Alertas informativas

Nuevos reales decretos-ley en materia de vivienda: qué cambia y cuándo será aplicable

En síntesis. Tras la derogación el 2 de octubre de los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, el BOE del 7 de octubre de 2026 publicó dos nuevos decretos de contenido similar, con algunos cambios. El Real Decreto-ley 29/2026 (medidas generales de vivienda, alquiler y fiscalidad) entró en vigor el 8 de octubre. El Real Decreto-ley 28/2026 (renovación de los contratos por periodos de cinco años e indemnización al inquilino) entrará en vigor el 15 de noviembre. Ambos están pendientes de ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso y su convalidación no está garantizada. Atención: aunque el Real Decreto-ley 28/2026 aún no esté en vigor, toma el 7 de octubre de 2026 como referencia para las comunicaciones de no renovación que se envíen a los inquilinos.

1. Trámite parlamentario

El 2 de octubre el Pleno del Congreso rechazó la convalidación de los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, que quedaron derogados. Tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de octubre los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, publicados en el BOE del 7 de octubre.

Disueltas las Cámaras, la Constitución (art. 78.2) atribuye a la Diputación Permanente las facultades del Congreso respecto de los reales decretos-leyes, por lo que será esta quien deba pronunciarse sobre su convalidación en el plazo de treinta días desde su aprobación, es decir, a primeros de noviembre. Cada decreto se vota por separado y el resultado es incierto, en especial para el Real Decreto-ley 28/2026, para el que el propio Gobierno ha reconocido no contar con apoyos suficientes.

La aprobación de nuevo, a los pocos días, de normas sustancialmente coincidentes con las derogadas ha suscitado dudas de constitucionalidad. El Gobierno justifica en la exposición de motivos que la extraordinaria y urgente necesidad subsiste y cita precedentes de decretos-leyes no convalidados que fueron sustituidos por otros posteriores. No se descarta su impugnación ante el Tribunal Constitucional.

2. Real Decreto-ley 29/2026: en vigor desde el 8 de octubre

Reproduce en lo esencial el derogado Real Decreto-ley 26/2026, con algunas novedades. Sus medidas son aplicables desde ya, aunque de forma provisional hasta la convalidación.

A. Alquiler de vivienda habitual

  • Prórroga extraordinaria de hasta dos años, por anualidades y en las mismas condiciones, que el inquilino puede solicitar si ha estado al corriente del pago durante los ocho meses anteriores. Se aplica a los contratos vigentes cuyo plazo obligatorio de cinco o siete años termine antes del 31 de diciembre de 2028, y también a los que terminen su periodo de prórrogas anuales o de tácita reconducción. La prórroga no se aplica si propietario e inquilino pactan otras condiciones o firman un nuevo contrato o renuevan con una renta al menos un 5 % inferior. Fuera de esos casos de acuerdo, el propietario solo puede negarse si acredita la necesidad real de la vivienda para sí o sus familiares, aunque el contrato no prevea esa posibilidad. Las solicitudes ya formuladas al amparo del Real Decreto-ley 8/2026 (que estuvo vigente desde el 22/03/2026 hasta el 30/04/2026) siguen siendo válidas.
  • Límite a la actualización de la renta hasta el 31 de diciembre de 2027: como máximo un 2 % si no hay acuerdo, y ninguna subida si la renta supera el índice de referencia.
  • Limitaciones al propietario: no puede repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria ni de formalización, ni los tributos de la vivienda salvo que el inquilino sea el obligado tributario, ni exigirle un seguro de impago. Si no atiende reparaciones que afecten a la habitabilidad, el inquilino puede hacerlas y descontarlas de la renta.
  • Alquiler de temporada y por habitaciones: el de temporada exige una causa real de desplazamiento, expresada en el contrato y que debe probar el propietario, y una duración de más de 31 días y, como regla general, no más de doce meses; si no se cumple, se aplica el régimen de vivienda habitual. La garantía adicional se limita a una mensualidad. En habitaciones, la suma de las rentas no puede superar la de la vivienda completa.
  • Publicidad de alquileres (novedad): los anuncios deben incluir, cuando proceda, el índice de referencia de precios (en zonas tensionadas), el límite de renta aplicable, el número o código identificativo de la vivienda y la condición de gran tenedor del propietario.

B. Impagos y desahucios

  • Suspensión de desahucios de inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, también en procedimientos en curso en los que no se haya practicado el lanzamiento. Su alcance depende del propietario: si es un “fondo” como entidad de las descritas en el apartado 2.1 del Real Decreto-ley 29/2026 (entidad dedicada a adquirir viviendas o préstamos por debajo de su valor), la suspensión se extiende hasta 2030 y sin compensación; en los demás casos, puede durar hasta tres años y la Administración compensa al propietario persona física o entidad de alquiler asequible (no si es otro tipo de sociedad). No hay suspensión por la vulnerabilidad económica del inquilino cuando el propietario es una persona física con dos viviendas o menos.
  • En los desahucios por impago de inquilinos vulnerables en los que los arrendadores no sean fondos, la Administración dispone de un plazo de dos meses, con el procedimiento suspendido, para ofrecer una alternativa habitacional o, en su defecto, pagar o consignar judicialmente la totalidad de la deuda y las costas. Si transcurre ese plazo sin alternativa habitacional ni pago o consignación íntegros, la Administración queda automáticamente subrogada en la posición deudora del arrendatario, no procede el lanzamiento y el contrato se mantiene hasta su expiración mientras persista la situación de vulnerabilidad.

C. Fiscalidad

  • IRPF del arrendador: se modifica el régimen de reducciones aplicable al alquiler de vivienda premiando el mantener o bajar la renta (hasta el 100 % si baja más de un 5 % y se cumplen determinados requisitos, el 50 % si se mantiene y entre el 40 % y el 15 % si sube). Los contratos firmados hasta el 1 de diciembre de 2026 conservan las reducciones anteriores. Desde 2027 se encarecen la imputación de rentas por viviendas vacías y la cesión de viviendas a familiares.
  • IRPF del inquilino: nueva deducción estatal del 10 % por alquiler de vivienda habitual para rentas bajas (contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros, con límites en función de la renta).
  • Viviendas turísticas: desde el 1 de diciembre de 2026, las estancias de hasta 30 noches en viviendas que no sean la habitual del propietario tributan al IVA del 10 %, lo que supone darse de alta en el impuesto y repercutirlo en las facturas. La cesión turística no podrá superar 31 días y los anuncios deberán incluir el código de registro de la vivienda. Los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán aplicar recargos en el IBI de las viviendas turísticas.
  • Otras medidas: aplicación del IVA del 10 % a determinadas obras de rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler habitual, nuevo gravamen especial sobre beneficios no distribuidos de las SOCIMI en su actividad residencial, con reducciones vinculadas al alquiler asequible, y exención en el IRPF de determinadas ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas a Administraciones públicas o entidades dependientes para su incorporación al parque público de vivienda.

D. Otras medidas

  • Limitación de compras especulativas: hasta el 31 de diciembre de 2030, se limita la adquisición de viviendas a título gratuito u oneroso por un precio inferior al 70 % de su valor de mercado por parte de determinadas entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados, así como de las personas jurídicas que sean grandes tenedores y entidades de su grupo o que actúen por su cuenta, con las excepciones previstas en la norma.
  • Préstamos TU CASA: se crea una línea de financiación, gestionada por el ICO y dotada con 10.000 millones de euros, para facilitar la compra de la primera vivienda habitual. Los préstamos serán sin intereses ni comisiones y podrán financiar el menor importe entre el 20 % del valor de la vivienda y 50.000 euros. Las viviendas adquiridas quedarán sujetas permanentemente a un precio máximo de transmisión.

3. Real Decreto-ley 28/2026: entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026

Como el plazo de convalidación termina antes de esa fecha, en la práctica solo llegará a aplicarse si la Diputación Permanente lo convalida. Su contenido es, en síntesis:

  • Renovación por bloques de cinco años: cumplidos los cinco primeros años de contrato (siete si el propietario es una sociedad), el contrato se renueva obligatoriamente por periodos sucesivos de la misma duración, salvo que una de las partes comunique que no desea continuar. El propietario debe avisar con seis meses de antelación y el inquilino, con dos.
  • Indemnización por no renovar: el propietario que no renueve debe pagar al inquilino, al entregarse la vivienda, la mayor de estas cantidades: doce mensualidades, o una mensualidad por cada año de residencia, calculadas en ambos casos sobre el valor máximo que corresponda a la vivienda en el sistema estatal de índices de referencia de precios. Si no existe ese valor, se calcula sobre la renta vigente. Si la vivienda se vende, la obligación pasa al comprador.
    • Cuándo no hay indemnización: i) cuando, haciéndolo constar de forma expresa, detallada y por escrito en el preaviso, el propietario persona física necesite la vivienda para sí o familiares hasta el segundo grado; ii) cuando el inquilino no la habite más de seis de los últimos doce meses sin causa justificada o iii) tenga otra vivienda en el municipio; iv) cuando se firme un nuevo contrato; o v) el inquilino rechace una oferta de nuevo contrato de cinco años con renta ajustada a los límites legales. Tampoco procede si el inquilino tiene derecho a una prórroga legal obligatoria y no la solicita; si la solicita, la indemnización se aplaza al final de esa prórroga.
  • Contratos vigentes: se aplica a los vencimientos posteriores al 15 de noviembre. Si en esa fecha quedan menos de seis meses para el vencimiento, basta un preaviso de cuatro meses. Los contratos en periodo de prórrogas anuales continúan en él hasta su término, y los que están en tácita reconducción pasan al nuevo régimen en su primer vencimiento posterior al 15 de noviembre.
  • Comunicaciones de no renovación: las enviadas válidamente antes del 7 de octubre de 2026 conservan su eficacia y no dan derecho a indemnización, aunque después el inquilino obtenga una prórroga extraordinaria. Las enviadas desde esa fecha quedarán sujetas al nuevo régimen si el decreto se convalida.

4. Qué recomendamos hacer ahora

  • No aplicar actualizaciones de renta superiores al 2 % sin revisar el límite aplicable, y atender en plazo las solicitudes de prórroga que reciba de sus inquilinos.
  • Revisar los modelos de contrato, especialmente los de temporada, y los anuncios de alquiler para adaptarlos a los nuevos requisitos.
  • Si tiene previsto comunicar a un inquilino que no renovará su contrato, hacerlo por escrito y de forma fehaciente, respetando el plazo de preaviso que resulte aplicable y expresando con detalle la causa, cuando exista. En particular, conviene valorar previamente el posible coste de la indemnización si el Real Decreto-ley 28/2026 entra finalmente en vigor. Las comunicaciones efectuadas desde el 7 de octubre quedan sujetas al nuevo régimen si el decreto se convalida.
  • Titulares de viviendas turísticas: preparar el alta en IVA y la adaptación de tarifas y facturación para las estancias a partir del 1 de diciembre, y revisar sus anuncios.

Si no se convalidan. 

Si la Diputación Permanente no convalida el Real Decreto-ley 29/2026, sus medidas dejarán de aplicarse, aunque, con carácter general, se mantendrán los efectos producidos mientras estuvo en vigor. 

Si no se convalida el Real Decreto-ley 28/2026, este no llegará a entrar en vigor, ya que su entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026.

Les informaremos del resultado de la votación en la Diputación Permanente.

Quedamos a su disposición para analizar su caso concreto.

Esta alerta tiene carácter informativo y general. Recoge la normativa publicada a 7 de octubre de 2026, pendiente de convalidación parlamentaria, y no sustituye al asesoramiento sobre cada caso concreto.



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