Durante este mes de mayo se han venido publicando en el BOE diferentes normas en materia laboral y de Seguridad Social, en concreto, acerca de la jubilación (jubilación demorada para personas con discapacidad y la regulación sobre la opción mixta en el caso de demora en la edad de jubilación) y en prevención de riesgos laborales en caso de fenómenos meteorológicos, como las altas temperaturas.

A continuación, pasamos a analizar cada una de estas nuevas medidas. 

(I)   Prevención frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos

El pasado 12 de mayo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas, en cuya disposición final primera viene a modificar el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Así, cuando se desarrollen trabajos al aire libre o en lugares de trabajo que no puedan estar cerrados, la empresa deberá tomar las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, entre las que se incluyen expresamente las temperaturas extremas. 

Estas medidas deberán valorarse en la evaluación de prevención de riesgos laborales, tomando en consideración varios factores: (i) los fenómenos meteorológicos, (ii) las tareas del trabajador y (iii) las características personales o el estado biológico conocido por el trabajador. Esto incluye la prohibición de desarrollar determinas tareas durante las horas del día en las que concurran estos fenómenos meteorológicos, siempre que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección del trabajador.

En el caso de que la Agencia Estatal de Meteorología o los órganos autonómicos correspondientes, comunique aviso de fenómenos meteorológicos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas acordadas por la empresa no garantizaran la protección de los trabajadores, entonces la empresa obligatoriamente deberá adaptar las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de la jornada. 

(II)   Jubilación anticipada para personas con discapacidad

El 17 de mayo de 2023 se publicó el BOE el Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.

De acuerdo con esta norma, a partir del 1 de junio de 2023 podrán optar a la jubilación anticipada aquellos trabajadores, por cuenta ajena o propia incluidos en cualquier Régimen de la Seguridad Social, que acrediten el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la pensión de jubilación (15 años) estando afectados durante ese periodo por alguna de las patologías mencionadas en el Anexo de discapacidades del RD 370/2023 y dentro de ese periodo durante al menos 5 años estuviera afectado por un grado de discapacidad igual o superior al 45%. 

Asimismo, también podrán beneficiarse de esta medida las personas que tengan más de una patología discapacitante si la suma de sus dolencias supera el 45% de discapacidad, así como cuando al menos una de las dolencias se recoja en el Anexo del RD 370/2023 y esta suponga como mínimo el 33% del total del grado de discapacidad acreditado. 

La acreditación de la discapacidad se podrá realizar bien mediante informe médico que indique la fecha en la que se inició o se manifestó la patología, o bien mediante un certificado del Instituto de Mayores y Servicios Sociales o de los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma en el que se acredite que la discapacidad ha sido igual o superior al 45% durante al menos 5 años, indicando la fecha en la que se ha iniciado o manifestado la discapacidad. 

Las discapacidades que dan lugar a la reducción de la edad de jubilación se indican en el Anexo de este Real Decreto 370/2023.

(III)   Complementos por demora en la jubilación

El 17 de mayo de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que viene a modificar la Ley General de la Seguridad Social con el fin de regular el incentivo por demora de la edad de jubilación que combina el incremento en un porcentaje de la pensión junto con el abono de una cantidad a tanto alzado. 

En la actualidad, aquellos trabajadores que demoren la edad de jubilación pueden beneficiarse de determinados incentivos, que serán abonados de las siguientes maneras:

(a) Un porcentaje adicional del 4% cada año completo cotizado.

(b) Una cantidad a tanto alzado por cada año completo, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años cotizados acreditados.

(c) Una combinación de las opciones anteriores en los términos que se determine reglamentariamente. 

Pues bien, el objeto de esta norma es desarrollar esta tercera opción, es decir, fijar las condiciones para el cobro del incentivo mediante la opción mixta (cobro de cantidad a tanto alzado y del porcentaje adicional). 

Así las cosas, aquellas personas que opten por esta fórmula y retrasen la edad de jubilación entre 2 y 10 años, este complemento consistirá en la suma de:

- Un porcentaje del 4% adicional por cada año de la mitad de ese periodo. 

- Una cantidad a tanto alzado por el resto del periodo considerado.

Si se acreditan más de 11 años en la demora de la jubilación, entonces el complemento consistirá en:

- Una cantidad a tanto alzado por 5 años de ese periodo.

- Un porcentaje adicional del 4% por cada uno de los años restantes. 

La elección de esta opción deberá realizarse en el momento de la solicitud de la pensión de jubilación y se aplicará a las pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir del 18 de mayo de 2023.

El pasado 17 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esta norma, entre otras medidas, modifica la Ley General de la Seguridad Social, en concreto, incluye la Disposición Adicional Quincuagésima Segunda, con la finalidad de incluir en el sistema de Seguridad Social (Seg. Social) a los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas en el Régimen General de la Seg. Social.  

La entrada en vigor de estas medidas tendrá lugar el próximo 1 de octubre de 2023 (Disposición Final 10 del citado Real Decreto-Ley).

Prácticas afectadas por esta modificación 

A partir de la entrada en vigor deberán estar dados de alta en el sistema de Seg. Social todos los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación o realicen prácticas académicas externas, sean estas remuneradas o no.

Las prácticas a las que les será de aplicación esta normativa serán (i) las realizadas por alumnos universitarios, tanto las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, master o doctorado, como las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad, ya sea de un master de formación permanentes, diploma de especialización o un diploma de experto y (ii) las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que no se presten en régimen de formación profesional intensiva. 

Inclusión en el Régimen General y acción protectora

Todos los alumnos que realicen las prácticas anteriormente referenciadas quedarán incluidos en el sistema de Seg. Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General, excluidos los sistemas especiales (salvo que las prácticas se realicen a bordo de embarcaciones, en cuyo caso se incluirán en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar). 

En lo que respecta a las obligaciones con la Seg. Social, dependerá de si las prácticas son o no remuneradas:

- Si las prácticas son remuneradas, el obligado será la entidad u organismo que financie el programa de formación, que asumirá la condición de empresario. Si el programa está cofinanciado por dos o más entidades u organismo, entonces tendrá la consideración de empresario el que haga efectiva la contraprestación económica. 

Las altas y bajas se practicarán conforme la normativa general. 

- En el supuesto de prácticas no remuneradas, el cumplimiento de las obligaciones con la Seg. Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en el que se realicen estas, salvo que el convenio o acuerdo de cooperación que se suscriba para su realización se disponga que las obligaciones corresponderán al centro de formación responsable de la oferta formativa.  

Las altas y bajas se realizarán con la normativa general, si bien el alta se deberá efectuar al inicio de las prácticas y la baja a la finalización de estas, sin perjuicio de que para la cotización a la Seg. Social y su acción protectora solo se tengan en cuenta los días en que se realicen las prácticas. El plazo para comunicar las bajas y altas será de 10 días naturales desde el inicio o finalización de las mismas.

En lo que respecta a la acción protectora será la que corresponda al Régimen de Seg. Social aplicable, con exclusión de la protección por desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional. En el caso de prácticas no remuneradas también se excluye la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

Las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, se abonarán por la entidad gestora o, en su caso, por la mutua colaboradora, mediante pago directo de la misma. Las prestaciones por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes o profesionales se abonarán por pago delegado. 

En el caso de personas que estuvieran realizando prácticas con fecha anterior a la entrada en vigor de esta norma (1 de octubre de 2023) podrán suscribir un convenio especial por una única vez, en el plazo, términos y condiciones que se determinarán por el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, para que puedan computar la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas efectuadas antes de la fecha de entrada en vigor (1 de octubre de 2023), hasta un máximo de 2 años. 

Cotización a la Seguridad Social

La cotización a la Seg. Social será diferente en el caso de que las prácticas sean remuneradas o no:

(1) En el caso de que las prácticas sean remuneradas, la cotización se realizará aplicando las reglas correspondientes a los contratos formativos en alternancia. 

La base de cotización mensual aplicable a efectos de prestaciones será la base mínima de cotización del grupo 7, salvo en los meses en los que el alta no se extienda a la totalidad de los mismos, en cuyo caso la base de cotización será la parte proporcional de dicha base mínima. 

(2) Si las prácticas no son remuneradas, la cotización será una cuota empresarial por cada día de prácticas formativas. En este caso, a efectos de prestaciones, cada día de prácticas formativas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que se pueda sobrepasar el número de días del mes correspondiente. 

La base de cotización mensual consistirá en el resultado de multiplica la base mínima de cotización vigente en cada momento del grupo 8 por el número de didas de prácticas realizadas en el mes natural, con el límite del importe de la base mínima del grupo 7.

En lo que respecta al plazo de ingreso de las cuotas a la Seg. Social de las prácticas no remuneradas, 

a. El ingreso de las cuotas de los meses de enero, febrero y marzo se efectuará en abril. 

b. El ingreso de los meses de abril, mayo y junio, se efectuará en julio. 

c. El ingreso de los meses de julio, agosto y septiembre, se efectuará en octubre. 

d. El ingreso de los meses de octubre, noviembre y diciembre se efectuará en enero. 

Tanto si las prácticas son remuneradas o no, se excluye la cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.  

La norma también prevé una reducción del 95% en la cotización en la cuota empresarial a la Seg. Social, tanto si las prácticas son remuneradas o no.

El pasado 17 de marzo de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que pretende culminar la reforma del sistema público de pensiones, y que supone una modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Es una norma con entrada en vigor, con carácter general, desde el 18 de marzo de 2023, con excepciones.

Este nuevo Real Decreto-ley (RDl) trae importantes modificaciones en la normativa laboral y de la seguridad social, continuando la senda de reforma del sistema público de pensiones iniciado con la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y continuado con la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones. 

El presente Real Decreto-ley 2/2023 trae novedades, mayoritariamente, en los siguientes ámbitos: i) blindar la revalorización de las pensiones presentes y futuras; ii) revalorizar las pensiones mínimas y no contributivas; y iii) no penalizar a los trabajadores que hayan contado con carreras irregulares

A continuación, les resumimos las principales novedades.

I. COTIZACIONES

i. Aumento de la base máxima de cotización

El tope máximo de la base de cotización será actualizado anualmente en el mismo porcentaje que se establezca para la revalorización de las pensiones contributivas (conforme al IPC).

Además de este aumento, la disposición transitoria trigésima octava indica que desde el año 2024 hasta el año 2050 se irá sumando una cuantía fija anual de 1,2 puntos porcentuales. Así las cosas, la base de cotización máxima subirá más que la revalorización de las pensiones.

ii. Cotización adicional de solidaridad

Se establece una cotización adicional denominada de solidaridad para aquellos salarios que superen la base máxima de cotización, situada actualmente en 53.946 euros anuales. 

Sobre el nombre de “solidaridad” esta hace referencia a que la cuota no tiene carácter contributivo y, por lo tanto, no genera derecho a ningún tipo de contraprestación en la cuantía de la pensión.

Esta cotización de solidaridad entrará en vigor a partir del uno de enero de 2025, pero se calculará de forma progresiva hasta el año 2045. La Disposición transitoria cuadragésima de la Ley General de la Seguridad Social recoge el cuadro de aplicación de la cotización adicional de solidaridad, que comienza en un baremo de entre el 0,92% y el 1,17% en 2025, y que irá incrementando su porcentaje un 0,25% al año, hasta llegar en 2045 a un baremo entre el 5,5% y el 7%. 

La distribución de los tipos de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantendrá la misma proporción que la distribución del tipo general de cotización.

iii. Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Existe un mecanismo de equidad intergeneracional consistente en una cotización finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación que se fija en 2023 en 0.60 puntos porcentuales (0,5% para la empresa y 0,1% para el trabajador). Con este RD-l se incrementa progresivamente este MEI en una décima cada años, del 0,6% en 2023 hasta alcanzar el 1,2% en 2050. 

iv. Incremento del complemento de Brecha de género.

La norma determina que el importe del complemento de brecha de género establecido en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social tendrá un incremento, adicional a la revalorización anual, del 10 por ciento en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios según determinen las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado.

Esta modificación tiene como finalidad adecuar la aplicación de la norma al objetivo perseguido con su aprobación y también reconocimiento del complemento por brecha de género también a los hombres siempre que cumplan determinadas condiciones, y aplicando ciertas limitaciones.

Asimismo, el Real Decreto Ley mejora la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres, de forma que se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80% de la base mínima, frente al 50% actual.

Asimismo, se precisa cómo deben calcularse las pensiones de los respectivos progenitores para determinar cuál de ellas es más alta a efectos de acreditar los requisitos exigidos para obtener el complemento. La modificación se acompaña con disposición transitoria para que pueda beneficiar también a hechos causantes anteriores a la entrada en vigor de este RDl 2/2023 y desde la vigencia del complemento por brecha de género.

v. Cotización: Protección a las familias

Se tienen por efectivamente cotizados a los efectos de prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, los tres primeros años del período de excedencia (anteriormente durante el primer año de excedencia) que los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 del del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

Con la modificación del apartado 3º de dicho artículo, se extiende también a los tres primeros años (antes dos años) del periodo de reducción de jornada por cuidado de menor del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Durante estos periodos se computarán las cotizaciones incrementadas en un 100% de la cuantía que hubiera correspondido sin la reducción

vi. Cotización: Equiparación de trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos

Se simplifica la redacción y equipara el cómputo al trabajo a tiempo completo. Así, a efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, y nacimiento y cuidado de menor se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos.

Por otra parte, se clarifica la situación de los trabajadores fijos discontinuos, que tienen el tratamiento de trabajadores a tiempo parcial a efectos del sistema de la Seguridad Social, para la determinación de la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal. Además, la nueva redacción del apartado 2, relativo a la integración de períodos sin obligación de cotizar de estos trabajadores, elimina la previsión de que la base de cotización a tener en cuenta para cubrir dichos períodos deba ser, de entre las aplicables en cada momento, «la correspondiente al número de horas contratadas en último término», lo que incrementa la base reguladora.

vii. Medidas para los alumnos que realicen prácticas formativas o académicas

Se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Se trata de las prácticas realizadas por alumnos universitarios. También se incluyen las realizadas por alumnos de formación profesional, siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. 

La cotización difiere según que se trata de: 

- prácticas formativas remuneradas: que se regirán por las reglas de cotización correspondientes a los contratos formativos en alternancia, utilizando como base de cotización mensual la base mínima de cotización vigente en cada momento respecto del grupo de cotización 7

- practicas formativas no remuneradas: en las se pagará una cuota empresarial por cada día de prácticas formativas por contingencias comunes y por contingencias profesionales, que será establecidas para cada ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado

II. PENSIONES

i. Revalorización de las Pensiones

Todas las pensiones (no sólo la mínima), así como el complemento de brecha de género, tanto en el importe máximo como en el mínimo, se revalorizarán anualmente con el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Además, la cuantía máxima de la pensión que se perciba por cualquier tipo de pensión (jubilación, incapacidad permanente) que se causen desde el año 2025 hasta el año 2050 se incrementarán anualmente, además de con el IPC, adicionalmente con el 0,115% cada año de manera acumulativa, lo que implica un aumento de un 3%, teniendo en cuenta que ese 3% no es real ya que es acumulativo cada año. Posteriormente, desde el año 2051, el incremento anual adicional aplicable para determinar la cuantía máxima inicial de las pensiones causadas desde ese año hasta 2065 será el recogido en una tabla, que oscila del 3,2% en el año 2051, al 20% en el año 2065.

ii. Límite de cuantía de las pensiones en caso de concurrencia

Se aclara que en el caso de pensiones concurrentes, es decir, cuando se perciban dos o más pensiones, nunca se podrá superar el importe de la cuantía máxima vigente en la fecha del hecho causante de la nueva pensión, es decir, de la última pensión reconocida.

Si se extinguiera una de las pensiones concurrentes, la suma de las restantes no podrá superar la cuantía máxima vigente en el ejercicio en el que se reconoció la última pensión en vigor, sin perjuicio de las revalorizaciones posteriores.

iii. Refuerzo y mejora de las pensiones mínimas

Con objeto de preservar el objetivo de suficiencia y reducción de la pobreza la norma establece como importe mínimo para la pensión de jubilación contributiva y la pensión de viudedad y las pensiones contributivas con cónyuge a cargo equivalente al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.

Se establece un régimen de incremento de las pensiones contributivas y no contributivas entre 2024 y 2027 destinado a reducir esta brecha entre las pensiones mínimas y el umbral de pobreza para que llegado el término todas sean iguales a la cuantía de referencia.

iv. Pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales

Se automatiza el reconocimiento automático y provisional de las pensiones regulada por normas internacionales cuando se compruebe que el solicitante reúne todos los requisitos para acceder a la misma, computando únicamente las cotizaciones efectuadas en España.

v. Régimen dual de período de cómputo

Se aborda el problema al que se enfrentan quienes acceden a la pensión de jubilación con carreras de cotización irregulares marcadas por la inestabilidad y la precariedad laboral; aquellas mujeres con amplios periodos de lagunas de cotización vinculadas al cuidado de los hijos; y los que se vieron más golpeados por la crisis económica y financiera de la pasada década. Con el fin de compensar el impacto de negativo de estas circunstancias se establece una nueva configuración en el acceso a la pensión de jubilación:

- Tomando con referencia los últimos 25 años cotizados, que es el período de cómputo actual (esta regla se aplicará cuando la base reguladora de la pensión resultante más beneficiosa para la persona que accede a la pensión que la siguiente).

- Tomando como referencia 29 años, de los que se podrán excluir los dos peores de cotización (veintisiete mensualidades de cotización). Esta opción se introducirá de manera progresiva, desde 2026 a 2038.

III. JUBILACIÓN

i. Base reguladora de la pensión de jubilación

Se amplía a 27 años el período a tener en cuenta para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación (324 meses).

Para ello, se selecciona primero los 29 años (348 meses) consecutivos anteriores a la fecha de jubilación. Si en dicho periodo existieran lagunas de cotización, se integran, como actualmente, las primeras 48 mensualidades con la base mínima del Régimen General y el resto de mensualidades, con el 50% de esta base mínima. La modificación introducida consiste en que en la regulación vigente la base mínima aplicable es la base mínima entre toda las existentes en el sistema, y ahora se pasa a determinar cuál es la correspondiente al Régimen General. De estas 348 bases de cotización, el sistema selecciona las 324 bases de cotización (27 años), de mayor importe.

Estas modificaciones relativas al modo de cálculo de la pensión de jubilación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, si bien hasta el 1 de enero de 2037 se aplicarán de forma gradual conforme a la disposición transitoria prevista en la norma.

Por otra parte, se regula específicamente otro régimen transitorio para los supuestos de aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación (Disposición Transitoria Cuarta de la Ley General de la Seguridad Social) hasta 2044.

ii. Jubilación parcial – Pacto de Toledo

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este RD-l, y previa negociación en el marco del diálogo social, el Gobierno presentará ante el Pacto de Toledo una propuesta de modificación de la regulación de la jubilación parcial en el sistema de Seguridad Social que garantice un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión; que preserve la calidad del empleo de los relevistas; y que equilibre el coste que esta modalidad de pensión tiene para el sistema. Para la adopción de las referidas modificaciones se tendrá en cuenta la incidencia que las mismas pueden tener en los distintos sectores de la actividad especialmente en de la industria manufacturera

El pasado 5 de enero de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por le que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporales en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

Las modificaciones que a continuación se detallan entrarán en vigor el próximo 1 de abril de 2023, y se aplicará tanto a los procesos que se inicien a partir de esa fecha, como aquellos que se estén tramitando y que no hayan superado los 365 días.   

La principal reforma que se establece es que, a partir de la citada fecha, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que, por vía telemática, comunique directamente a las empresas los partes de baja, confirmación y alta de los trabajadores.

Hasta la fecha, el trabajador que se encontrara en situación de incapacidad temporal (IT) debía presentar copia en papel de los partes médicos a la empresa, la cual, además, debía cumplimentar determinados datos requeridos y remitirlos a la entidad gestora.  

A partir de la entrada en vigor de esta norma, el facultativo entregará copia del parte médico al trabajador y será el servicio público de salud o la mutua la que remita todos los datos del parte médico al INSS de forma inmediata y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. Una vez recibido por el INSS el parte, éste, a su vez, comunicará a las empresas, como máximo en el primer día hábil siguiente al de su recepción, los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes.

Tras esta comunicación, la empresa deberá transmitir al INSS, a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (mecanismo RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación del parte, los datos que se determinen mediante orden ministerial. Esta transmisión no será obligatoria en los casos en los que las empresas no tengan obligación de incorporarse al sistema RED.  

Además de esta modificación se establecen otras de menor alcance. Por una parte, se permite que el facultativo pueda fijar la revisión médica en un periodo inferior al indicado en cada caso. Por otra parte, el incumplimiento de la obligación de transmisión de datos por parte de la empresa podrá constituir una infracción leve de la contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuya sanción va entre los 70 a 750 euros. 

Con fecha 23 de febrero se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos normas que afectan directamente al ámbito social; Por un lado, el Real Decreto-ley 2/2022, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; Por otro lado, el Real Decreto 152/2022, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional  para el 2022.

Real Decreto-ley 2/2022

Con vigencia desde el 24 de febrero, el RDL 2/2022, pretende proporcionar seguridad jurídica tanto a las empresas como a las personas trabajadoras, para una transición adecuada de la normativa excepcional de emergencia a un marco jurídico estable previsto por el Real Decreto-ley 32/2021 (Reforma Laboral). 

A continuación relacionamos las materias que abarca esta regulación:

I. Prórroga de los ERTE COVID hasta el 31 de marzo

Se prorrogan automáticamente hasta el 31/03/2022 los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID vigentes a 28/02/2022, como vía para que transición para que las empresas  con ERTE-Covid puedan cambiar su modelo y adaptarse al esquema estructural que se pactó en la reforma laboral. No obstante, se reducen las exoneraciones en la cotización de la Seguridad Social. 

En materia de desempleo, se mantienen los mecanismos de protección vigentes, como el “contador a cero” y la exoneración del periodo de carencia, y se prolonga un mes más las prestaciones extraordinarias para las personas con contrato fijo discontinuo.

II. Medidas a favor de los trabajadores autónomos

Se establecen exenciones a las obligaciones de cotización para los trabajadores autónomos que estuvieran percibiendo a 28/02/2022 las prestaciones por cese de actividad previstas  para hacer frente al COVID-19 y no accedan a otras nuevas, si bien se concreta su alcance a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022, y se fijan los porcentajes de exoneración entre el 90 y el 25 por ciento, en función del mes de su aplicación.

Se prorrogará hasta el 30/06/2022, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda actividad adoptada por la autoridad competente como medida para contener la propagación del COVID-19, siendo también beneficiarios de exenciones en la cotización en los mismos términos que el punto anterior.

III. Prórroga del Plan MECUIDA

Se prórroga hasta el 30/06/2022 la vigencia del plan MECUIDA, que permite adaptar el horario y reducir la jornada cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19, debiendo ser la medida justificada y proporcionada. Dentro de esta medida de conciliación de adaptación de jornada, se incluye el cambio en la forma de prestación de trabajo, teletrabajo.

IV. Reducción de jornada por cuidado de hijos por cáncer u otra enfermedad grave extinguida por cumplimiento de los 18 años de edad

Se reconoce el derecho de los trabajadores que hubieran visto extinguida su reducción de jornada por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, por haber cumplido 18 años de edad antes del 1/1/22022, volver a solicitarla, siempre que el hijo o persona sujeta a guarda con fines de adopción o acogimiento no haya cumplido los 23 años.

V. Prestación y subsidio de desempleo

La duración de las prestaciones y subsidios, para artistas en espectáculos públicos, para el personal técnico o auxiliar en el sector de la cultura y para profesionales taurinos, se prorroga hasta el día 30 de junio de 2022.

VI. Modificaciones legislativas

Se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la prohibición de corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a los consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

Se modifican los plazos establecidos en el Real Decreto 401/2021, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores.

Real Decreto-152/2022

En lo que respecta al RD 152/2022, Se fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional vigente con efectos desde el 1/1/2022, quedando establecido en 1.000€ mensuales, esta cuantía supone un incremento del 3,63% con respecto a las fijadas hasta diciembre de 2021.

Estamos a su disposición para aclarar cualquier cuestión que al respecto les pueda surgir.