El pasado 15 de octubre se publicaron en el BOE la Ley 4/2020 del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y la Ley 5/2020 del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, por las que se implantan estos nuevos tributos situando la entrada en vigor en el plazo de tres meses desde esta aprobación.

IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES: TASA GOOGLE

El Impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como 'tasa Google', gravará algunas operaciones de las grandes tecnológicas, entendidas como aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, siendo el caso, por ejemplo, de Google, Facebook y Amazon. 

Se establece un tipo del 3% a los ingresos generados por servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos. Estarán dentro del territorio de aplicación del Impuesto aquellos contribuyentes que presten servicios digitales cuyos usuarios puedan vincularse de algún modo al territorio nacional, utilizándose generalmente para este fin la localización a partir de las direcciones de protocolo de Internet (IP).

Así, el Impuesto está pensado para gravar operaciones con aplicaciones, redes sociales, páginas web, plataformas y, en general, cualquier servicio ‘online’ que no pueda existir sin la implicación de los usuarios. Se excluye de este Impuesto a las ‘telecos’, al comercio electrónico y las entregas de bienes entre usuarios, sin existencia de intermediario.

El devengo del Impuesto se producirá por cada prestación de servicios gravada, y el período de liquidación será trimestral.

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS: TASA TOBIN

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como 'tasa Tobin', gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Eso sí, sólo se someterán a gravamen las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Igualmente se grabarán las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de depósito representativos de las acciones a las que nos referimos previamente. 

No se gravará, así, la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas en ningún caso. Además, se declaran exentas determinadas operaciones propias del mercado primario (salida a Bolsa de una compañía), las necesarias para el correcto funcionamiento de los mercados, las que vengan originadas por operaciones de reestructuración empresarial o por medidas de resolución, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.

El sujeto pasivo es el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición, y deberá presentar una declaración anual del Impuesto.

Recientemente, se ha publicado en el BOE del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que, además de regular el teletrabajo, incorpora también otras medidas laborales y tributarias de importancia, como la agilización de la tramitación del ingreso mínimo vital, la prórroga del plan MECUIDA y la extensión hasta el 31 de octubre de 2020 del tipo cero de IVA para transacciones con determinado material sanitario.

Unos días antes a esta aprobación, se publicó también la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la administración de justicia, que adopta una serie de medidas en el ámbito concursal que pueden resultar de cierto interés, bien por su novedad o bien por haber cambiado la norma que la precedió, el RDL 16/2020 publicado durante la primera oleada de la pandemia. Adicionalmente, en el ámbito de la jurisdicción social, con respecto al ámbito laboral, la norma regula también medidas de agilización de determinados procedimientos relacionados con el COVID-19.

Realizamos a continuación un pequeño resumen de las medidas de mayor relevancia en las referidas normativas.

REAL DECRETO-LEY 28/2020 DE TRABAJO A DISTANCIA

LABORAL - REGULACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA

El Real Decreto-ley ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia ha sentado definitivamente una primera regulación del trabajo a distancia (en el que se encuadra el teletrabajo). Consideramos oportuno destacar los siguientes aspectos:

DEFINICIÓN DE TRABAJO A DISTANCIA 

La norma define como trabajo a distancia la forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por este, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

Cuando esta organización del trabajo se lleva a cabo de forma exclusiva o prevalente por medio de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, se categoriza como Teletrabajo. 

TRABAJADORES AFECTADOS

Aquellos que presten sus servicios a distancia con carácter regular. Se entenderá por regular aquel que abarque un mínimo del 30% de la jornada en un período de referencia de 3 meses -o bien el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo-. 

Debe matizarse que los contratos celebrados con menores y los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, se deberá establecer como mínimo un 50% de la prestación de servicios de manera presencial. 

IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN

Se deberán garantizar los mismos derechos que disfrutarían si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, no pudiendo sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborables. Asimismo, se le deberán garantizar los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad. 

DERECHOS DEL TRABAJADOR A DISTANCIA

Dentro del abanico del Decreto-ley 28/2020 se contemplan: derecho a la formación, derecho a la promoción profesional, derecho al horario flexible en los términos del acuerdo, derecho al registro horario adecuado, derecho a la intimidad y a la protección de datos, derecho a la desconexión digital, derechos colectivos, así como el derecho a la prevención de riesgos laborales (supuesto este último en el que deberá elaborarse un plan específico para los trabajadores a distancia). 

También debe subrayarse que no se podrá exigir la utilización de dispositivos electrónicos privados en el trabajo a distancia, ni la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador, debiendo la empresa establecer los criterios de utilización de éstos, respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad, así como los términos de uso. Los convenios o acuerdos colectivos podrán especificar los términos dentro de los cuales los empleados pueden hacer uso por motivos personales de los equipos informáticos puestos a su disposición por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales y las particularidades del trabajo a distancia.

Consideramos oportuno profundizar más en aquellos aspectos relativos a la “dotación y mantenimiento de medios y al abono y compensación de gastos”, por cuanto supusieron uno de los principales escollos de la negociación. 

En la actual normativa se establece que las personas que trabajan a distancia tendrán derecho a la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se le deberán abonar y compensar todos los gastos ocasionados con motivo del trabajo a distancia por parte de la empresa. 

El gran interrogante que surge es si la entrega de los medios, equipos y herramientas responde únicamente a una finalidad profesional (el desempeño de la actividad laboral) o si pueden también utilizarse para fines personales, en cuyo caso se podría plantear el tratamiento fiscal y de Seguridad Social aplicable a las retribuciones en especie.

VOLUNTARIEDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA Y POSIBLIDAD DE REVERSIÓN

Para ambas partes rige la voluntariedad y requerirá la firma de un acuerdo de trabajo a distancia que podrá formar parte inicial del contrato o bien realizarse en un momento posterior. No cabe la imposición de forma unilateral por ninguna de las partes intervinientes. 

Las partes podrán revertir el acuerdo alcanzado cuando lo consideren oportuno. La concreción de este Derecho competerá a la negociación colectiva o, en su caso, al acuerdo suscrito.  

OBLIGACIONES FORMALES DEL ACUERDO DE TRABAJO A DISTANCIA

Deberá realizarse por escrito, cuya formalización deberá preceder al inicio del trabajo a distancia. Asimismo, cualquier modificación deberá hacerse constar por escrito con carácter previo a su aplicación. 

Por otra parte, todos los acuerdos en la materia deberán ser remitidos mediante copia a la representación legal de las personas trabajadoras -si la hubiese- y en todo caso a la oficina de empleo. 

CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO DEL ACUERDO

El Decreto-ley 28/2020 establece, entre otros, los siguientes:

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas necesarias. Se deben incluir los consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o período máximo para la renovación de éstos. 

b) Gastos que pudiera tener la persona trabajadora. Forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizarla. 

c) Horario de trabajo y reglas de disponibilidad.

d) Porcentaje y distribución de ambas modalidades de trabajo -presencial y a distancia- si es que existe el primero. 

e) Centro de trabajo al que está adscrito y dónde desarrollará la jornada presencial de existir. 

f) Lugar de trabajo a distancia elegido por el trabajador. 

h) Medios de control empresarial de la actividad. 

l) Duración del acuerdo de trabajo a distancia. 

LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La negociación colectiva cobra especial importancia en esta materia. El Real Decreto-ley establece una serie de mínimos que podrán ser objeto de modulación mediante el mencionado mecanismo. Asimismo, otras serán completadas mediante la negociación colectiva, tales como: los puestos y funciones susceptibles de ser realizados a través de esta modalidad, duración máxima, jornada mínima presencial, contenidos adicionales o cualquier otra cuestión que se estime oportuna. 

RELACIONES DE TRABAJO A DISTANCIA YA VIGENTES

Las relaciones de trabajo vigentes que estuvieran reguladas por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestación de servicios a distancia mantendrán su vigencia hasta la expiración de los mismos. De no existir un plazo de duración, la norma actual resultará íntegramente de aplicación transcurrido un año desde la publicación (23/09/2020) salvo que expresamente las partes acuerden un plazo superior que en ningún caso podrá superar los 3 años. 

Desde que esta norma sea de aplicación, las partes deberán formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en un plazo de tres meses, al igual que aquellas adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de carácter individual vigentes, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.

Por otra parte, el Decreto-ley no podrá conllevar la compensación, absorción o desaparición de cualquier derecho o condición más beneficiosa que vinieran disfrutando los trabajadores. 

EXCLUSIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA DERIVADO DE LA COVID-19

Al respecto de esta especial regulación, es fundamental precisar que las medidas de contención sanitaria derivadas de la COVID-19 -mientras las mismas se mantengan- les seguirá siendo de aplicación la normativa laboral ordinaria. 

No obstante, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como el mantenimiento que resulte necesario.

OTRAS MEDIDAS LABORAL

PRÓRROGA DEL PLAN MECUIDA

Se prorroga el plan MECUIDA regulado en el art. 6 del Real Decreto-Ley 8/2020 hasta el 31 de enero de 2021.

CONTINGENCIA PROFESIONAL Y SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO

Se considera como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 desde la declaración de la pandemia mundial y hasta que se levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis.

Excepcionalmente, se amplía la consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo los trabajadores como consecuencia del virus COVID-19.

SIMPLIFICACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

EL Real Decreto-Ley contempla en su Disposición final undécima la modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Esta modificación está destinada a agilizar la tramitación y concesión de esta prestación.

FISCAL

El trámite parlamentario del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, concluyó con la derogación del citado instrumento jurídico. El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, incorpora la aprobación nuevamente de la serie de medidas con trascendencia tributaria derogadas en el Real Decreto-ley 7/2020, que son las que a continuación relacionamos:

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO A LAS ENTREGAS, IMPORTACIONES Y ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES NECESARIOS PARA COMBATIR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

La disposición adicional séptima, prevé nuevamente la aplicación del tipo 0% del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

Se prorroga así la aplicación de este tipo 0% al 31 de octubre (el citado precepto dispone que sus efectos se extienden desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo), extendiéndolo además a los productos sanitarios que tengan como destinatario una entidad pública, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, como las organizaciones no lucrativas de acción social, y se actualiza, además,  la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida.

Los empresarios que hayan repercutido o satisfecho IVA por operaciones a las que el Real Decreto-ley 28/2020 aplique el tipo cero y hayan sido realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, efectuarán la rectificación del impuesto conforme al artículo 89 de la Ley 37/1992, del IVA.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas y no queda limitado el derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LA FINAL DE LA “UEFA WOMEN´S CHAMPIONS LEAGUE 2020”.

La Disposición adicional sexta establece un régimen fiscal específico que será de aplicación a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», que se celebrará en Bilbao en agosto de 2020, tanto para la entidad organizadora de la final y de los equipos participantes, como de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes. Asimismo, se establece el régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de la final y también un régimen específico en el IVA.

NOVEDADES EN LA FIRMA ELECTRÓNICA

La disposición final quinta prevé la modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Se prevé la posibilidad de establecer otros medios de identificación a los solicitantes de certificados cualificados, distintos de la presencia física.

LEY 3/2020, DE MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS PARA HACER FRENTE AL COVID-19

CONCURSAL SOCIETARIO

POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL CONVENIO CONCURSAL 

Hasta el 14 de marzo de 2021 (inclusive) se establece la posibilidad de presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en período de cumplimiento. Deberá acompañarse necesariamente:

• Relación de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago y aquellos que, habiendo sido contraídos durante el período de cumplimiento del convenio, no hubieran sido satisfechos.
• Plan de viabilidad.
• Plan de pagos.

La tramitación seguirá las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario -exigiéndose también las mismas mayorías-. No obstante, se exige que esta sea escrita, independientemente del número de acreedores.

Salvo que voten a favor, o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación, esta no podrá afectar a los créditos devengados o contraídos durante el período de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él una vez aprobado.

APLAZAMIENTO DEL DEBER DE SOLICITAR LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIÓN

Hasta el 14 de marzo de 2021 (inclusive) el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa pese a conocer la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal. Dicha previsión está supeditada a que el deudor presente la propuesta de modificación del convenio a la que hemos hecho referencia anteriormente. 

ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN

Se podrá modificar el acuerdo de refinanciación homologado que tuviera en vigor, o alcanzar otro nuevo, pese a no haber transcurrido un año de la anterior homologación. (Hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive). 

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DEL CONCURSO DE ACREEDORES

Hasta el 31 de diciembre de 2020 (inclusive) el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Por ende, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de marzo de 2020. 

SUSPENSIÓN DE LA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS

A los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución, relativa a pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, se prevé expresamente que no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020. 

TRAMITACIÓN PREFERENTE DE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

En el orden civil: Se incluye la tramitación preferente de procedimientos concursales de deudores personas naturales que sean empresarios.

CREACIÓN DE UNIDADES JUDICIALES Y REGLA REBUS SIC STANTIBUS

En el plazo de 3 años se crearán 100 unidades judiciales (al menos 1/3 el primer año) y se estudiará en el plazo de 3 meses la posibilidad de incorporar la regla rebus sic stantibus en el régimen jurídico de obligaciones y contratos.

LABORAL

PROCEDIMIENTO ERTES

Se establece que las demandas presentadas frente a las medidas de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ERTES por causas ETOP) derivadas del COVID 19 deberán tramitarse, cuando afecten a más de 5 trabajadores, a través de la modalidad procesal de conflicto colectivo. Además, como novedad, en los ERTES ETOP, estará igualmente legitimada para promover los citados procedimientos de conflicto colectivo, la comisión representativa prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-19 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo.

TRAMITACIÓN PREFERENTE

En el orden jurisdiccional social, y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, los procedimientos relacionados con normas laborales surgidas durante la pandemia, como despidos, la recuperación de horas prestadas durante el permiso retribuido, la impugnación de ERTEs, la aplicación del plan MECUIDA, las medidas para sustanciar el trabajo a distancia,  las denegaciones de la prestación por cese de actividad en autónomos o la denegación de solicitud de reconocimiento de asistencia sanitaria, tendrán carácter preferente, teniendo incluso los últimos cinco mencionados el carácter de urgencia. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS

Ampliación hasta el 20 de junio de 2021 inclusive de medias como: la celebración de actos procesales preferentemente mediante la presencia telemática; la limitación de acceso del público a todas las actuaciones orales; la dispensa del uso de las togas y el establecimiento de un sistema de atención al público por videoconferencia, vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto.

Se prevé, entre otras medidas, la creación de unidades judiciales para el conocimiento de asuntos derivados del COVID-19 y se establece la posibilidad de que los letrados de la Administración de Justicia puedan, durante el periodo de prácticas, realizar funciones de sustitución o refuerzo.

OTRAS MEDIDAS

DISPONIBILIDAD DE PLANES DE PENSIONES PAR LOS AUTÓNOMOS

A través de modificaciones puntuales de los Reales Decretos-Leyes 11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, se amplía la posibilidad de disponibilidad de planes de pensiones para los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los casos en que, sin cesar en su actividad, hayan tenido una reducción de, al menos, el 75 % en su facturación como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

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Si necesitan ampliar información sobre cualquier punto, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo.

* La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

El BOE del día 5 de agosto publicó el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, de título y contenido esencialmente centrado en las entidades locales y las medidas financieras urgentes que les son de aplicación, pero que, sin embargo, incluía – vía disposiciones adicionales y finales – reformas y modificaciones de especial calado. 

No obstante, en el día de ayer, 10 de septiembre de 2020, el Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del referido Real Decreto-ley al respecto de la cesión del superávit a los Ayuntamientos para la gestión relacionada con el COVID19, lo que supuso que el mismo fue derogado formalmente en su integridad.

La consecuencia principal es que los cambios que introducía el RD-ley 27/2020 a fecha 11 de septiembre de 2020 ya no se encuentran vigentes. Sin embargo, durante el tiempo de vigencia de esta norma, esto es, del 6 de agosto al 10 de septiembre de 2020, sus efectos no cesaron.

En las Disposiciones Adicionales y Finales del referido RD-ley, se regulaban una serie de materias de dispar pero importante alcance, sobre todo al objeto de tomar en consideración su falta de vigencia desde el mismo día de hoy, entre las que podemos destacar las que a continuación exponemos.

PRÓRROGA IVA 0% EN ENTREGA DE MATERIAL SANITARIO COVID A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS DE CARÁCTER SOCIAL

La aplicación del tipo 0% del IVA a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios (y que se articula en factura como si de una exención se tratase), estaba en vigor desde el pasado mes de abril, pero su vigencia temporal hasta el 31 de julio hacía necesario establecer una prórroga para mantener esta medida beneficiosa para favorecer la lucha contra el coronavirus, abaratando al no aplicarse el IVA la adquisición de este tipo de productos.

Con este RD-ley 27/2020 se prorrogaba la aplicación de este tipo 0% al 31 de octubre, extendiéndolo además a los productos sanitarios que tengan como destinatario una entidad pública, clínicas y centros hospitalarios o entidades privadas de carácter social, como las organizaciones no lucrativas de acción social, y se actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta medida.

Disponía el precepto que los empresarios que hayan repercutido o satisfecho IVA por operaciones efectuadas con anterioridad al 5 de agosto a las que el RRD-ley 27/2020 y pudieran haber aplicado el tipo cero, efectuarán la rectificación del impuesto conforme al artículo 89 LIVA.

Se recuerda que estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas y no queda limitado el derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

A la vista de la falta de convalidación del Real Decreto-ley, habrá que advertir su posible aplicación directa como Decisión vinculante de la Comisión Europea, adoptada el 23 de julio para todos los países integrantes de la Unión, pero sólo a efectos de importación. Para la compra de elementos sanitarios COVID -19, salvo que se vuelvan a activar dichas medidas fiscales, a partir de hoy, pasarán a tributar al tipo general del 21 por 100.

BENEFICIOS "UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2020”

La Disposición adicional tercera del RD-ley 27/2020 establece un régimen fiscal específico que será de aplicación a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», que se celebrará en Bilbao en agosto de 2020, tanto para la entidad organizadora de la final y de los equipos participantes, como de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes. Asimismo, se establece el régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de la final y también un régimen específico en el IVA.

EXENCIÓN AJD DE ESCRITURAS DE FORMALIZACIÓN DE MORATORIAS HIPOTECARIAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO Y PARA EL SECTRO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS Y DISCRECIONAL DE VIAJEROS EN AUTOBUS

En la disposición final segunda del RD-ley 27/2020, se modifica el número 30 del artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) para declarar exentas de la modalidad de AJD, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación: a) de la moratoria hipotecaria para el sector turístico (artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo), y b) de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús (artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda).

BONIFICACIÓN DE ARANCELES NOTARIALES Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Según la disposición adicional quinta RD-ley 27/2020 los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación de un préstamo, leasing o renting que incluyan la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús, se bonificarán en un 50%. Esta bonificación será efectiva respecto del otorgamiento de escritura, así como en relación con la práctica de la inscripción.

MODIFICACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO POR AISLAMIENTO

La disposición final 10 modifica el artículo 5 del RD-ley 6/2020, de 10 de marzo que regula la situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. 

Así, se establecen los extremos que deberán acreditar los trabajadores por cuenta ajena que deseen obtener un certificado para poder desplazarse a su centro de trabajo cuando residan en distinto municipio al del centro de trabajo y presten servicios de actividades no afectadas por el RD 463/2020, de 12 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Igualmente se prevé la expedición de un parte de baja para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que tengan restringido el acceso al municipio donde se ubica su centro de trabajo, siempre que les impidiese totalmente la realización de su actividad, que tendría efectos desde la fecha de inicio de la restricción y duraría hasta la fecha de finalización de la misma, no pudiendo, en ningún caso, durar más allá de la fecha de finalización del estado de alarma.

El pasado 6 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, con entrada en vigor el día 7, y donde se aprueban una serie de medidas, principalmente de carácter económico, para reducir los impactos negativos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 e impulsar la reactivación económica tras la finalización del estado de alarma. 

En concreto, destaca la creación de una moratoria hipotecaria para el sector turístico, la ampliación de la línea de créditos del ICO, la posibilidad de entrada de capital público en empresas no financieras de carácter estratégico, el apoyo a la internacionalización de empresas con garantías públicas y fondo de inversiones para exportaciones, o el Plan RENOVE en el sector del automóvil.

1. LÍNEA DE AVALES

Se aprueba una nueva línea de avales a la financiación concedida a empresas y autónomos para atender, principalmente, a necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas inversiones, cuyos requisitos y condiciones serán determinados por acuerdo del Consejo de Ministros.

Así, el objetivo de esta línea de avales es garantizar el endeudamiento financiero asumido por empresas y autónomos, en relación con sus necesidades de circulante y liquidez, con la finalidad de paliar los efectos adversos derivados de una crisis de liquidez del tejido empresarial que traen causa del COVID-19.

Esta nueva línea de avales será también canalizada a través del ICO, y los avales podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2020 por un importe máximo de 40.000 millones de euros.

Las características específicas de la línea de avales, los porcentajes de cobertura y su distribución por tramos se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. En todo caso, se ha adelantado que está previsto replicar el modo de aprobación y gestión de la anterior línea de avales, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo.

2. FONDO DE APOYO A LAS SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS

Se crea un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital a empresas no financieras que atraviesen dificultades de carácter temporal consecuencia de la crisis sanitaria y sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.

Entre los motivos que justifican esta consideración como empresas estratégicas, el RDl 25/2020 señala, ente otros, su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

3. SECTOR TURÍSTICO

Moratoria Turística: Se establece una moratoria de hasta 12 meses en el pago del principal de los préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles situados en territorio nacional y afectos a una actividad turística que estuvieran suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma, para autónomos y personas jurídicas con domicilio social en España, que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• (i) el beneficiario sea una persona física o jurídica que no estuviera en concurso de acreedores antes de la declaración del estado de alarma y que experimente dificultades financieras como consecuencia de la crisis sanitaria; y 
• (ii) el préstamo no se haya podido acoger a otras moratorias legales, sectoriales o voluntarias que alcancen conjuntamente doce meses. En caso de que el préstamo haya sido objeto de alguna de estas moratorias por un plazo inferior a doce meses, el deudor podrá beneficiarse de la Moratoria Turística durante el tiempo restante hasta alcanzar un máximo de doce meses. Además, en el caso de haberse acordado una moratoria voluntaria entre el deudor y el acreedor, el deudor podrá renunciar a la misma para beneficiarse de la Moratoria Turística.

Se entenderá como actividad turística la incluida en alguno de los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE): 5510 (Hoteles y alojamientos similares), 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia) y 7911 (Actividades de agencias de viajes). Por otra parte, se considera que existen dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria cuando los deudores hipotecarios hayan sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de, al menos, un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019. La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique.

Entre otros efectos de la moratoria, durante el período en que esté en vigor se abonarán solo los intereses de la deuda hipotecaria, es decir, sin amortización del capital del préstamo.

En caso de que los inmuebles afectos sean objeto de un contrato de arrendamiento, el beneficiario de la moratoria hipotecaria deberá conceder al arrendatario una moratoria en el pago de la renta de arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, salvo previo acuerdo de condonación parcial o total ya adoptado entre las partes.

Como medida adicional, se bonifican los aranceles notariales y del Registro de la Propiedad a los que den lugar las operaciones de documentación de estas moratorias. En concreto, se introduce una exención a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de actos jurídicos documentados (AJD), para las escrituras en las que se formalicen las referidas moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria

Se crea el instrumento denominado «Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos», orientado a prestar apoyo a la inversión en actuaciones de impulso, adecuación y mejora de los destinos turísticos para aumentar su sostenibilidad, a través de la formulación y aprobación de las propuestas de planes de sostenibilidad turística que presenten las entidades locales.

Se establece una línea extraordinaria de financiación para la concesión de apoyo financiero a empresas privadas y trabajadores autónomos del sector turístico afectados por la crisis derivada del COVID-19, en el desarrollo de proyectos de transformación digital e innovación, con el objetivo de consolidar el turismo tras la salida de la crisis sanitaria, relanzar su competitividad y conseguir el reposicionamiento de las empresas en el mercado, regulando de forma detallada los requisitos, criterios y procedimiento para la concesión de las referidas ayudas. 

El presupuesto financiable mínimo será de 50.000 euros, y serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020. Como excepción, para proyectos iniciados antes del 1 de febrero de 2020, se podrán financiar solo las actuaciones necesarias realizadas desde esa fecha para acelerar o ampliar el alcance el proyecto.

En su Disposición adicional cuarta, se establecen medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, mediante la aplicación de bonificaciones a las cuotas empresariales a la Seguridad Social (50%) cuando se genere actividad productiva y, con ella, de ocupación de trabajadores, durante los meses de julio a octubre de 2020. Estas bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social, siempre que el importe resultante de aplicar las exenciones y estas bonificaciones no podrán, en ningún caso, superar el 100% de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar.

4. PLAN RENOVE 2020

Se regulan las ayudas vinculadas al Programa de Renovación del parque circulante español en 2020 (PLAN RENOVE 2020), como incentivo a la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles, que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.

5. OTRAS MEDIDAS: SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE SEPARACIÓN

La Disposición final cuarta modifica en su apartado tres el art.40.8 del RDl 8/2020.

Hasta ahora, este artículo establecía la suspensión del derecho de separación de los socios de las sociedades de capital, aunque concurriese causa legal o estatutaria, hasta que finalizase el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas. Ahora, una vez vencidos estos plazos, el nuevo párrafo del art. 40.8 suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 el derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.

* La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

El 27 de mayor de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 19/2020 por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, que entra en vigor el 28 de mayo.

Se aprueban medidas en el ámbito agrario, para paliar la falta de mano de obra en el sector; medidas económicas en el sector de las telecomunicaciones –para facilitar de nuevo el cambio de operador-, y un régimen especial complementario para los acuerdos de moratoria hipotecaria y de moratoria de préstamos personales; y finalmente se modifican algunas medidas mercantiles y otras tributarias.

Modificaciones mercantiles

El artículo 40.3 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo amplió el plazo de formulación de cuentas anuales, estableciendo que dicho plazo quedaría ampliado por 3 meses desde la finalización del estado de alarma. El RDL publicado hoy modifica por una parte la fecha de referencia a partir de la cual se volverá a contar el plazo de formulación de cuentas anuales, y por otra parte reduce el periodo para la aprobación de estas de 3 a 2 meses. 

Así pues, ha quedado establecido que el día 1 de junio de 2020 comenzará de nuevo el plazo de formulación de cuentas anuales, pero por un periodo de 2 meses, de tal forma que, en aplicación del resto de plazos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, todas las sociedades tendrán como fecha límite para la formulación de cuentas el 31 de agosto de 2020 y el 31 de octubre de 2020 para la aprobación de estas en las correspondientes Juntas de Socios. 

Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades

No se ha modificado el plazo para la presentación del Impuesto sobre Sociedades que seguirá teniendo como límite los 25 días naturales siguientes a los 6 meses del término del periodo impositivo. Para el caso de sociedades domiciliadas en Galicia cuyo periodo impositivo coincida con el año natural la fecha límite sería el 26 de julio.

Sin embargo, dado que existe la posibilidad de que en la fecha límite de presentación de la autoliquidación, el sujeto pasivo no haya aprobado en junta sus cuentas anuales o incluso ni tan siquiera las haya formulado, se permite la presentación del Impuesto en dicha fecha límite usando la información disponible en dicho momento que serán las cuentas auditadas –si es el caso- o las cuentas formuladas  pero no aprobadas e incluso si no han sido formuladas aún, la contabilidad llevada de acuerdo al Código de Comercio.

En el caso de que finalmente las cuentas anuales aprobadas contuviesen una información diferente a la utilizada para la presentación del Impuesto, la entidad podrá presentar una nueva declaración con fecha límite el 30 de noviembre de 2020. Esta nueva autoliquidación tendrá alguna característica especial:

1. Se considerará una autoliquidación complementaria con el correspondiente devengo de intereses de demora a favor de la Administración, en el caso de que de la nueva autoliquidación resulte una cantidad mayor a ingresar o menor a devolver que de la presentada inicialmente.
2. Aun considerándose una autoliquidación rectificativa, no se devengarán los correspondientes de intereses de demora a favor del contribuyente, en el caso de que resulte una cantidad menor a pagar o mayor a devolver que de la presentada inicialmente. 

Mejora en los aplazamientos sin garantías regulados en el RDL 7/2020 

Se incrementa el plazo de exoneración de pago de intereses, para aquellos aplazamientos de deudas tributarias solicitados al amparo de lo dispuesto en el RDL 7/2020 de 13 de marzo, de los 3 primeros meses a los 4 primeros meses desde la solicitud del aplazamiento.

Exención de determinadas escrituras en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Se establece la exención, de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos jurídicos Documentados, de las escrituras de formalización de determinadas moratorias legales y convencionales relacionadas con las medidas para paliar el Covid-19, para facilitar el aplazamiento de deudas.

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