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Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Real Decreto-ley 16/2020: Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Real Decreto-ley 16/2020: Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia


Este Real Decreto-ley adopta una serie de medidas extraordinarias con los siguientes objetivos i) reactivar progresivamente el normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales; ii) contribuir a la continuidad de las empresas ante posibles concursos de acreedores; y iii) hacer frente al previsible aumento de litigiosidad consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas en el contexto del Estado de Alarma por la crisis sanitaria declarada por el COVID-19.

Estas medidas entran en vigor el día 30 de abril de 2020 y afectan a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de dicha fecha, con independencia de cuándo se hubiera iniciado el procedimiento del que traen causa. 

A continuación, les mostramos un resumen de las principales medidas aprobadas:



I. ÁMBITO PROCESAL


HABILITACIÓN PARCIAL DEL MES DE AGOSTO: De forma excepcional, se declaran urgentes todas las actuaciones procesales y se declaran hábiles los días del 11 a 31 del mes de agosto del 2020, con excepción de los sábados, domingos y festivos (salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales).


REGLAS DE CÓMPUTO DE PLAZOS PROCESALES: Se establece que los plazos y términos procesales que han quedado suspendidos durante el estado de alarma -Disp. Adic. 2ª RD 463/2020, de 14 de marzo- volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.


AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS: Los plazos para la interposición de recursos frente a resoluciones que pongan fin a un procedimiento y que se hayan notificado durante el Estado de Alarma o dentro de los veinte días hábiles siguientes a su levantamiento, se amplían por un plazo igual al previsto para su interposición.


TRAMITACIÓN PREFERENTE DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS: Se establece un periodo que abarca desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se tramitarán con carácter preferente los siguientes procedimientos:

(i) En el orden civil: los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en los que se adopten las medidas del artículo 158 del Código Civil, así como el procedimiento especial y sumario en materia de derecho de familia como consecuencia del COVID-19; y los procesos derivados de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, los procesos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudieran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria del contrato, los procedimientos concursales de deudores que sean personas naturales y que no tengan la condición de empresarios.

(ii) En el orden contencioso-administrativo: los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. 

(iii) En el orden social: determinados procedimientos sociales, como son los procesos por despido o extinción de contrato, los derivados de los permisos retribuidos recuperables, los procedimientos por aplicación del plan MECUIDA, los procedimientos para la impugnación de los ERTE COVID-19 y los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia.



II. ÁMBITO CONCURSAL


MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONCURSAL: Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, se permitirá al deudor solicitar la modificación del convenio que esté en período de cumplimiento. No cambian los procedimiento y régimen de mayorías, no afectando el nuevo convenio a créditos nacidos tras la aprobación del convenio ni a los acreedores privilegiados, salvo que lo apoyen expresamente, siendo el plazo el de los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma.


APLAZAMIENTO DEL DEBER DE SOLICITAR LA APARTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN: Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, y siempre que haya una admisión a trámite de la propuesta de nuevo convenio, no estará obligado a solicitar la liquidación el deudor que conozca la imposibilidad de cumplir el convenio aprobado o las obligaciones adquiridas después.

En el mismo plazo de un año, el Juzgado no acordará la apertura de la liquidación, aunque el acreedor acredite algún hecho de los que puedan fundamentar la declaración de concurso.

Si se incumple un convenio aprobado o modificado dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, se considerarán créditos contra la masa los derivados de ingresos de tesorería por financiación o constitución de garantías personales o reales, incluidas las especialmente relacionadas, que constaran en el convenio.


ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN: Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma el deudor podrá iniciar negociaciones para promover un acuerdo de refinanciación, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

En los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, se trasladarán al deudor las solicitudes de incumplimiento del acuerdo de refinanciación homologado que se presenten para darle la oportunidad de renegociarlo o negociar uno nuevo, cuya tramitación tendría preferencia sobre aquéllas.


REGIMEN ESPECIAL DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES: Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor en situación de insolvencia no tendrá obligación de solicitar la declaración de concurso y no se admitirán a trámite solicitudes de concurso necesario. 

Además, en ese mismo plazo, se dará preferencia a la solicitud de concurso voluntario del deudor, aun cuando fuera de fecha posterior a la de concurso necesario.

Esta disposición implica la derogación del artículo 43 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.


FINANCIACIÓN Y PAGOS POR PERSONAS ESPECIALMENTE REALACIONADAS CON EL DEUDOR: 

La financiación otorgada tras la declaración del estado de alarma por una persona especialmente relacionada con el deudor dará lugar a un crédito ordinario en el concurso que se declare dentro de los dos años siguientes al comienzo de aquel estado. 

Misma calificación tendrá el crédito en que se subrogue una persona especialmente relacionada con el deudor como consecuencia de haber satisfecho un crédito ordinario o privilegiado.


IMPUGNACIÓN DE INVENTARIO Y DE LA LISTA DE ACREEDORES: En los concursos de acreedores en los que la administración concursal aún no hubiera presentado inventario y lista provisional de acreedores, y en aquellos que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores solamente se admitirá prueba documental y pericial y por regla general no será necesaria la celebración de vista. Se tendrá por allanado al demandado que no conteste a la demanda, excepto al acreedor público.

 

TRAMITACIÓN PREFERENTE: Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del Estado de Alarma, se tramitarán con carácter preferente: (i) los incidentes laborales; (ii) las ventas de unidades productivas; (iii) las propuestas de convenio o de la modificación de los mismos y los incidentes de oposición a la aprobación del convenio; (iv) las acciones de reintegración; (v) las solicitudes de homologación de acuerdos de refinanciación o renegociación de los homologados; y (vi) las medidas cautelares.

 

APROBACIÓN DE PLANES DE LIQUIDACIÓN: Los juzgados aprobarán con inmediatez los planes de liquidación ya presentados y requerirán la urgente presentación de dichos planes en los concursos que estén en fase de liquidación.


ENAJENACIÓN DE LA MASA ACTIVA: Se establece la obligatoriedad de la subasta extrajudicial para liquidar activos concursales, aunque el plan de liquidación dispusiera otra cosa. Sin embargo, en cualquier fase del concurso, las unidades productivas se realizarán a través de cualquier sistema de venta y se estará al procedimiento acordado para aquellos bienes afectos cuya enajenación ya hubiera sido autorizada judicialmente.

 

AGILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS: Dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma, si se acredita que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal designado, se considerará que el acuerdo extrajudicial se ha intentado por el deudor sin éxito. 



III. ÁMBITO MERCANTIL


SUSPENSIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS: No se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 a los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio del deber de solicitar el concurso conforme al presente real decreto-ley. 

Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse la celebración de junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en suficiente medida. 



IV. MEDIDAS LABORALES 


IMPUGNACIÓN ERTES: La impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP) por parte de la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 se tramitará conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo.


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