Hoy ha sido publicado en el BOE el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Después de la Sentencia del Tribunal Constitucional (aún no publicada en el BOE), el método de cálculo de la Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana – Plusvalía Municipal – quedó anulado por inconstitucional, creando una situación de incertidumbre sobre la forma de cálculo de dicho Impuesto.

El Real Decreto-ley 26/2021, publicado hoy, y que entra en vigor mañana, viene a tapar ese agujero legislativo, proponiendo una nueva forma de cálculo para este Impuesto. A grades rasgos, lo que propone es una suerte de opción, según la cual el contribuyente puede elegir entre (1) que se le calcule la base imponible del Impuesto como hasta ahora, basándose en el valor catastral (modificado, el nuevo “valor de referencia”) con aplicación de unos coeficientes determinados, o bien (2) un nuevo método de estimación en el que el contribuyente podrá probar la plusvalía real obtenida para tributar por ella.

De esta forma, queda claro, y expresamente se establece en la norma, que la inexistencia de incremento de valor conllevará que no se pague el Impuesto.

Por último, señalar que no se establece la retroactividad de esta nueva norma, por lo que se crea un limbo de hechos imponibles previos, que en algunos casos se devengaron bajo la normativa anterior, y en otros se sucedieron teóricamente cuando la normativa estaba anulada según lo dispuesto por la Nota Informativa del Tribunal Constitucional, por lo que no se liquidaron en base a una normativa concreta.

Veremos cómo empiezan a pronunciarse los Ayuntamientos a este respecto.

Para cualquier duda, como siempre, estamos a su disposición.

El Tribunal Constitucional publicó el pasado martes 26 de octubre una Nota informativa anunciando la reciente adopción de una sentencia en la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En el día de hoy se nos ha dado traslado del contenido de dicha sentencia, con fecha de emisión del 26 de octubre de 2021.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha considerado en la misma que son inconstitucionales y nulos los artículos antes mencionados, porque la norma define un método objetivo para determinar la base imponible del Impuesto que determina que siempre exista aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

“En consecuencia, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE)”.

Este Impuesto ya se había adaptado en el pasado, debido a sentencias anteriores del mismo Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el Impuesto: i) cuando la transmisión de inmueble había generado pérdidas al transmitente, y ii) en los supuestos en los que el impuesto superaba en importe a la ganancia derivada de la transmisión. 

La sentencia dictada ahora declara nulo el método para calcular el impuesto, con independencia de que exista o no ganancia en la transmisión.

Así, por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad y, por lo tanto, debe ser ahora el legislador- y no el Tribunal sentenciador- el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a la legalidad.

Al respecto, el Gobierno ya ha anunciado mediante comunicado de prensa que “Hacienda revisará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos”, por lo que se espera una tramitación parlamentaria al respecto.

En cuanto a las situaciones susceptibles de ser objeto de reclamación, el Tribunal determina que no pueden revisarse las obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.

Por tanto, según la literalidad de lo reproducido anteriormente parece que no va a ser posible solicitar la devolución de los ingresos indebidos en el caso de autoliquidaciones cuya rectificación no se haya solicitado a la fecha de esta sentencia – 26 de octubre-. Tampoco será posible obtener la devolución de las liquidaciones no impugnadas a dicha fecha. Distinto es el caso de liquidaciones que estén pendientes de pago y resolución, o recurridas en los tribunales, o en las que no haya finalizado el plazo para reclamarlas.