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Nuevo Real Decreto Ley 30/2020: medidas sociales en defensa del empleo. Prórroga de los ERTEs

El pasado 30 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que se reguló la tan esperada prórroga de los ERTEs con motivo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

Esta norma amplía el ámbito temporal de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el próximo 31 de enero de 2021 e introduce otras novedades, como la incorporación de nuevas figuras dentro del ámbito de estos ERTE por causa de fuerza mayor (el ERTE por impedimento y ERTE por limitaciones), la inclusión de medidas específicas en materia de cotización consistentes en diferentes porcentajes de exoneración en las cuotas a la Seguridad Social según el tipo de ERTE asociado, la extensión de la mal llamada “prohibición de despedir” o las medidas adoptadas para el apoyo de los trabajadores autónomos. Se incluyen adicionalmente otras medidas no vinculadas al ámbito laboral.

A continuación hacemos un breve resumen de las referidas novedades.



MEDIDAS LABORALES


Tipos de ERTEs y exoneraciones empresariales

Por un lado, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor y aquellos derivados de causas técnicas, económicas, organizativas y de producción hasta el 31 de enero de 2021, aunque en estos dos últimos casos, solo las empresas de determinadas actividades económicas tendrán exoneraciones en sus cuotas de la Seguridad Social. Por otro lado, la norma crea dos nuevos ERTE para todo tipo de compañías: por impedimento (las medidas sanitarias impiden ejercer la actividad) y por limitación (las medidas limitan la actividad). 

Prórroga ERTES por causa COVID (fuerza mayor y ETOP)

Se aprueba la prórroga automática de todos los ERTE por causa de fuerza mayor vigentes (art. 22 del RD-ley 8/2020) hasta el 31 de enero de 2021.

Por otro lado, los ERTE por causas ETOP (causas Empresariales, Técnicas, Organizativas o de Producción) vinculadas al COVID-19, que se inicien con la entrada en vigor de la norma y hasta el 31 de enero de 2021, les seguirá siendo aplicable el artículo 23 del Real Decreto–ley 8/2020, como hasta ahora, aunque tendrán las siguientes especialidades:

  • La tramitación podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor.
  • Si el ERTE ETOP se inicia tras uno de fuerza mayor, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de éste. 
  • Además, aquellos expedientes vigentes que finalicen durante la entrada en vigor de esta norma, podrán ser prorrogados siempre que se alcance acuerdo en periodo de consultas.

En lo referente a estos dos tipos de ERTEs, cabe advertir en todo caso que la exoneración de cuotas en el ámbito de la Seguridad Social existentes hasta ahora no resultará aplicable. Se establece a partir de ahora un nuevo sistema de exoneraciones de cuotas sólo para empresas relacionadas en la Disposición Adicional Primera del presente Real Decreto, “empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad”.

Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas pertenecientes a sectores más afectados con un CNAE relacionado en el Anexo de la norma (se trata principalmente de sectores vinculados al turismo, el comercio, la cultura y el ocio), así como aquéllas que formen parte de la cadena de valor de las anteriores. Con respecto a estas últimas, la norma hace referencia a aquellas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas antes aludidas o que formen parte de la cadena de valor de éstas (empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los CNAE referidos en el anexo, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos CNAE).

Las referidas empresas quedarán exoneradas en el 85% de la aportación empresarial devengada de octubre de 2020 a enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, y del 75% de la aportación empresarial, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores de alta a 29 de febrero de 2020.

Nuevos ERTES por Impedimento y por Limitación

Este real decreto-ley regula, dentro del ámbito de los ERTEs por causa de fuerza mayor, los denominados ERTE por impedimento, reconociendo una serie de exoneraciones para aquellas empresas que, perteneciendo a cualquier sector, vean impedido el desarrollo de su actividad a consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias que se puedan adoptar, a partir de 1 de octubre, por autoridades españolas o extranjeras, siempre que previamente obtengan la autorización de un ERTE por causa de fuerza mayor, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de impedimento.

Estas exoneraciones alcanzarán el 100% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre hasta el 31 de enero de 2021 (en caso de empresas de menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020), y del 90% en caso de empresas con 50 o más trabajadores.

Por otra parte, la norma se refiere a los ERTE de fuerza mayor por limitaciones, para empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas. En este caso, previa autorización del expediente, las empresas podrán aplicar los siguientes porcentajes de exoneraciones:

  • En empresas de menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 100%, el 90%, el 85% y el 80% correlativamente para los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021.
  • En empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración será del 90%, 80%, 75% y 70% correlativamente para el mismo periodo.

Como nota común a estos ERTEs por impedimento o limitación por causa de fuerza mayor, cabe hacer referencia a que estas exenciones se aplicarán a instancia de la empresa, que deberá presentar una declaración responsable. 


Mantenimiento de límites y prohibiciones

La norma mantiene las obligaciones vigentes a día de hoy para los ERTE de fuerza mayor y los aplica a los 4 tipos de ERTE, también los nuevos. Así, no podrán acogerse a estas exoneraciones en las cuotas las empresas con sede en paraísos fiscales. Además, las empresas de 50 trabajadores o más no podrán repartir dividendos con respecto al ejercicio fiscal en que se apliquen estos ERTEs. Tampoco se podrán realizar horas extra o contratar o externalizar servicios mientras dure el ERTE, excepto si se justifica que las personas que están afectadas no tienen formación o capacidad para asumir esos nuevos puestos y, por tanto, se hace obligatorio contratar fuera de la empresa. Además, se extiende la cláusula de mantener el empleo durante seis meses y, si ya tenían ese compromiso en un ERTE anterior, ese tiempo no empezará a computar hasta que no acabe el vigente. Asimismo, seguirá vigente hasta el 31 de enero de 2021 la previsión que no considera causa justificativa del despido la fuerza mayor y las causas objetivas que amparan los ERTE COVID (la comúnmente conocida como “prohibición de despedir por causas COVID”) y la interrupción del cómputo de los contratos temporales afectados por una suspensión del contrato.


Medidas de protección de las personas trabajadoras

Como hasta ahora, las personas trabajadoras no se verán afectadas en la prestación por desempleo asociada a los ERTES por el transcurso de los seis meses de prestación, manteniéndose en el 70% de la base reguladora del trabajador.

Además, las personas trabajadoras afectadas por estos ERTE podrán acceder al desempleo sin tener el mínimo cotizado. 

Con respecto al no consumo de la prestación de desempleo (contador a 0) respecto de las prestaciones derivadas de ERTE COVID se mantiene sólo hasta el 30 de septiembre, pero para aquellos trabajadores que accedan a una nueva prestación antes del 1 de enero de 2022 por la finalización de un contrato temporal, por un despido objetivo o por un despido improcedente, no se computarán las prestaciones consumidas desde el 30 de septiembre por ERTES COVID que generaron este derecho.

Por último, se establece que los afectados por estos expedientes serán colectivo prioritario a la hora de acceder a la formación para el empleo.


Medidas de apoyo a los autónomos

Las ayudas a los autónomos se amplían hasta el 31 de enero de 2021, concretamente las prestaciones por cese compatible con la actividad y para los autónomos de temporada que desarrollen su actividad entre los meses de junio a diciembre de 2020. Además, se crea una nueva prestación extraordinaria dirigida a aquellos autónomos con una suspensión temporal de TODA su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID-19, y otra ayuda extraordinaria por bajos ingresos, para aquellos que no cumplan los requisitos de las precedentes. 

Con respecto a la primera, la prestación por cese de actividad ordinario, se prevé para aquellos que no hayan recuperado ingresos o empeoren su situación en el cuarto trimestre. Podrán acceder tanto los que ya la estén percibiendo, como aquellos que la recibían con anterioridad a 30 de junio -con menos requisitos-, y la dejaron de percibir, pero la podrían volver a percibir ahora por cumplimiento de los requisitos. 

A este respecto, además de haber cotizado los 12 meses anteriores a la solicitud (en el caso de que sea la primera vez) es necesario que la facturación del cuarto trimestre baje un 75% con respecto al mismo periodo de 2019 y que su rendimiento neto en ese periodo no supere los 5.818,75 euros o, lo que es lo mismo, no más de 1.939,58 euros al mes. 

Esta prestación es compatible tanto con el trabajo por cuenta ajena (que no supere los 1.187,25 euros mensuales) y el trabajo por cuenta propia (que ambos ingresos no superen los 2.090). No obstante, si se compatibiliza con otro trabajo por cuenta ajena, la ayuda será del 50%, y no del 70%.

En segundo lugar, con respecto a las ayudas a autónomos de temporada, se prorrogan modificándose el tiempo por el que un trabajador será considerado así, pues se hace referencia a haber trabajado al menos cuatro meses al año en los dos últimos años entre junio y diciembre. Al respecto, se mantienen las condiciones e incompatibilidades: no podrán recibirla aquellos que hayan trabajado por cuenta ajena más de 120 días anuales entre 2018 y 2019. Sus ingresos de 2020 no pueden superar los 23.275 euros, no hayan recibido prestaciones de la Seguridad Social entre enero y junio de este año, salvo aquellas compatibles con su actividad, y no tuvieran actividad entre marzo y mayo.

Se añaden, como decíamos, otros dos tipos de ayuda a autónomos, la de suspensión de actividad por resolución gubernativa y la extraordinaria de bajos ingresos.

La primera, denominada ayuda por suspensión de actividad, se crea para aquellos que tengan que cerrar sus negocios por decisiones administrativas. Será condición imprescindible haber estado de alta los 30 días naturales anteriores a la solicitud y durará lo que duren las medidas que paralicen su trabajo (desde el día siguiente a la adopción de la medida de cierre y hasta el último día de mes en que se acuerde el levantamiento de la medida), debiendo solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes al acuerdo o resolución de cese de actividad.

La segunda es la denominada ayuda de bajos ingresos, está destinada a cubrir a quienes no cumplen las condiciones de las anteriores (por ejemplo, porque desde julio se exige tener cotizados los 12 meses anteriores) siempre y cuando sus ingresos en el último trimestre de 2020 no superen el salario mínimo interprofesional (950 euros mensuales). En este caso tendrán que demostrar además que sus ingresos bajan en este cuarto trimestre un 50% con respecto al primer trimestre del año.

En estos dos últimos casos, el subsidio es del 50% de la base. Esa cantidad baja al 40% para cada uno en el caso de que algún familiar de primer grado de la unidad de convivencia también tenga derecho a la misma prestación. Solo en el caso de los ceses por suspensión de actividad, pero no en el de bajos ingresos, esa cantidad puede subir hasta el 70%, en el caso de familias numerosas y solo si los ingresos por esa actividad son los únicos que entran en el hogar.

En ambos casos, no se pagará cotización (desde el primer día de mes en que se adopta la medida y hasta el último día del mes siguiente en que se levante la medida) aunque el período transcurrido se entienda como cotizado, y será obligatorio estar al corriente de pago, aunque se puede dar un margen extra de un mes para que se pongan al día. Ambas son también incompatibles con el trabajo por cuenta propia, en cualquier caso, y con el trabajo por cuenta ajena que supere los 1.187,5 euros mensuales, así como con los ingresos por rendimientos de la sociedad o prestaciones de la Seguridad Social que no sean compatibles con su actividad.

Estas prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.


OTRAS MEDIDAS



MEDIDAS FISCALES

El Real Decreto-ley 30/2020, recoge una modificación del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, el número 30 del artículo 45.I.B), declarando exentas de este impuesto las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, y de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús. Esta modificación ya se había contemplado con anterioridad en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que, al haber sido posteriormente derogado, se hace necesario volver a incorporar a través de la presente norma. 

Adicionalmente, la norma también establece una bonificación del pago de los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria señalada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio de 2020.



MEDIDAS SOCIALES

Se amplía hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios lanzamientos para hogares vulnerables, así como y la moratoria o condonación parcial de renta para grandes tenedores en el caso de arrendamientos de viviendas, y se amplían los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses.


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* La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

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