equivalente al 50% de la jornada durante el primer año del contrato, y del 25% de la jornada el segundo.
• Bonificación por la transformación en indefinidos de contratos formativos y de relevo -> Bonificación de 128 euros/mes por una duración de 3 años en el caso de los contratos formativos (si los trabajadores son mujeres, la cuantía se incrementa hasta los 147 euros/mes). En el caso de contratos relevo, la cuantía de la bonificación es 55 euros/mes y la duración de tres años (si se trata de una mujer, la cuantía es de 73 euros/mes, con igual duración).
• Bonificación por la contratación indefinida o la incorporación como persona socia en la cooperativa o sociedad laboral de personas que realizan formación práctica en empresas, siempre que opten por el Régimen General -> Bonificación en cuota de 138 euros/mes con una duración de tres años.
• Bonificación por la contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato predoctoral -> Bonificación en cuota de 115 euros/mes y se extiende durante toda la duración del contrato.
• Bonificación por la incorporación al Régimen General de personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales -> Bonificación en la cuota de, por regla general, 73 euros/mes con una duración de tres años. En el caso de menores de 30 años o menores de 35 con una discapacidad de, al menos, el 33%, la cuantía se amplía hasta los 147 euros/mes durante el primer año y de 73 euros/mes durante los dos años restantes.
• Bonificación por la transformación en contratos fijos-discontinuos de contratos temporales suscritos con personas trabajadoras por cuenta ajena agrarias -> Bonificación en cuota de 55 euros/mes con una duración de tres años (en el caso de que el trabajador sea mujer, la cuantía se incrementa a 73 euros/mes).
• Medida de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de las personas trabajadoras con contratos fijos-discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística -> Bonificación en cuota de 262 euros/mes con una duración en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año.
• Bonificación respecto de personas contratadas en determinados sectores de actividad y ámbitos geográficos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -> Bonificación en cuota de 262 euros/mes con una duración que se extiende durante toda la duración del contrato, siempre y cuando las acciones formativas relacionadas con la actividad empresarial tengan un tiempo mínimo de duración de 20 horas cada año.

Los empleadores que pretendan beneficiarse de los incentivos anteriormente previstos, deben reunir los siguientes requisitos: 

(i) No haber sido inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

(ii) No haber sido excluido del acceso a las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo o formación profesional para el empleo.

(iii) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

(iv) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social respecto de cualquier otro recurso que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social.

(v) Contar con un Plan de Igualdad cuando corresponda.

Asimismo, la norma establece una serie de supuestos en los que expresamente se excluye o se declara la incompatibilidad de estos incentivos, en concreto, los siguientes:

(a) Relaciones laborales de carácter especial, con ciertas excepciones de colectivos vulnerables como personas trabajadoras con discapacidad en centros especiales de empleo.

(b) Contratación de parientes del empresario, o de quienes ostenten cargos de dirección, hasta el segundo grado.

(c) Contrataciones con personas trabajadoras que en los 12 meses anteriores a la fecha de alta hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato por tiempo indefinido, o en los últimos 6 meses mediante un contrato de duración determinada o un contrato formativo, cualquiera que sea su modalidad y la duración de su jornada. Quedan fuera de esta exclusión las transformaciones de contratos que estén incentivados conforme al RDL que nos ocupa. 

(d) Personas trabajadoras que hayan causado baja con un contrato de trabajo indefinido para otro empleador en un plazo de 3 meses previos a la fecha del alta con el contrato incentivado. Esta exclusión no se aplicará cuando la finalización del contrato sea por despido improcedente o por despido colectivo.

Además, la cuantía de la bonificación se fija por cada mes natural completo, de forma que cuando la persona trabajadora no figure en alta durante todo un mes natural completo, o la bonificación no fuera aplicable a la totalidad de ese periodo, se prorrateará el importe.

Adviértase también que la cuantía de la bonificación establece para la contratación a tiempo completo. Así, cuando se esté en supuestos de contratos tiempo parcial, las cuantías se reducirán proporcionalmente en función de la jornada establecida, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los incentivos, al 50% de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable, aunque dicho periodo se tendrá en cuenta como consumido para el cómputo del tiempo máximo de disfrute de la bonificación de cuotas.

II. MEDIDAS EN EL SECTOR ARTÍSTICO

En concreto, en lo que respecta al ámbito de la mejora de la protección en la Seguridad Social de los artistas, destacamos las siguientes medidas: (i) se establece una nueva prestación por desempleo para artistas, que pretende ajustarse y adaptar el sistema de prestaciones de la seguridad social a la realidad del trabajo artístico, que se caracteriza por su intermitencia, lo que supone la alternancia de periodos de actividad con otros de inactividad; (ii) la compatibilización de la pensión de jubilación con el desarrollo de otras actividades artísticas y, por último, (iii) una reducción de la cuota de los artistas trabajadores por cuenta propia con ingresos bajos. 

En cuanto a la entrada en vigor, (i) para las medidas encaminadas a lograr la compatibilidad de la jubilación con la actividad en el sector artístico, así como las referidas a la cotización de los autónomos de este sector, a partir del 1 de abril de 2023 y (ii) para la prestación especial por desempleo para artistas y técnicos, a partir del 1 de julio de 2023.

Nueva prestación por desempleo para los artistas

A partir del 1 de julio de 2023, aquellos trabajadores sujetos a una relación laboral especial de artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como los que realicen actividades técnicas y auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad, podrán acogerse a esta nueva prestación, siempre que, 

(i) Acrediten no tener derecho a la prestación contributiva por desempleo. 

(ii) Acrediten 60 días de alta con prestación real de servicios en la actividad artística en los 18 meses anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar, que no hayan sido computadas para le reconocimiento de un derecho anterior. 

(iii) Alternativamente, se podrá acceder siempre que acrediten 180 días de alta en Seguridad Social por prestación real de servicios en la actividad artística o regularizaciones anuales ya efectuadas en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo siempre que no hayan sido tenidas en cuenta para el reconocimiento de una prestación previamente.

Además, las personas trabajadoras no deberán tener derecho a una prestación contributiva ordinaria para poder obtener esta prestación especial. En el caso de que la prestación especial sea más beneficiosa que una prestación previa, pendiente de reanudar, sí podrán optar por recibir la nueva prestación especial.

La duración de esta prestación es de 120 días y su cuantía será de hasta el 100 % del IPREM para los supuestos en los que las cotizaciones superen los 61 euros, y para aquellos supuestos en los que no se supere ese umbral la cuantía de la prestación corresponderá al 80 % del IPREM.

Esta prestación no es compatible con ningún otro tipo de actividad, pero sí con la percepción de derechos de propiedad intelectual y de imagen.

Compatibilidad de la pensión de jubilación con la obtención de rendimientos por la realización de actividades artísticas

Se establece la compatibilidad de la percepción del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística (ya sea por cuenta ajena o propia), incluidas las clases pasivas. 

Esta compatibilidad se extiende a los artistas, intérpretes o ejecutantes de artes escénicas, audiovisuales o musicales, a otros profesionales como, por ejemplo, aquellos que realicen actividades técnicas o auxiliares necesarias. También cabe la compatibilización de la actividad artística con las pensiones contributivas de aquellos beneficiarios que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional.

También será compatible la percepción del 100% de la pensión con el trabajo, por cuenta propia o ajena, de autores de obras literarias, artísticas o científicas, que perciban o no derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros con independencia de que por la misma actividad perciban otras remuneraciones conexas. 

Sin embargo, no podrán acogerse a esta modalidad de compatibilidad el beneficiario de una pensión contributiva que (i) realice, además de la actividad artística, cualquier otro trabajo por cuenta ajena o propia diferente; o (ii) aquellos que se acojan a la modalidad de jubilación anticipada o jubilación parcial. 

Los artistas autónomos que compatibilicen la pensión con un trabajo por cuenta propia estarán obligados a solicitar el alta y cotizar en el RETA, únicamente por contingencias profesionales por una cotización especial de solidaridad del 9% sobre su base de cotización por contingencias comunes (7% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador).

Reducción de la cuota de artistas autónomos con bajos ingresos

Los artistas trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a 3.000 euros tendrán una base de cotización mensual para el año 2023 de 526,14 euros (importe que podrá ser modificado en los años siguientes), lo que supone una cuota mensual de 161 euros, que se irá actualizando en los años siguientes. Además, existe la posibilidad, a solicitud del interesado, de que el ingreso de las cuotas sea trimestral y no mensual.

El 10 de febrero se publicó en el DOGA la Orden de 31 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial (RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento TR357B, TR357C Y TR357D).

El objetivo de estas ayudas e incentivos es impulsar a las empresas a que acuerden medidas de corresponsabilidad y de conciliación de la vida familiar, personal y familiar, así como implantar sistema de gestión de responsabilidad social empresarial.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la Orden en el DOGA, esto es, desde el 11 de febrero hasta el 13 de marzo de 2023 (no computa el 11 de marzo porque es día inhábil). 

Podrán beneficiarse de estas líneas de ayudas tanto pymes como autónomos, que tengan suscritos contratos con trabajadores por cuenta ajena y tengan su domicilio social y centro de trabajo en Galicia, cualquiera que sea su forma jurídica y estén válidamente constituidas. Asimismo, en el caso de la Línea II y III también lo podrán solicitar las empresas que tengan centro de trabajo en Galicia. Además, se requiere un número determinado de trabajadores para cada una de las líneas de ayudas: 

• Para la Línea I las empresas deben contar con mínimo con diez trabajadores y un máximo de cuarenta y nueve.
• En la Línea II, quienes soliciten las Sublíneas 1 y 3 deben contar con un mínimo de una persona trabajadora, mientras que si solicitan la Sublínea 2, deberán contar con un mínimo de cinco trabajadores.
• En la Línea III, deben contar con un mínimo de cinco trabajadores. 

A efectos del cómputo de trabajadores, se atenderá al número de trabajadores por cuenta ajena en la fecha de presentación de la solicitud, debiendo mantener el número mínimo exigido por cada línea de ayudas durante todo el periodo de duración de la ayuda. A efectos de esta ayuda, se entenderá personal trabajador tanto las personas contratadas por cuenta ajena como las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado, siempre y cuando estén encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social. 

En cualquier caso, para todas las líneas de ayudas será necesario que los solicitantes tengan una tasa de estabilidad de, cuanto menos, el 50% desde el 1 de enero de 2023 y durante todo el periodo de ejecución de las ayudas. Para el cálculo de este porcentaje solo se computarán los trabajadores indefinidos a tiempo completo sobre el total de los contratos de la empresa. 

Se establecen tres líneas de ayudas que se estructuran del siguiente modo:

(i) Línea I (TR357C). Elaboración e implantación de planes de igualdad (TR357C)

Se subvencionará, bien de manera conjunta o bien por separado, los siguientes conceptos:

• Los costes de elaboración de una diagnosis de la empresa desde la perspectiva de género.
  La cuantía de la ayuda será de hasta el 80% de los costes, hasta un máximo de 3.000€ en empresas de hasta 20 trabajadores y de 5.000€ en el resto. 

• Los costes derivados de la elaboración de un plan de igualdad que recoja las acciones o medidas que corrijan las deficiencias detectadas en la diagnosis previa y que contenga como mínimo las medidas que se recogen en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
  La cuantía de la ayuda será de hasta el 80% de estos costes hasta un máximo de 1.500€ en empresas de hasta 20 trabajadores y de 3.000€ en el resto. 

• Los costes derivados de la implantación de las medidas previstas en el plan de igualdad que haya aprobado la entidad para su primer año de vigencia (no puede solicitarse la ayuda por este concepto en la misma convocatoria que se solicite los costes mencionados en los dos puntos anteriores).
  La cuantía de la ayuda será de hasta el 80% de los costes, hasta un máximo de 1.000€ en empresas de hasta 20 trabajadores y de 2.000€ en el resto. 

• La contratación, en el grupo de cotización 1 y 2, a jornada completa y, como mínimo de un año a un trabajador con titulación de grado y con experiencia y/o conocimientos acreditados en materia de igualdad, con el objeto de asesorar y coordinar el plan de igualdad. La cuantía de la ayuda será de 12.000€. Esta ayuda es compatible con las ayudas anteriormente referenciadas.

(ii) Línea II (TR357D). Conciliación

a. Sublínea II.1. Incentivos para el fomento del teletrabajo: se incentivará la adopción de acuerdos laborales de teletrabajo. 

Podrán solicitar esta sublínea de ayudas las empresas que, además de cumplir los requisitos generales, no pertenezcan a los sectores de la economía de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y que, (i) formalicen, por lo menos, un acuerdo de teletrabajo por un periodo no inferior a 2 años con una persona ya vinculada a la empresa con una antigüedad de, por lo menos, 1 año y/o (ii) contraten a personal en la modalidad de teletrabajo a jornada completa y acuerden esta situación por un periodo no inferior a dos años. 

El acuerdo de teletrabajo, además del contenido mínimo que establece su normativa reguladora, debe fijar un número mínimo de horas de dedicación al teletrabajo que no podrá ser inferior al 50% de la jornada semanal ordinaria. 

En lo que respecta a la cuantía del incentivo, esta será de 2.000€ por persona trabajadora con acuerdo de teletrabajo, bien por adaptación del contrato o bien por la contratación de un nuevo trabajador, con el límite máximo de 8.000€ por empresa, si bien este límite máximo se incrementará en 1.000€ en empresas en las que la tasa de ocupación femenina sea por lo menos igual a la masculina. 

b. Sublínea II.2. Incentivos para el fomento de la flexibilidad horaria: se incentivará la adopción de acuerdos laborales de flexibilidad horaria

Podrán beneficiarse las empresas que, además de cumplir con los requisitos generales, establezcan en un convenio colectivo de empresa o un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, con la totalidad de la plantilla, medidas de flexibilidad horaria. En todo caso este acuerdo debe detallar las medidas que se van a implantar reflejando las mejoras propuestas respeto de la situación anterior y el compromiso de que dichas medidas se mantendrán durante toda la duración del acuerdo.

La cuantía de estos incentivos será de 8.000€ por empresa solicitante, que podrá incrementarse en 1.000€ cuando la tasa de ocupación femenina sea por lo menos igual a la masculina. 

c. Sublínea II.3. Subvenciones para la adquisición de elementos tecnológicos que posibiliten el teletrabajo

Podrán beneficiarse las empresas que, además de cumplir con los requisitos generales, hayan formalizado acuerdos de teletrabajo en vigor en la fecha de presentación de la solicitud. No podrán solicitar esta subvención las TIC.

Se subvencionarán la adquisición de los siguientes elementos: (i) ordenadores personales; (ii) medios materiales para el acceso a internet; y (iii) todos aquellos elementos periféricos necesarios para las tareas a desarrollar (webcam, impresora, escáner y demás componentes hardware necesarios). Se excluyen expresamente los softwares u otros gastos diferentes a los señalados anteriormente.

La cuantía de estas ayudas consistirá en una subvención de hasta el 80% de la inversión, con el máximo de 1.500€ por persona trabajadora beneficiada y con el límite máximo de 20.000€ por empresa. En las empresas en las que la tasa de ocupación femenina sea, cuanto menos, igual a la masculina la ayuda se verá incrementada en un 10%.

(iii) Línea III: certificaciones de RSE (TR357B)

Se subvenciona la obtención de una certificación o informe de verificación o validación de códigos de conducta, normas o estándares en materia de responsabilidad social empresarial. Podrán ser las que se relacionan a continuación o equivalentes: empresa familiarmente responsable-EFR (conciliación); ISO 19600, SGE 21, global accountability 1000 (AA 1000); EMAS, ISO 14000 (ambiente), SA 8000, IQNet SR10, Bequal (discapacidad), ISO 45001 (seguridad y salud laboral), certificación empresa saludable y, asimismo, sellos de horarios razonables (SHR).

La cuantía de esta ayuda será el pago del 80% de los costes de la certificación obtenida, con un máximo de 2.000€ por empresa. 

Serán subvencionables las acciones para las que se conceden las ayudas o incentivos que se realicen entre el día 1 de enero de 2023 y hasta la fecha del plazo de justificación de las actividades.

Las solicitudes de las distintas líneas deberán formalizarse por separado para cada una de ellas y, en su caso, para cada una de las sublíneas, y deberán presentarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la Xunta de Galicia.

Estas ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, por lo que para su concesión se atenderá a unos criterios de valoración, que prevén distinta puntuación a partir de una serie de criterios como, por ejemplo, el número de trabajadores de la empresa, la tasa de estabilidad del personal, si el centro de trabajo está situado en un municipio rural, si el administrador de la entidad es una mujer o por la integración en la empresa de personas con discapacidad, además de otros criterios particulares para cada una de las líneas de ayudas.

Una vez concedida la ayuda o incentivo, el pago se realizará una vez se acrediten los gastos y pagos realizados hasta el tope máximo de la cuantía. Las empresas podrán justificar las ayudas hasta el 31 de octubre de 2023, salvo que en la resolución de concesión se establezca, de forma motivada, una fecha posterior que, en todo caso, tendrá que estar comprendida en el año 2023.

El día 15 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 99/2023, por el que se eleva la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a partir del 1 de enero de 2023.

El Real Decreto fija las cuantías del SMI aplicables tanto a los trabajadores fijos como aquellos eventuales o temporeros, así como para los empleados del hogar familiar, y que suponen un incremento del 8% respecto de las cuantías fijadas para el año 2022. 

Así, para el 2023 la cuantía del SMI a jornada completa queda fijada 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas, que equivale a 1.260 euros mensuales en 12 pagas (15.120 euros brutos anuales), o 36 euros brutos al día, según el salario este fijado por días o meses.

En el caso de trabajadores eventuales o temporeros cuyos servicios en una empresa no excedan de 120 días, el salario no podrá ser inferior a 51,15 euros por jornada y en el caso de empleados del hogar familiar que trabajen por horas, el salario mínimo será de 8,45 euros por hora trabajada.

Este incremento tiene, como antes referimos, efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.