El pasado 1 de marzo de 2023 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que recoge tres nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes:

• Incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes.
• Incapacidad temporal por interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo.
• Incapacidad temporal por gestación avanzada desde el primer día de la semana 39 de embarazo.

La entrada en vigor de estas nuevas situaciones especiales de incapacidad temporal se prevé para el próximo 1 de junio de 2023.

Incapacidad temporal por menstruación incapacitante

Se reconoce una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes a aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociadas a patologías tales como endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos o dificultad en la salida de sangre menstrual de cualquier tipo.

El pago del subsidio correrá a cargo de la Seguridad Social desde el día de la baja en el trabajo. 

Para causar derecho a esta prestación no se requiere la acreditación de un periodo mínimo de cotización. 

Incapacidad temporal por interrupción del embarazo

Se establece una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes en los casos de interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo mientras que la trabajadora reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo. 

En el supuesto de que la interrupción del embarazo sea debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, esta tendrá la consideración de situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales. 

El pago del subsidio será a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente de la baja, por lo que el empleador deberá abonar el salario íntegro que corresponda en el día de la baja. 

Para causar derecho a esta prestación no se precisa la acreditación de un periodo mínimo de cotización.

Incapacidad especial a partir de la semana 39 del embarazo

Se regula una situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes en caso de gestación desde el primer día de la semana 39 de embarazo. 

Para causar derecho a esta prestación se establecen unas reglas especiales en cuanto a la acreditación del periodo mínimo de cotización: 

a. Para trabajadoras menores de 21 años no se exige un periodo mínimo de cotización.

b. Cuando la trabajadora tenga los 21 años cumplidos, pero sea menor de 26 en el momento de inicio del descanso, se exigirá acreditar 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores, considerándose este requisito cumplido si, alternativamente, se acreditan 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. 

c. En el caso de tener cumplidos los 26 años, el periodo mínimo de cotización exigido será de 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se considera cumplido este requisito si, alternativamente, se acreditan 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. 

Al igual que la IT por interrupción del embarazo, el pago del subsidio correrá a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, por lo que el primer día correrá cargo del empleador. 

El subsidio se abonará desde que se inicie la baja laboral hasta la fecha del parto, salvo que con carácter previo la trabajadora hubiera iniciado una situación de riesgo del embarazo, supuesto en el cual permanecerá percibiendo la prestación correspondiente a dicha situación en tanto ésta deba mantenerse.  

Finalmente, y en conexión con lo anterior, conviene recordar que el próximo 1 de abril entran en vigor los cambios sobre el sistema de gestión y control de los procesos de incapacidad temporal aprobado por el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre. En particular, destaca la modificación en la comunicación de los partes médicos de baja, confirmación y alta. De esta forma, a partir del 1 de abril, los facultativos del Servicio Público de salud o de la mutua deberán remitir al INSS todos los datos del parte médico. Después, el INSS (y no el trabajador) comunicará, por vía telemática, el parte médico a las empresas que, a su vez, deberán transmitir al INSS, a través del sistema RED, los datos que se determinen por orden ministerial. Esta transmisión no será obligatoria en los casos en los que la empresa no tenga obligación de incorporarse al sistema RED.

Para obtener información más detallada sobre esta reforma, puede consultar en este enlace la alerta publicada el pasado 13 de enero de 2023.

El pasado 5 de enero de 2023 se publicó en el BOE el Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por le que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporales en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. 

Las modificaciones que a continuación se detallan entrarán en vigor el próximo 1 de abril de 2023, y se aplicará tanto a los procesos que se inicien a partir de esa fecha, como aquellos que se estén tramitando y que no hayan superado los 365 días.   

La principal reforma que se establece es que, a partir de la citada fecha, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que, por vía telemática, comunique directamente a las empresas los partes de baja, confirmación y alta de los trabajadores.

Hasta la fecha, el trabajador que se encontrara en situación de incapacidad temporal (IT) debía presentar copia en papel de los partes médicos a la empresa, la cual, además, debía cumplimentar determinados datos requeridos y remitirlos a la entidad gestora.  

A partir de la entrada en vigor de esta norma, el facultativo entregará copia del parte médico al trabajador y será el servicio público de salud o la mutua la que remita todos los datos del parte médico al INSS de forma inmediata y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición. Una vez recibido por el INSS el parte, éste, a su vez, comunicará a las empresas, como máximo en el primer día hábil siguiente al de su recepción, los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes.

Tras esta comunicación, la empresa deberá transmitir al INSS, a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (mecanismo RED), con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación del parte, los datos que se determinen mediante orden ministerial. Esta transmisión no será obligatoria en los casos en los que las empresas no tengan obligación de incorporarse al sistema RED.  

Además de esta modificación se establecen otras de menor alcance. Por una parte, se permite que el facultativo pueda fijar la revisión médica en un periodo inferior al indicado en cada caso. Por otra parte, el incumplimiento de la obligación de transmisión de datos por parte de la empresa podrá constituir una infracción leve de la contempladas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuya sanción va entre los 70 a 750 euros.